Este 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, impulsado por la ONU desde 2003. En este año, su campaña se centra en el papel que desempeña la juventud como defensora de la integridad, sensibilizando sobre la corrupción y sus repercusiones en sus comunidades.
Dice la ONU en su portal electrónico que, “construir un mundo justo y un planeta sostenible solo es posible si la corrupción no se interpone en el camino”. Nunca mejor dicho, cuando se habla de la piedra angular del porvenir: la educación.
Lamentablemente, mucho más padecen los sistemas educativos las consecuencias de la corrupción imperante en su entorno que lograr ser artífices del cambio social. La debilidad institucional y la ausencia de estado de derecho posibilitan la conformación de toda una maquinaria institucionalizada donde la transgresión a la norma se ha convertido en el modus operandi estándar. Tras analizar miles de páginas de bitácoras, informes y denuncias ciudadanas recopiladas es posible ir más allá de la generalización y poner nombre y apellido a las patologías que desangran el futuro educativo de las generaciones en formación.
La narrativa oficial celebra, festina y trata de ilusionar a la ciudadanía con un mejor sistema educativo, pero bajo esa superficie pulida por la propaganda, opera un catálogo de ilegalidades que van desde el robo hormiga hasta el crimen organizado. A continuación, se presentan una radiografía forense de 50 actos de corrupción y simulación documentados que impiden que las niñas, niños y jóvenes ejerzan sus derechos a estar, aprender y participar en las escuelas.
- Corrupción Administrativa y Financiera: El saqueo del erario
El dinero destinado a la educación se evapora o se malgasta a través de mecanismos diseñados para la opacidad.
- Desvío de recursos de «La Escuela es Nuestra»: Se ha documentado la manipulación de asambleas y el uso discrecional de fondos que deberían ir a infraestructura, terminando en bolsillos particulares o gastos no comprobables.
- Cobro de cuotas ilegales: Condicionamiento de inscripción, entrega de documentos o exámenes a cambio de dinero, especialmente grave en subsistemas que, de origen buscan atender a la población más marginadas, como los Telebachilleratos donde se cobran las cuotas «voluntarias» más altas del país.
- Monopolios comerciales en planteles: Directivos que concesionan exclusivamente la venta de uniformes, alimentos o insumos a proveedores que otorgan «moches», prohibiendo opciones más económicas.
- Opacidad en la nómina (El «Huachicoleo» de plazas): Existencia de personal que cobra sin trabajar («aviadores»), solapados por autoridades y sindicatos. Algunos, incluso, están fuera de la nación, prófugos de la ley o dentro de prisiones.
- Pagos a comisionados sindicales ilegales: Líderes gremiales que cobran sueldo docente completo mientras se dedican exclusivamente a la agitación política, sin aparecer en los reportes de transparencia del FONE.
- Subejercicios presupuestales intencionales: No gastar el dinero asignado para luego reasignarlo discrecionalmente o devolverlo, privando a las escuelas de recursos vitales.
- Sobreprecios en obra pública: Adjudicación de obras de infraestructura, con costos inflados respecto al valor de mercado.
- Simulación de licitaciones: Contratos de servicios y suministros asignados a empresas amigas o fantasmas, evadiendo la competencia real.
- Desaparición de fondos de cooperativas escolares: Ingresos por venta de alimentos que no se reportan ni se reinvierten en el plantel, manejados como caja chica directiva.
- Gasto suntuario en comunicación social: Derroche de millones en propaganda para promocionar logros inexistentes, como el pago de nómina que es una obligación, no un logro, en lugar de invertir en aulas.
- Uso de recursos educativos para eventos artísticos: Financiamiento de conciertos y espectáculos masivos, como el de un cantante puertorriqueño, con dinero que podría rehabilitar escuelas.
- Falta de entrega de información a la Auditoría: Unidades programáticas que se niegan a entregar documentación para la Cuenta Pública, ocultando el destino del dinero.
- Compra opaca de tecnología: Adquisición masiva de equipos, como Chromebooks, sin claridad en los criterios de distribución ni capacitación para su uso, arriesgando que terminen en bodegas o mercado negro.
- Condicionamiento de programas sociales: Uso de becas y apoyos, como tenis, libros o útiles con fines clientelares, obligando a los beneficiarios a asistir a mítines políticos.
- Inequidad presupuestal deliberada: Asignar 22 veces más recursos a estudiantes de zonas urbanas privilegiadas que al promedio estatal, perpetuando la desigualdad.
- Corrupción en Recursos Humanos: La captura del sistema
La gestión del talento está secuestrada por intereses que nada tienen que ver con el mérito académico.
- Venta y herencia de plazas: A pesar de las reformas, persisten redes que comercializan el ingreso al servicio docente.
- Nepotismo en la USICAMM: Asignación de plazas y promociones a familiares o amigos de funcionarios y líderes sindicales, operando sin comités de transparencia externos.
- Tráfico de influencias en cambios de adscripción: Movimientos de personal a zonas preferentes o urbanas sin respetar el escalafón, dejando escuelas rurales sin maestros.
- Contratación de perfiles sin idoneidad: Designación de directivos y docentes en subsistemas basados en lealtad política y no en perfil académico.
- Protección a acosadores: Encubrimiento institucional de docentes o directivos denunciados por acoso sexual o laboral, trasladándolos de escuela en escuela en lugar de procesarlos.
- Abuso de autoridad y acoso laboral: Presión sistemática a trabajadores independientes para forzar su renuncia o alineación política.
- Doble negociación salarial: Acuerdos cupulares secretos entre gobierno y facciones sindicales que otorgan bonos y privilegios extralegales a cambio de paz ficticia.
- Simulación de justicia laboral: Entrega selectiva de basificaciones y recategorizaciones solo a grupos afines o para simular avances en informes de gobierno.
- Instrumentalización política del magisterio: Coacción a docentes para operar electoralmente a favor del partido en el poder bajo amenaza de retención de salario, obligándolos a cumplir una cuota en los mítines y movilizaciones que se realizan desde el régimen.
- Uso de maestros de educación física como fuerza de choque: Desvío de sus funciones pedagógicas para utilizarlos en movilizaciones y protestas violentas.
III. Simulación Académica y Estadística: La mentira como política
El maquillaje de cifras y la simulación pedagógica son actos de corrupción que roban el derecho a la verdad y a la mejora.
- Simulación de normalidad educativa: Declarar oficialmente que hay clases cuando cientos de escuelas están cerradas por violencia, paros o falta de maestros.
- Fraude en cifras de alfabetización: Declarar «bandera blanca» en municipios donde persisten miles de analfabetas, repitiendo fraudes históricos como el de «Alfa TV» y que, están a punto de repetirse en estados como Chiapas, donde el mismo programa se está instrumentando.
- Maquillaje de indicadores de rezago educativo: Presumir reducciones del rezago basadas en proyecciones de escritorio y no en censos reales, o debidas a factores demográficos, como las muertes o la migración y no a logros educativos.
- Pase automático y calificaciones infladas: Presión a docentes para aprobar alumnos que no han adquirido los aprendizajes mínimos, simulando eficiencia terminal.
- Negativa a evaluar aprendizajes: Bloqueo sistemático a pruebas diagnósticas o llanamente, su manipulación o extinción para ocultar el desastre académico y evitar la rendición de cuentas.
- Simulación de Consejos Técnicos Escolares: Convertir espacios de reflexión pedagógica en reuniones burocráticas o sociales sin impacto en el aula.
- Entrega de certificados sin validez real: Graduar estudiantes que no saben leer ni realizar operaciones básicas, que se encuentran prácticamente en situación de analfabetismo funcional.
- Falsificación de asistencia: Reportar asistencia completa en el Formato 911 cuando hay ausentismo crónico de alumnos y maestros.
- Simulación en la implementación de la NEM: Reportar que se aplica el nuevo modelo educativo cuando los docentes no han recibido capacitación real ni materiales, dejándolos en el abandono.
- Ocultamiento de la deserción: Borrar de las estadísticas a los alumnos que abandonan por violencia o pobreza, no registrándolos como abandono sino como bajas administrativas u omisiones.
- Corrupción Estructural y Criminal: La ley de la selva
La colusión con el crimen y la negligencia criminal del estado configuran las formas más graves de corrupción.
- Cobro de piso en escuelas: Tolerancia gubernamental ante la extorsión del crimen organizado a maestros y directivos para permitirles trabajar.
- Venta tolerada de comida chatarra: Permisividad ante la venta de productos prohibidos por ley dentro de las escuelas, protegiendo intereses comerciales sobre la salud infantil.
- Escuelas «Zombis» o Fantasmas: Planteles que reciben presupuesto, pero no operan, o escuelas «de palitos» que nunca se construyen a pesar de anunciarse inversiones.
- Infiltración del crimen en la estructura educativa: Presencia de actores delictivos tomando decisiones sobre personal o proveedores en las escuelas.
- Uso de infraestructura escolar para fines delictivos: Carreras técnicas, como pilotaje de drones, que operan sin blindaje, sirviendo de semillero de reclutamiento para cárteles.
- Omisión ante el reclutamiento forzado: Autoridades que ignoran denuncias de alumnos reclutados por el narco, normalizando la desaparición de estudiantes.
- Impunidad en delitos contra maestros: Falta de investigación y castigo en asesinatos, secuestros y desapariciones de docentes.
- Saqueo impune de planteles: Robos reiterados a escuelas en periodos vacacionales sin que haya detenidos ni reforzamiento de seguridad.
- Discriminación estructural: Negación sistemática de servicios y adaptaciones para alumnos con discapacidad o indígenas, violando mandatos constitucionales y desviando fondos de inclusión.
- Simulación de participación social: Consejos Escolares y asambleas de padres de familia controlados por directivos o sindicatos para validar decisiones tomadas a puerta cerrada, impidiendo la vigilancia ciudadana real.
- Uso de minas terrestres en rutas escolares: Tolerancia a la existencia de campos minados que asesinan a miembros de la comunidad escolar en zonas de conflicto.
- Desplazamiento forzado silencioso: Falta de registro y atención educativa a niños desplazados por la violencia, negando su existencia para no «manchar» las cifras de seguridad.
- Corrupción en la validación de RVOE: Otorgamiento de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios a escuelas privadas que no cumplen estándares, a cambio de sobornos.
- Manipulación de libros de texto y materiales: Retención o distribución condicionada de materiales gratuitos por razones ideológicas o de control político, así como a cambio de cuotas ilegales.
- Negación del servicio por falta de cuotas: Directivos que impiden el acceso a clases o retienen documentos a niños cuyas familias no pueden pagar las cuotas «voluntarias» ilegales.
Esta lista no es exhaustiva, pero es representativa de un sistema que ha normalizado el delito. Cada uno de estos 50 actos tiene víctimas concretas: una niña que no aprende a leer, un joven reclutado por el narco, un maestro extorsionado, una madre que paga cuotas que no tiene o una comunidad entera que se queda sin escuela porque el dinero “no alcanza”.
La corrupción en la educación no es un problema de «falta de dinero», es un problema de captura del estado. Mientras no se desmantele esta red de complicidades con transparencia radical, evaluación independiente y cero impunidades, cualquier discurso, anuncio, vanagloria o reforma pedagógica serán por sí mismas, el acto de simulación número 51.
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en X en @Erik_Aviles
Visita nuestro portal electrónico oficial: www.mexicanosprimeromichoacan.org
