Los dictadores pueden reformar las leyes, pero no las costumbres
Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español
Silvano Aureoles comienza a preparar el terreno para cerrar su administración lo más blindada que sea posible y al mismo tiempo con medidas de alto impacto en términos mediáticos y políticos.
En busca de ello, tiene la idea de incentivar la obra pública este año y la parte del siguiente que aún estará al frente del gobierno, saldar la mayor parte de la brutal deuda que heredó con contratistas y prestadores de servicios y, en lo meramente político, tejer una alianza de su partido con los panistas y priistas, para hacerle frente común a la 4T.
Sería deseable que Aureoles incluyera entre esos buenos propósitos de inicio de año y paralelamente de fin de gobierno, el cierre de las escuelas normales del estado, o al menos de las que se han convertido en un cáncer, como Tiripetío, Cherán y Arteaga.
La medida sería por supuesto polémica y criticada pero sólo por los reducidos grupos sociales que se benefician con la existencia de esos planteles, porque en general recibiría el aplauso de la sociedad michoacana.
Las escuelas normales se han convertido en un auténtico centro formador de delincuentes y terroristas, y para nada se les extrañaría, todo lo contrario, primero porque estudios del gabinete educativo advierten que está excedida la plantilla de maestros en la entidad, de suerte tal que si por unos cinco años no egresa nadie más no se resentiría de ninguna forma; segundo porque se reduciría de manera notable la acción delincuencial de sus integrantes, como el secuestro y asalto de vehículos y el cierre de carreteras, y tercero, porque significaría un enorme ahorro de recursos presupuestarios, hoy día destinados al bote de la basura, es decir, al funcionamiento de esas escuelas.
Visto con toda objetividad, no es fácil encontrar un solo elemento válido para justificar la permanencia de las normales y sí, en cambio, muchos para demandar su desaparición.
Es deseable que Aureoles considere el tema; cierto, la operación de casi todas las normales del estado corre por cuenta de la Federación, pero el gobernador bien puede cabildear su cierre con argumentos sólidos en la mano. Al menos, que por intentarlo no quedara. Menudo legado dejaría a los michoacanos. Veremos.
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