No hay democracia sin determinación
Julio Anguita (1941-?) Político español
Alfonso Martínez regresó este martes 688 mil pesos que por ley le había asignado el Instituto Electoral de Michoacán para sus actividades proselitistas en busca de la reelección para la alcaldía moreliana. Su argumento me parece razonable: es una manera de protestar por el desequilibrio que existe entre las prerrogativas destinadas a los candidatos de partidos y a los independientes.
Si el criterio para asignar recursos públicos a los partidos y a sus candidatos, está basado en el nivel de votos que alcanzaron en la elección inmediata anterior, lo que suena sensato, no parece en cambio lógico que dicho criterio no aplique para todos los candidatos, porque deja fuera a los independientes: por ejemplo, Martínez recibió más votos que nadie en la elección municipal de 2015, tan es así que ganó la alcaldía, pero con él no aplica el criterio en cuestión, porque ahora recibe menos recursos que cualquier candidato de partido.
Si se siguiera la lógica de asignar prerrogativas en función de la votación anterior, él hubiera recibido más que sus opositores. En cambio, el IEM lo mandó a la cola porque así está en la ley, lo que evidencia que ésta está diseñada para favorecer al sistema de partidos, y que trata de hacer hasta lo impensable y lo ilógico para reducir a su mínima expresión a los candidatos independientes.
Lo mismo pasa con los tiempos oficiales para spot en radio y televisión: en general se aplica la misma fórmula que en el caso del dinero para actividades electorales, pero igual en los hechos hay una grave inconsistencia, dado que en esa lógica Martínez debiera estar a la cabeza en la asignación de tiempos oficiales, justo por haber obtenido más votos que nadie en 2015, pero resulta que es precisamente al contrario.
Por eso, a manera de protesta, Martínez Alcázar prefiere devolver el dinero y asegura que con recursos propios y aportaciones de simpatizantes, proyecta recaudar el monto que la ley permite para la elección municipal, alrededor de tres millones de pesos.
Es válido su argumento, porque ciertamente no parece justo el criterio legal vigente para determinar montos de prerrogativas. Claramente, hay un ninguneo intencional hacia los candidatos de partidos, que es deseable se revierta. No sé qué tanto presione a los legisladores la actitud del alcalde con licencia de Morelia, lo más probable es que nada, pero al menos hay un dejo de sensatez en la actitud. Veremos.
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