En el marco del Día Mundial Contra la Trata, la UDIR UNAM comparte una serie de reflexiones que ayudan a sensibilizar y crear conciencia sobre el peligro de la trata y el tráfico de personas dentro de la migración
La trata de personas en un delito que afecta a personas de todas las edades, quienes son sometidos, en contra de su voluntad, a trabajos forzados de toda índole como servidumbre doméstica, mendicidad infantil, explotación sexual o extracción de órganos, según la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lamentablemente, este delito se ha convertido en un riesgo cada vez mayor para las personas migrantes, de acuerdo con especialistas de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales (UDIR) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Campus Morelia, en el marco del Día Mundial contra la Trata.
Si bien, la migración, como hecho social, no debería estar relacionado directamente con la trata en un mundo donde el derecho humano a la libre movilidad se respetara, la violencia en nuestra sociedad hace que los procesos migratorios conlleven riesgos por cuanto algunos actores delincuenciales encuentran en ello un mercado, situación que deja en estado de vulnerabilidad a quienes migran.
Para comprender un poco la problemática es necesario aclarar que la trata y el tráfico son situaciones diferentes y ambos son delitos tipificados. Según las fuentes oficiales, la trata “se define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras fuerzas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación», esto de acuerdo con el portal https://programamesocaribe.iom.int/es/ejes-tematicos/trata-y-trafico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
A decir del mismo organismo internacional, el tráfico ilícito de migrantes ocurre «cuando se traslada a personas con engaños y sin conocimiento real de la actividad que se va a realizar a un Estado de la cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material».
Mientras la trata puede afectar a toda persona en la sociedad, aunque no se cruce una frontera internacional, se convierte en un tema de desplazamiento forzado una vez que se cruza dicha frontera. En los marcos internacionales, hay una diferenciación entre migración y refugio (desplazamiento forzado) y eso es importante también para comprender el vínculo con la trata, según explican especialistas en ciencias sociales y humanidades de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales.
Para el caso del estado michoacano, no se pueden comparar las cifras de migración con las de trata. En principio, porque en Michoacán la migración es sumamente diversa: hay migración en tránsito, en retorno, interna, procesos de asentamiento y residencia permanente, entre muchas otras. Segundo, porque existe una gran cantidad de subregistro por falta de denuncias de las víctimas cuando han sido afectadas por este delito.
En México, las instancias tanto nacionales como los organismos internacionales como es el caso de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se han encargado de documentar, trabajar y erradicar el tema de trata de personas de manera comprometida. Sin embargo, es muy complejo debido a la dificultad, en ocasiones, de que las víctimas puedan denunciar sin temor a revictimización y otros efectos. Además, las vías legales cada vez son más reducidas por parte de los estados para migrar por canales seguros o incluso para quedarse en sus lugares de residencia (un problema de desigualdades estructurales) impide llevar a cabo medidas eficaces que protejan a las personas.
También existen marcos legales e institucionales a distintos niveles, en el ámbito internacional se encuentra principalmente el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocido como “Protocolo de Palermo”, ratificado por México en 2003.
En el nacional, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (Ley General), la cual entró en vigor en 2012, se definen los tipos penales y las obligaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la materia. A pesar de esta normativa vigente, el número de personas víctimas de estos delitos sigue incrementándose alarmantemente.
Desde la academia y en diálogo con las instancias gubernamentales tomadoras de decisiones en el tema; se están haciendo esfuerzos por estudiar la complejidad del problema de trata y cómo afecta a las personas migrantes; para así contribuir a erradicar este tipo de delitos que laceran al libre tránsito al que todas y todos los ciudadanos tienen derecho.
