Los personajes universales, perfectamente conscientes de su inutilidad, son necesarios para calmar la conciencia colectiva
Alfonso Guerra
Ante la polémica desatada por la posible llegada de Uber a Morelia, que entre paréntesis jamás se ha confirmado que fuese algo más allá de un rumor, ha resurgido con fuerza, esa sí fundada, la necesidad de revisar el marco legal del transporte público en Michoacán.
Particularmente el caso de los taxis, me parece que es impostergable el momento de repensar su operación legal, a fin de que sea lo más justa para todo mundo.
De entrada, habrá que advertir que el gobierno en quien debe pensar al hablar del transporte público, es en el usuario, es decir, en la sociedad, no en el gremio laboral. Ese es un tema fundamental, porque resulta que a base de presión y chantaje, el gremio de transportistas ha logrado modificar el nivel de prioridades del gobierno, y así, éste debe pensar antes que nada en dicho sector, en sus necesidades, en sus beneficios, cuando la atención debiera enfocarse en el usuario.
Eso explica por qué las medidas y las políticas gubernamentales siempre van orientadas a proteger al sector de transportistas, nunca a la sociedad. Más aún, dichas medidas no pocas ocasiones atentan contra los intereses del usuario, pero como éste jamás protesta ni está organizado, regularmente no importa para el gobierno.
Claramente, el sistema de concesiones del servicio público en Michoacán es ya obsoleto, genera corrupción y pésimo servicio. El paso obligado que hoy debiera darse, es cancelar esa figura y que se abra al libre juego de la oferta y demanda.
En ese tenor, para operar un taxi no debiera exigirse una concesión por el gobierno. Sí en cambio, éste debiera imponer tal drasticidad para autorizar su funcionamiento, que el servicio mejorara notablemente y fuera en beneficio del usuario. Como en cualquier otro giro, debiera haber el número de taxis que el mercado demandara, para lo cual todo aquel que quisiera, pudiera dedicarse a ese trabajo. El gobierno debe reducir su injerencia en el tema, sólo a exigir vehículos de modelo reciente, obviamente en perfectas condiciones mecánicas y de seguridad y a un padrón confiable de quienes podrán conducir esas unidades, que no sólo cuenten con licencia y habilidades para ello, sino que pasen controles de confianza que incluyan que la autoridad siempre los esté monitoreando en tiempo real y a través de video.
Si cien, o cien mil ciudadanos quieren dedicarse al oficio y reúnen esos requisitos, que lo hagan, sin la corruptiva concesión de por medio, sólo una autorización gubernamental porque cumplen con el perfil. A fin de cuentas, y como todo en el libre mercado, la oferta se ajustará a la demanda real, ni un vehículo más, ni uno menos. Sobrevivirán los que tengan que hacerlo, pero por efectos reales, no por decreto gubernamental.
Con ello, ganaría el que debe ganar, el usuario, al tener la garantía de un servicio eficiente en todos sentidos, pero sobre todo en el más delicado: en el de seguridad, porque tendría la certeza de que se sube a un automóvil monitoreado por la Policía, conducido por alguien que pasó exámenes de control y confianza, y que no se arriesgará a un asalto o a cualquier otro delito cada vez que se sube a un taxi, como sucede hoy.
Esa sería modernidad y eficiencia en todos sentidos en el servicio de taxis. ¿Se atreverá el gobierno a tanto? Veremos.
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