Modificaciones en 2019 no fueron sustanciales y Michoacán continúa sin una institución fiscalizadora “sólida, profesionalizada y ágil”
El presidente en Morelia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Abelardo Pérez Estrada, criticó la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas en la entidad, ya que aseguró las modificaciones realizadas en 2019, no fueron sustanciales y Michoacán continúa sin una institución fiscalizadora “sólida, profesionalizada y ágil”.
El líder empresarial moreliano, lamentó que la debilidad de la citada institución, ha traído como consecuencia retrasos en la revisión de cuentas públicas y la contratación de personal no capacitado para ejecutar dichas fiscalizaciones.
“A esto se suma el excesivo presupuesto que recibe sin dar resultados puntuales a cambio por lo que demandamos transparencia en el manejo de los recursos públicos, la ciudadanía requiere una institución fiscalizadora, sólida, profesionalizada y ágil, en el ánimo de garantizar imparcialidad y objetividad en el actuar de la dependencia lo que es una demanda constante de nosotros los ciudadanos”, indicó.
Demandó la revisión obligatoria de todas las cuentas públicas, por oficio, sanciones más severas al auditor y su equipo por la acción tardía en la entrega de resultados.
La CANACINTRA demandó agilizar revisiones en las cuentas públicas, que dé como resultado un combate a la corrupción con medios eficaces de fiscalización y sanción.
Y es que aseguró, derivado de la falta de resultados en tiempo y forma por parte de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), hoy se tienen cuentas públicas que tardan más de 6 años en ser fiscalizadas, por lo que, los posibles delitos proscriben dejando en la impunidad las posibles irregularidades cometidas, lo que afecta directamente en la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos.
Pérez Estrada, afirmó que al seno de la Iniciativa Privada (IP) este tipo de sucesos, no se presentan, derivado que si un despacho de auditoría retrasa la revisión simplemente lo dan de baja.
Aseveró que los nuevos recursos en materia de transparencia, hoy permiten que los ciudadanos puedan solicitar información acerca del manejo de los recursos y en su caso recurrir a tribunales, por lo que propuso, la creación de mecanismos para que despachos de contadores y auditores trabajen pro bono en la revisión de las cuentas públicas, remunerando solo la efectividad de su labor, en caso de que logren encontrar alguna anomalía o irregularidad.
El líder industrial anheló que se multipliquen los procedimientos de fiscalización sobre el manejo del dinero público, generación de trabajo a despachos afectados por esta desaceleración económica, para disuadir las malas prácticas en el uso de recursos públicos y con ello agilizar la rendición de cuentas y el aumento de la confianza del ciudadano.
