Luchar contra la corrupción, no es solo buen gobierno. Es autodefensa, es patriotismo
Joe Biden (1942-?) Presidente de Estados Unidos
Los diputados locales harían bien en prepararse con toda eficacia para una batalla jurídica que, todo apunta, lo más probable es que pierdan. Esta semana votarán un punto de acuerdo de la bancada de Morena, para cesar al auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. El motivo: un supuesto y discutible desacato, al no haber entregado información requerida por la Junta de Coordinación Política. Lo hizo, sí, a los integrantes de la Comisión Inspectora, porque así lo establece la ley.
La Constitución local contempla que el auditor solo podrá ser cesado ante “faltas graves” que haya cometido, para lo cual primero deberán instaurarle un juicio político. He ahí el doble problema: por una parte, parece endeble el argumento que esgrimirán los diputados, en el sentido de que la “falta grave” la constituyó el desacatar una instrucción de la Jucopo, que le requería determinada información. Él se acogió al fundamento legal que establece que a quienes debe entregar todo tipo de información es a los integrantes de la Comisión Inspectora, y éstos a su vez, en todo caso, remitirla a la Junta. Pero además del endeble argumento del desacato, es prácticamente un hecho que los diputados no le abrirán un juicio político, sino que votarán su destitución ante un simple punto de acuerdo que presentará la bancada de Morena.
En realidad, los diputados y el propio auditor saben que si éste se ampara, como ha anunciado que hará, con la mano en la cintura ganará la querella en el Poder Judicial Federal, tanto porque nunca podrá considerarse una “falta grave” haberle entregado el informe requerido a la Comisión Inspectora y no a la Junta, como porque cesarlo sin juicio político previo, como marca la ley, anula la aplicación de cualquier determinación que en ese sentido tomen los legisladores.
¿Y entonces, como para qué “destituirlo”, si el Poder Judicial Federal terminará restituyéndolo? Parecería un ejercicio y un desgaste innecesario, y más, si se corrobora la especie que circula en los cubículos de los diputados, respecto de que su voto a favor de la propuesta morenista les significará dos millones de pesos extras a cada uno, independientemente del desenlace que tenga ese voto cuando la querella a un juez federal.
En realidad, parece evidente que lo que se busca es aumentar el nivel de amedrentamiento de la 4T hacia el auditor. Desde el inicio de la administración lo tiene en la mira. El objetivo, obvio, es removerlo para que a su vez Morena tenga su propio auditor carnal. Se ha topado con pared hasta ahora tanto por el escudo legal que le protege, como porque no le alcanza el número de votos que tiene en el Congreso. Pero Morena ha decidido que ninguno de esos factores le impida subir el tono de la presión hacia Aguirre. Aunque luego gane en tribunales, el auditor entenderá que a partir de ahora será a matar o morir la lucha que contra él ha emprendido la 4T, y que no le soltará hasta verlo caer para colocar en su lugar a un fiscal morenista. Suenan tambores de guerra en el Congreso.
Y a la pesadilla, ya solo le quedan 595 días. twitter@jaimelopezmtz
