Todos son de la casa Nicolaita, y participaron en la prolongada y lesiva toma de Ciudad Universitaria en 2016, pero alegan incumplimiento de promesa de negociación del TU
Siete de los nueve estudiantes expulsados de la Universidad Michoacana, todos de la casa del estudiante Nicolaita, por su participación en la toma de 66 días de Ciudad Universitaria en septiembre de 2016, y que fueron encontrados culpables por el Tribunal Universitario, han interpuesto amparo legal en contra de la resolución del dictamen de esta comisión permanente del Consejo Universitario, votada en favor por el Pleno nicolaita hace más de un mes, que les ha dejado fuera definitivamente de la Máxima Casa de Estudios.
El amparo ya se encuentra en curso, así como cuentan con el apoyo de grupos estudiantiles y profesores adheridos a estos movimientos, a pesar del carácter irreversible del fallo.
Pedro Sebastián, uno de los estudiantes afectados con la medida y quien está en proceso de titulación, acusó que ante la petición del rector Medardo Serna González de no movilizarse en las calles sino tratar los asuntos en las mesas que se lleven a cabo entre Rectoría y CUL, no les queda más recurso que la movilización, y más aún cuando el CU no muestra disposición alguna al diálogo y la negociación.
Los dos afectados restantes por la expulsión prefirieron seguir por su propia cuenta el caso.
Los nueve fueron acusados del daño severo que sufrió la institución durante esa prolongada e ilegal toma, y el informante reiteró que las autoridades «faltaron a su ofrecimiento de negociar con los estudiantes», a cambio de que retiraran el amparo colectivo que primeramente habían interpuesto en aquel año contra la determinación del TU.
La movilización del 2016 fue a causa de que demandaban apertura de más espacios de nuevo ingreso, y fue a manera de presión porque la autoridad decidió regresar a la aplicación del examen CENEVAL para nuevo ingreso, lo cual dijo “es ilegal porque contraviene el contrato colectivo de trabajo de los docentes en la UM, obligados a elaborar los exámenes”, al igual que a través de imponer estas restricciones de acceso otorga las acreditaciones a las dependencias de la Casa de Hidalgo.
De acuerdo con Pedro Sebastián se ha dialogado con algunos consejeros «y apoyan que se revise” el procedimiento del consejo Universitario para aprobar su expulsión.
