Las personas deben desempeñar cargos públicos y luego volver a sus negocios a vivir bajo las leyes que aprobaron
Mike Curb (1944-?) Político norteamericano
Guacamayas filtró informes de la Sedena en los que ésta advierte que veintinueve alcaldes michoacanos tienen nexos con el crimen organizado. Sedena no ha desmentido la veracidad de dicho informe, por tanto debe darse por oficial.
Ahora, resulta que todo mundo se hace el indignado. Todos en las clases política retan a que se pruebe que esos señalamientos son auténticos. Todos se rasgan las vestiduras descalificándolos. El problema es que todos los «indignados» saben que los alcaldes vinculados con la criminalidad no son 29, sino muchos más. Es claro que ese número es absolutamente corto. Al menos, entre sesenta y setenta ediles michoacanos debieran entrar en esa lista, de acuerdo con los análisis históricos gubernamentales, comentados siempre a trasmano con los medios de comunicación. Esa cifra parece mucho más real.
No es un fenómeno nuevo, claro. Desde los ochenta comenzaron a gestarse los primeros vínculos de grupos delincuenciales con alcaldes sobre todo de la tierra caliente, aunque de manera sorretada, hasta donde cabía «a escondidas».
La creación de cárteles en todo el sentido de la palabra, llevó ya en los noventa a ampliar su radio de acción y al empoderarse sin límite alguno, a imponer autoridades locales. Desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel el problema se generalizó y cundió por todo el estado.
Hoy, se ha llegado al punto de que es materialmente imposible llegar a una alcaldía sin el visto bueno de los líderes regionales de la criminalidad, en la costa, la tierra caliente, el bajío y el oriente, sobre todo.
No se conoce con qué criterio Sedena habría ubicado solo a 29 alcaldes, pero en gobierno federal y estatal se tiene plena consciencia no solo de que el informe militar es real, sino incluso acotado en función de la realidad. Pero que todo mundo se haga el digno y se ofenda por lo difundido por Guacamayas, no significa que el problema no exista; en todo caso, y como siempre sucede, preferimos todos volver la mirada a otro lado y hacer como que no pasa nada.
¡Pruebas, pruebas!, exigen los políticos que salen en supuesta defensa de los alcaldes señalados. ¿En verdad quieren pruebas? Sería escupir para arriba. En teoría, el más eficaz sistema de inteligencia es el militar, y si la Sedena no ha desmentido la filtración, debe darse por sentada su autenticidad.
En esa lógica, en lugar de hacernos los indignados con esos informes, mejor sería poner manos a la obra para encarar ese gravísimo fenómeno de municipios sometidos por la criminalidad. Cierto, por ahora, predominan los abrazos y no balazos, lo que alienta el control de los cárteles. Sin una decisión del más alto nivel político, no se ve por donde pueda revertirse. Y mientras, a la pesadilla todavía le quedan 683 días.
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