Así lo detectó la auditoria aplicada por la ASF sobre la cuenta 2022; la institución nicolaita pagó a trabajadores fallecidos
La Auditoría Superior de la Federación examinó el gasto federalizado de las 35 universidades públicas estatales en la segunda fase de las auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2022. En este análisis, la ASF identificó deficiencias e irregularidades en 27 de las 35 universidades públicas estatales (UPES) cuyo monto suma un total de 1,700 millones de pesos. Hasta el momento, 92 por ciento de este monto aún tiene aclaraciones pendientes.
De acuerdo a un análisis del IMCO, centro de investigación en política pública que revisó y desglosó el reporte de la cuenta 2022 de las universidades públicas estatales (UPES) y lo ha hecho público en las últimas horas, las deficiencias en la gestión de los recursos públicos tienen repercusiones directas en el rendimiento de 85 mil docentes y la calidad educativa que estas instituciones pueden ofrecer a más de 1.7 millones de estudiantes matriculados.
Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad analizó los resultados de la ASF para identificar las malas prácticas y el impacto que tienen en la calidad de la educación superior que las UPES ofrecen.
Dice que de entre las cinco principales irregularidades en el ejercicio de los recursos de las universidades públicas estatales, una está en el reporte y reintegración de recursos a la Federación. Las UPES que reciben fondos federales están obligadas a reportar oportunamente sus gastos, además de que un manejo transparente y eficiente de los recursos federales garantiza el cumplimiento legal y la utilización eficaz de los recursos en estas instituciones educativas.
Así dentro de las universidades que han presentado irregulares en su ejercicio del año anterior, en la de Nuevo León, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Autónoma de Sinaloa, se emitieron pagos a trabajadores fallecidos no dados de baja de la nómina. Son alrededor de 280 casos en las tres instituciones. Además, 25 trabajadores en la Universidad de Sinaloa excedieron los sueldos autorizados.
En otro apartado de deficiencias no detectadas, la UMSNH no presentó a la Secretaría de Educación Pública los recibos correspondientes a los gastos realizados con cargo a recursos federalizados por un monto total de 3 mil 700 millones de pesos. La institución nicolaita tampoco proporcionó los informes mensuales establecidos como requisito de la transferencia de recursos a las UPES en el Convenio para el Apoyo Financiero recibido de la SEP y el Gobierno de Michoacán de ese año 2022.
Las UPES, dice IMCO en su análisis, atienden a más de 1.7 millones de estudiantes que se benefician de la formación de 80 mil maestros. La responsabilidad de estas instituciones en la formación de talento no solo es clave para la competitividad del país, sino también en el éxito y desarrollo individual de los jóvenes, observa.
Las 35 universidades públicas estatales del país enfrentan múltiples desafíos en materia administrativa y educativa. Una gestión eficiente de los recursos puede ser clave para superarlos.
La calidad de la educación que ofrecen las UPES puede ayudar a garantizar la competitividad y el desarrollo económico y social de México. Para ello, es necesario que estas instituciones cuenten con las dinámicas, sistemas y recursos necesarios para garantizar el ejercicio correcto de los recursos públicos federales que reciben.
El IMCO Propone que las universidades públicas estatales:
Den seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Para evitar que se repitan las acciones irregulares que afectan el presupuesto, es necesario que las universidades públicas estatales consideren en su planeación anual acciones concretas que atiendan a las recomendaciones que la ASF les dio en esta fase de fiscalización. Asimismo, es necesario que el ente fiscalizador dé seguimiento constante a las acciones emitidas.
Fortalezcan sus sistemas contables y de nómina. A través de mecanismos que consoliden y descentralicen la información de recursos humanos y las bases de datos utilizadas para la dispersión de nómina, debe procurarse que el personal de las UPES no reciba dobles pagos o pagos cuando han sido dados de baja. En este mismo sentido, la aplicación de sistemas digitales para manejar la contabilidad institucional y que se vinculen con las obligaciones legales de las UPES permitiría reducir los riesgos de malversación en estas instituciones.
Garanticen el ejercicio efectivo de los recursos públicos que reciben. Las UPES deben apegarse a las obligaciones legales que han adquirido mediante convenios de financiamiento con lo estados, la SEP y el Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales a través de una plataforma que permita exigir la rendición de cuentas por parte de los alumnos y reduzca la discrecionalidad en la toma de decisiones.
Mejoren sus mecanismos de control interno. Para reducir la frecuencia de las irregularidades en el gasto, el primer paso es establecer controles internos sólidos que supervisen transversalmente las direcciones y unidades de las Universidades. Comprobaciones especializadas en los rubros de nómina, contrataciones, obligaciones fiscales y obligaciones de transparencia, por lo menos, son indispensables para incrementar la efectividad de los recursos dedicados a la educación superior en México.
