Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal
Enrique Tierno Galván (1918-1986). Político español
Desde desinformado hasta “mala leche” me etiquetan algunos lectores, radioescuchas o televidentes, por reiterar mi posición original en el “caso Uber”: no puede restringírsele el ingreso al mercado moreliano, sólo porque el gremio de taxistas concesionados no lo aceptan como competencia.
Nadie pretende que se afecte a los taxistas morelianos, porque en ellos está el que Uber no signifique un peligro: con un servicio de taxis eficiente, Uber no tendría nada que hacer en esta capital. El ejemplo más claro es Tokyo, la capital japonesa, donde Uber tuvo que salir, no porque hubiera una ley que le impedía operar ni porque los taxistas nipones lo echaran fuera por la fuerza, sino porque el servicio de éstos últimos es tan eficiente en todos sentidos, que los usuarios simple y sencillamente no aceptaron al “intruso” y éste tuvo que arriar banderas. Es decir, operó el mercado, la ley de la oferta y la demanda, pues.
Y en Morelia debe prevalecer eso mismo: si el servicio de taxis fuera razonablemente eficiente, los concesionarios y choferes no tendrían ningún temor a la competencia de Uber. Pero la mayoría de ellos sabe que no está en condiciones de ponerse a la par de Uber y, a final de cuentas, el usuario debe decidir por cuál opción se decanta. Más aún, me parece que hay espacio para ambos conceptos de transporte en esta capital.
Lo que no puede ser aceptable, es que no se entienda que la competencia es necesaria, porque obliga a todos a mejorar y, sobre todo, porque le da al usuario un abanico más amplio de posibilidades de elección. O planteado de otra manera: ¿Por qué como usuarios tenemos que sujetarnos sólo a la opción del taxi regular y privarnos de otra alternativa? Es nuestra libertad de elección.
Desde luego, Uber y taxistas regulares, y quien más quiera entrar a jugar al mercado, deben pasar no por el filtro de una inútil concesión, sino de un riguroso permiso gubernamental orientado a garantizar la seguridad del usuario. El gobierno, a través de Cocotra o Seguridad Pública misma, debe implementar un esquema tecnológico de supervisión y control las 24 horas de todas las unidades que presten el servicio, privadas o públicas, vía cámaras de video en todas ellas, conectadas a una central donde se conozca, vehículo por vehículo, conductor por conductor, sus movimientos, sus rutas, sus destinos. Eso dará seguridad a éstos, a los choferes, y desde luego también a los usuarios. Vehículo de Uber o de taxi que viole ese reglamento, va para afuera sin miramientos.
Tecnológica y financieramente es viable el sistema. Es cosa de decisión. A ello debiera avocarse la ineficaz Cocotra, no a hacer de palera de las organizaciones de taxistas y a amagar con detener a los vehículos de Uber, desconociendo que hay criterios de la Corte referentes a la libertad que tiene esta y cualquier empresa privada, de dar un servicio entre particulares. Veremos.
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