Dos docentes perdieron la vida el 24 de marzo de 2026 en la preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas. Ese día un estado entero descubrió que sus escuelas necesitan mucho más que transferencias monetarias y también quedó expuesto lo que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia dejó fuera de su diseño: una escuela capaz de proteger a quienes la habitan.
Cuatro meses atrás, jóvenes que deberían de estar estudiando bachillerato perpetraron el homicidio de Carlos Manzo. En consecuencia, el Plan Michoacán dedicó uno de sus doce ejes a la educación. Desde Mexicanos Primero Michoacán le brindamos seguimiento a ese portafolio de anuncios desde el primer día, porque la escuela es el lugar donde una comunidad decide qué futuro ofrece a sus niñas, niños y jóvenes. En artículos y entrevistas hemos hecho análisis, propuestas y señalamientos sobre las medidas pendientes contra la violencia en escuelas. Desde su publicación advertimos que el Plan requería un componente de salud socioemocional y protocolos de seguridad escolar. Cuatro meses después, aquel 24 de marzo se confirmó la advertencia: en Michoacán persisten escuelas con pocos psicólogos, protocolos de seguridad todavía por probar y una cultura de violencia que llega al aula salieron a la luz ante el país entero.
Un año después del anuncio, la presidenta informó el 4 de noviembre de 2026 un avance global de 67 por ciento. El eje educativo ofrece la comparación más documentable entre promesa y resultado, porque sus metas se anunciaron con números concretos. Se prometieron 30 mil lugares nuevos en educación media superior. El informe contabiliza 10 mil 15, un tercio de la meta. En educación superior la promesa fue de 50 mil lugares. El informe reporta 7 mil, junto con 60 programas académicos. Un 14 por ciento apenas de lo prometido.
Cada cifra encierra rostros. Un lugar nuevo en educación media superior representa a una joven que podrá continuar sus estudios cerca de su hogar, a un muchacho que encontrará un horario y una razón para volver cada mañana a esa comunidad de aprendizaje, a labrar su futuro. Por eso las metas educativas importan más que su peso presupuestal: sostienen la permanencia, mientras que la permanencia sostiene la esperanza. Una diferencia de casi veinte mil lugares entre promesa e informe equivale, en términos humanos, a medio Estadio Morelos lleno de jóvenes esperando su butaca.
La Universidad Nacional Rosario Castellanos merece una mención especial. Se anunciaron cinco unidades, de las cuales operan tres, en Zacapu, Múgica y Zitácuaro, con una inversión de 263 millones de pesos durante 2026 y una matrícula acumulada de 1 mil 807 estudiantes. Tres sedes en funcionamiento representan un logro que merece reconocimiento, pues cada joven en una banca universitaria es una apuesta ganada frente al abandono escolar. Con todo, la distancia respecto de la meta invita a preguntar cuándo llegarán las dos unidades restantes.
La matrícula estatal cuenta una historia aún más preocupante, porque pasó de contar con 1 millón 267 mil 647 alumnos en el ciclo escolar 2023-2024 a 1 millón 240 mil 227 en el ciclo escolar 2025 – 2026, es decir, 27 mil 420 estudiantes menos. La matrícula completa del ciclo escolar 2026 – 2027 permanece pendiente de publicación. La demografía explica una parte del descenso. Aun así, el desplazamiento forzado, los asesinatos, las desapariciones, la migración, el trabajo infantil y el reclutamiento criminal pesan con igual fuerza. Cada uno de los factores señalados merece su propia medición. La Encuesta Intercensal 2025 estima 90 mil 900 personas desplazadas en Michoacán, que se ubica en lo formal en quinto lugar nacional. ¿Cuántas de ellas tienen edad escolar?
El objetivo educativo del Plan Michoacán contiene 46 líneas de acción. De ellas, 24 esperan evidencia pública localizable. El Pacto por la Educación en Michoacán, ofrecido entre autoridades, sociedad civil y comunidades educativas en el Programa Sectorial de Educación sigue pendiente de instalación. Las mesas de gobernanza municipales, que Clara Luz Flores, enviada del gobierno federal vino a prometer se instalarían en enero de 2026 jamás llegaron. Ella ya es virtual candidata oficialista para contender por la gubernatura de Nuevo León, mientras que en Michoacán se sigue esperando exista participación social en torno al Plan Michoacán.
Así también, la federalización de la nómina quedó fuera del paquete, de modo que la discusión de fondo sobre el financiamiento educativo permanece abierta. Las 833 escuelas de tiempo completo, con 74 mil alumnos y alimentación nutritiva, aguardan una confirmación verificable de continuidad. Esa palabra importa, porque una comida nutritiva en la escuela puede sostener la asistencia de muchos niños durante todo el ciclo.
El Pacto por la Educación merece atención especial y urgente, porque su diseño reunía a las autoridades, a la sociedad civil y a las comunidades educativas en una misma mesa. Un acuerdo de ese tipo convierte a las madres, los padres y los docentes en copartícipes de la mejora escolar. Cuando el pacto espera, la participación escolar pierde canales institucionales. Las decisiones se concentran en oficinas lejanas de las aulas.
La salud socioemocional es vital: una escuela puede tener muros firmes, techo completo y maestros comprometidos, aunque quede expuesta cuando un adolescente carga con miedo, duelo o enojo que todavía espera a un adulto capaz de escucharlo. Un psicólogo escolar, un trabajador social y un protocolo probado de atención de amenazas funcionan como el sistema inmunológico de la comunidad educativa. La salud mental infantil y adolescente, que el Plan debió contemplar tras años de violencia, espera todavía una ruta pública.
El contexto agrava la urgencia. Entre 2025 y 2026 fueron asesinados 220 menores en el estado, una cifra que debería bastar para declarar emergencia educativa y de protección infantil. Los jóvenes que pueden ganar entre ocho mil y quince mil pesos semanales en una actividad criminal compiten con una beca que pocas veces alcanza una décima parte de ese ingreso. Frente a esa oferta, la escuela necesita ofrecer algo más que un certificado: pertenencia, amistades, orientación, deporte, arte, un adulto que pregunte cómo amaneció cada estudiante.
Las consecuencias de esperar se perciben primero en la niñez y la juventud. Cada ciclo escolar con menos alumnos acerca a una generación al trabajo informal, a la migración o al reclutamiento criminal. La matrícula que perdió 27 mil 420 estudiantes en dos ciclos puede seguir descendiendo mientras el desplazamiento y el abandono esperan respuesta. Tragedias como la de Lázaro Cárdenas pueden repetirse mientras las escuelas esperan psicólogos, protocolos y atención socioemocional, con un costo humano que ya conocemos. Para las comunidades desplazadas de Tierra Caliente, una escuela cercana sería la primera señal de un retorno posible. Para la democracia, la distancia entre la cifra oficial y la experiencia ciudadana erosiona la confianza en las instituciones, lo que alimenta la apatía ciudadana.
La economía estatal también resiente cada ciclo perdido. Un estudiante que concluye el bachillerato e ingresa a una universidad cercana se convierte en un profesional que puede arraigarse en su comunidad. Cuando escuelas, hospitales y universidades llegan tarde, el capital humano busca horizontes en otras ciudades o en otros países. La inversión educativa rinde frutos lentos, por eso exige constancia sexenal y vigilancia ciudadana permanente.
Reconocer los avances forma parte de la rendición de cuentas. Diez mil lugares nuevos en media superior, siete mil en superior, tres sedes universitarias y una atención federal concentrada en Michoacán representan pasos genuinos. Cada paso merece una ruta clara hacia la meta completa, con fechas, responsables y presupuesto a la vista de las familias.
Michoacán puede construir la respuesta con decisiones concretas. Es momento de instalar el Pacto por la Educación en Michoacán y el Consejo Estatal de Participación Escolar mediante convocatoria pública, publicar la matrícula del ciclo 2026 – 2027 por municipio y nivel, reportar con evidencia las 46 líneas de acción y garantizar la continuidad de las escuelas de tiempo completo con alimentación incluida. Se propone además contratar psicólogos y trabajadores sociales escolares con una meta anual pública, expedir protocolos estatales de seguridad escolar y atención de amenazas con capacitación obligatoria y crear un programa de reinserción para estudiantes desplazados, trabajadores o reclutados. Es imprescindible también federalizar la nómina educativa que quedó fuera del paquete del denominado Plan Michoacán, a pesar de ser una promesa presidencial, así como establecer un programa estatal de salud mental infantil y adolescente con financiamiento propio y conformar una mesa permanente con víctimas, comunidades indígenas, jóvenes y docentes, con facultad de emitir recomendaciones cuya respuesta resulte obligatoria.
Es momento de que el gobernador y la Secretaría de Educación del Estado instalen el Pacto antes de que termine este ciclo escolar, publiquen la matrícula pendiente y contraten al personal de salud socioemocional que las escuelas esperan desde hace un año. Así también, deben de comprometerse por escrito respecto a la fecha de cada universidad comprometida.
A docentes, madres y padres de familia, colectivos de búsqueda, empresarias, empresarios, medios y organizaciones civiles los convocamos a dar seguimiento al Plan Michoacán: hay que pedir resultados, leer los datos, visitar las escuelas y acompañar a las maestras y los maestros. Michoacán cuenta con recursos anunciados, atención nacional, talento, organización social y la memoria viva de la violencia. Todavía es posible que el segundo año del Plan sea el de las escuelas con maestros, psicólogos y protocolos probados. Autoridades del gobierno federal y del de Michoacán: cumplan lo prometido.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
