No obstante, Yarabí Ávila dejó abierta la puerta de posible gestión de recursos extraordinarios con la Federación y gobierno estatal para ese fin
No podrán ser pagados en al menos este último año del rectorado actual los 170 millones de pesos correspondientes a los bonos denominados pago de marcha y seguro de vida que corresponden a los deudos de profesores nicolaitas fallecidos de la Universidad Michoacana. La rectora Yarabí Ávila González volvió a dejar en claro que las características del presupuesto fijo marcadas en la Constitución impiden destinar ese recurso ordinario como no sea a gasto social, es decir, pago de nómina, y gastos operativos de la institución.
No obstante, si bien enfatizó lo anterior, dejó abierta la puerta para posible logro de recursos extraordinarios a gestionar con la Federación y con gobierno estatal para ese fin. Y es que los deudos de los académicos del SPUM que fallecieron de 2018 a la fecha y a quienes se les dejó de cubrir ambas prestaciones reclaman a Ávila González el pago inmediato, pero la jefa nicolaita ha dicho no tener ni disponer de ese recurso para poder hacer esos pagos, pues ese desvío tendría consecuencias legales en las auditorias que se aplican y las observaciones al ejercicio del presupuesto ordinario.
Por lo que lo único que podría hacerse es gestionar recursos extraordinarios para poder solventar esos pagos.
Ávila González desestimó los reclamos que al respecto hacen los inconformes referente a por qué sí se destina recurso a las casas del estudiante o a la obra de la alberca que se está construyendo al interior de Ciudad Universitaria, y dijo que las partidas son diferentes y no se puede tomar dinero de unas para solventar otras. Además sin tener que dar explicaciones justificó que las casas del estudiante están destinadas a quienes son la razón de ser de la UMSNH que son justamente los alumnos, y enfrentan muchas necesidades, y en este caso para los jóvenes que son de fuera y no tienen recursos para poder pagar su estancia aquí.
Por su parte, el tesorero universitario Eduardo Enrique Román García precisó que de esa deuda de 170 millones de pesos corresponde el pago de esas prestaciones que están demandando los deudos, dependiendo del número de beneficiarios que el profesor fallecido haya dejado en su testamento.
