Oponerse a la corrupción en el gobierno, es la obligación más importante del patriotismo
G.Edward Griffin (1931-?) Cineasta norteamericano
Un párvulo vislumbra que el esperpento que aprobaron las cámaras de diputados y de senadores, pomposamente denominado Ley de Austeridad Republicana, y que prohíbe a los ex servidores públicos de primer nivel contratarse con el sector privado durante los siguiente diez años al momento en que dejaron el cargo, es anticonstitucional, violatoria del más elemental principio de derechos humanos, a más de ridícula.
Luego entonces, no pareciera explicarse la facilidad con la que el presidente López Obrador envía la iniciativa y los legisladores la aprueban sin mayor complicación, porque sin duda la mayor parte de ellos están conscientes de la barbaridad lopez obradorista que avalaron.
El gobierno, el estado en su conjunto, puede prohibirle a alguien que trabaje en el servicio público, si no cumple determinados requisitos, pero no puede impedirle a nadie laborar en el sector privado. Hacerlo trasciende la esfera de atribuciones gubernamentales y por tanto dicha ley es inconstitucional.
Se argumenta que es para reducir el riesgo de un conflicto de interés, porque se parte de la muy discutible premisa de que el funcionario tuvo acceso a información de tal relevancia, que ponerla en manos luego del sector privado puede ser peligroso.
Se trata de una leyenda urbana: por ejemplo, José Antonio Meade, secretario de Hacienda en el gobierno peñista, hoy con asientos en consejos de administración de firmas bancarias, ¿en qué puede influir a favor de éstas con la información adquirida a su paso por Hacienda? Claramente en muy poco, por no decir que en nada.
Lo único que propiciará esa ley, si entra en vigor porque nadie la impugne, será alimentar la corrupción entre servidores públicos, que sabrán que al dejar el cargo estarán impedidos de laborar en ninguna otra parte que no sea gobierno, por la friolera de diez años, y tratarán de asegurarse su década sabática con un buen dinero. En teoría, dicha ley pretende combatir la corrupción. En realidad, la alentará.
Lo que es un hecho, es que la ley es fácilmente impugnable y la Corte, con todo y lo lopez obradorista que está perfilándose, tendría que echarla abajo, si es que hay, claro, una demanda de amparo en ese sentido. Es deseable que así sea para ponerle un freno a la demencial inercia de ir haciendo leyes aberrantes, sólo por venganzas de tipo político de la 4T.
twitter@jaimelopezmtz jaimelopezmartinez@hotmail.com
