El político recto nada se arriesga en el camino y tiene poco que temer en el término
Benito L. Feijoo (1676-1764) Religioso español
Por diferentes vías, el presidente López Obrador ha comenzado a hacer sonar, ahora sí seriamente, los tambores de guerra en contra de los órganos electorales. El 24 se acerca y él echará toda la carne al asador para ir en pos de la joya de la corona: el INE y el Trife.
Esta semana metió el acelerador a fondo. Primero, anunció que luego del 10 de abril, día de las absurdas votaciones por la revocación de mandato, enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para cambiar la Constitución y que los consejeros del INE y los magistrados del Trife sean electos “por la ciudadanía”. Luego, demandó ante la Corte al INE por reducir el número de casillas precisamente para el segundo domingo de abril. Y no directamente contra el instituto, pero sí contra el actual esquema de composición del poder legislativo, dio a conocer que propondrá la desaparición de las diputaciones plurinominales.
No es nuevo. Desde el inicio de su gobierno, López Obrador se propuso demoler todo vestigio de los organismos autónomos, y si no podía eliminarlos del organigrama, sí meterles caballos de troya para que sus enviados los coparan y así volverlos entidades dobladas al Ejecutivo. Así avanzó con la propia Corte, así lo hizo con el Banco de México y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En otros usó otra estrategia, como en la Comisión Federal de Competencia Económica, donde simplemente no envío al Senado propuestas para ocupar los escaños vacíos y así, en los hechos, la Cofece ni siquiera ha podido sesionar. Ni hablar de las dos cámaras legislativas: son sendos apéndices de Palacio Nacional.
Pero siendo todos ellos relevantes, la obsesión principal de López Obrador siempre han sido los órganos electorales, porque sabe que los requiere sumisos para el 24, a fin de garantizar la parcialidad necesaria para asegurarse el triunfo de Morena. Y ahora sí inició la embestida final contra el INE y el Trife.
Estudiosos jurídicos y análisis políticos consideran inviable que cualquiera de las dos medidas descritas pueda trascender: La relacionada con que consejeros y magistrados electorales sean elegidos por la ciudadanía, porque en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes y la oposición no permitirá una medida tan descabellada. Y su queja por el número de casillas que instalará el INE para la revocación de mandato, porque ello fue resultado anunciado con toda anticipación, del recorte presupuestal autorizado al árbitro electoral para el referido ejercicio de abril.
Cierto, en teoría, sí son descabelladas ambas intentonas y en efecto el presidente no tiene ni los votos en San Lázaro, ni suena lógico que la Corte avale su queja contra el INE. Empero, nadie puede asegurar que López Obrador vaya a recibir palo en ambos casos, por más absurdos que sean: la bancada priísta no es para nada confiable y sin mayor problema puede respaldar a Morena a la hora buena, a cambio, como siempre, de vender su voto. Y de los ministros de la Corte todo puede esperarse ya. Su autonomía es entrecomillada y si López Obrador se lo propone, puede empujarlos a sancionar al INE acaso con la misma destitución de sus consejeros, por más demencial que parezca por ahora. De diputados y ministros, todo, todo puede esperarse. Si no, al tiempo.
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