Hay momentos en la historia de un país en los que el sistema educativo se cimbra por el impulso de sus transformaciones. En ocasiones, los movimientos, si bien parecen imperceptibles, generan esperanza de cambios de gran calado. En febrero de 2026 se tomaron decisiones en la agenda nacional —la reforma a la ley de inclusión, el nombramiento de una poeta indígena al frente de los libros de texto, el acuerdo entre la SEP y la CFE para electrificar el saber, y el lanzamiento del Mundialito Escolar— que, por sí solos, quizás no gravitan demasiado, pero que entreverados configuran una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar. Pero la confluencia de medidas sin vigilancia social es solo buen deseo.
Es importante comenzar diciendo que incluir no es integrar: ha llegado una reforma que nos obliga a repensar el aula. Durante décadas, el sistema educativo mexicano confundió dos verbos que parecen sinónimos pero que son radicalmente distintos: integrar e incluir. Integrar significa poner a un niño con discapacidad dentro de un salón que no fue diseñado para él y esperar que se adapte. Incluir significa transformar ese salón —y a quienes están en él— para que la diversidad sea la norma y no la excepción. La reciente reforma al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos dice, con la contundencia de la ley, que la escuela tiene que aprender a moverse al ritmo de sus estudiantes, y no al revés.
Esta distinción es mucho más que simple maquillaje político o retórica, porque ya implica presupuesto, formación docente y, sobre todo, implica una decisión cultural de aceptar que la diversidad cognitiva, física y sensorial es el estado natural de cualquier comunidad humana. Para estados como Michoacán, donde la exclusión llega por partidas múltiples —por condición de discapacidad, por violencia y por geografía—, esta reforma es la oportunidad de saldar una deuda que se ha acumulado por generaciones en los rincones más olvidados de la Meseta Purépecha, del Oriente y la Tierra Caliente.
Sin embargo, el papel aguanta todo, hasta castillos en el aire y discursos grandilocuentes. Una reforma sin recursos es un decreto de buenas intenciones, un cheque de saliva. La inclusión real tiene un precio concreto: intérpretes de lengua de señas frente a grupo, materiales en Braille, rampas que reemplacen escalones, especialistas psicopedagógicos que acompañen al docente y no solo que diagnostiquen desde la oficina. No podemos pedirle a un maestro que atienda a treinta niños con necesidades educativas diversas si solo le damos el mandato de hacerlo, pero no las herramientas para lograrlo. La inclusión que no tiene soporte institucional no es inclusión; es simulación con rostro bondadoso y, por ende, doblemente perversa.
Lo que México necesita ahora es que esta reforma se convierta en presupuesto etiquetado, en programas de formación obligatorios para el magisterio y en una auditoría ciudadana que mida si las aulas de 2027 son realmente más accesibles que las de 2025. De lo contrario, habremos celebrado una ley y abandonado a los niños que debía proteger.
Por otra parte, se dio la designación de una poeta indígena al frente de la conformación y actualización de los libros de texto gratuitos de esta nación, después de un halo de corrupción y abusos institucionales. El nombramiento de Nadia López García como directora general de Materiales Educativos (DGME) de la SEP es una señal que no debemos subestimar. Por primera vez en la historia de nuestro sistema educativo, una mujer que escribe en mazateco —que piensa el mundo desde una lengua que el Estado mexicano consideró durante siglos un obstáculo para el «progreso»— será quien decida qué conocimientos y qué voces llegarán a los 25 millones de niños que cada mañana abren un libro de texto gratuito.
Para Michoacán, un estado que late en purépecha, otomí, náhuatl y mazahua, este relevo en la cúspide de la política editorial es un acto de justicia pedagógica que esperamos se traduzca en realidad. Durante décadas, los libros de texto fueron diseñados desde un escritorio en el centro del país, con una visión monocultural que relegaba a los pueblos originarios al capítulo folclórico, al recuadro de «sabías que», a la ilustración de traje típico. Esos libros, mucho más que reflejar a los niños de la Cañada de los 11 Pueblos o de la Sierra Costa los convertían en piezas de museo dentro de su propia historia.
La pertinencia cultural en la educación es un derecho fundamental, mucho más que un lujo pedagógico, una concesión identitaria o un cliché pleno de apropiación cultural. Un niño que aprende a leer en una lengua que no es la suya, con personajes y contextos que no reconoce, tiene dificultades cognitivas adicionales, aprende en “modo difícil”, a la par que pierde algo más profundo: el derecho a comprender el mundo desde su propia cosmovisión. La escuela que ignora la lengua materna de un estudiante le está robando, silenciosamente, una parte de su pensamiento.
Sin embargo, este es el primer paso: colocar a una lideresa organizacional al frente de una dependencia saqueada y sumida en una profunda crisis interna. El reto de esta nueva dirección es monumental. No basta con cambiar la autoría intelectual de los materiales si la logística de distribución sigue fallando, si los libros llegan después del primer bimestre o si los docentes no tienen la formación para usar estos materiales como puentes interculturales y no como folletines de traducción. El cambio más importante no es el que ocurre en la portada de un libro; es el que ocurre en el diálogo entre un maestro y un niño que, por primera vez, se ve a sí mismo reflejado en sus páginas.
Y, sobre todo, más allá de hacer caminar a la DGME, las niñas, niños y jóvenes en México siguen requiriendo lo mínimo indispensable: aulas dignas, maestros con condiciones para generar aprendizajes, un entorno pacífico y libre de violencia, escuelas inclusivas y, también, materiales educativos que los maravillen y les permitan conocer el universo, su comunidad y a sí mismos.
Por otra parte, hay verdades que duelen por su sencillez: en México existen telesecundarias donde los alumnos no pueden ver bien la televisión porque la corriente eléctrica es irregular. Hay telebachilleratos donde la computadora que donó el gobierno lleva tres años guardada en un cuarto porque no hay enchufe funcional. Hay escuelas primarias donde el calor de la sierra o de la tierra caliente es insoportable porque no hay ventilador y, hay comunidades educativas de membrete, en donde la oscuridad cierra el horario escolar antes de que el aprendizaje cierre su ciclo.
En ese contexto, el acuerdo entre la SEP y la Comisión Federal de Electricidad para dotar de infraestructura eléctrica y conectividad digital a los planteles del país constituye mucho más que una noticia tecnológica o un acuerdo comercial, por lo que debe ser concebida como una noticia de derechos humanos. La brecha digital es la nueva cara de la desigualdad educativa, y esa brecha se construye ladrillo a ladrillo cada vez que el Estado falla en garantizar las condiciones mínimas para que el aprendizaje ocurra.
Un joven en la Sierra-Costa de Michoacán no puede tener menos acceso al conocimiento que un joven en Polanco simplemente porque el tendido eléctrico nunca llegó a su comunidad. Si aspiramos a hablar de excelencia educativa, primero tenemos que garantizar que las condiciones materiales del aprendizaje sean dignas y equitativas. La educación del siglo XX se construye sobre una base material que permita que el ingenio de nuestra juventud no tenga límites técnicos impuestos por la pobreza del entorno.
Lo que ahora necesitamos es que este convenio se ejecute priorizando donde más duele la ausencia del Estado, y que la energía que llegue no se apague a los seis meses por falta de mantenimiento. Conectar una escuela es abrir una ventana al mundo. Pero esa ventana debe mantenerse abierta mientras haya un niño, una niña o un joven en edad escolar en cada comunidad.
Así también, en un país donde la violencia y el reclutamiento forzado siguen siendo una amenaza real para la niñez y la adolescencia en múltiples regiones, recuperar la escuela como espacio de esparcimiento seguro es una estrategia de seguridad pública tanto como de pedagogía. El lanzamiento del Mundialito Escolar 2026 debe ser leído en clave de salud mental, de prevención social y de reconstrucción del tejido comunitario.
El deporte es educación en movimiento. Cuando un niño aprende a jugar en equipo, está aprendiendo a resolver conflictos, a respetar reglas, a tolerar la frustración y a celebrar el esfuerzo colectivo. Cuando una niña descubre en la cancha su capacidad de liderazgo, está construyendo la autoestima que nadie le podrá quitar. El juego es, frecuentemente, un gran vehículo para que el aprendizaje suceda.
Para que el Mundialito tenga el impacto que promete, sin embargo, necesita de varios factores que hoy no están garantizados: canchas dignas en las escuelas donde se jugará, estudiantes bien comidos, en paz y concentrados en vivir y disfrutar el deporte, entrenadores que también sean guías de vida y, un sistema que permita que el talento deportivo detectado en estas competencias abra puertas académicas y no solo deportivas.
El objetivo de un Mundialito escolar jamás debería ser producir campeones, sino que, el deporte y los valores que infunde su práctica sistemática sea el pretexto para que los estudiantes descubran razones para alcanzar trayectorias educativas completas y ser ciudadanos de bien.
La agenda educativa nacional que dejó febrero de 2026 es, en conjunto, una agenda de derechos. Pero los derechos se cumplen cuando la ciudadanía los exige, los mide y los defiende, con la colaboración plena de las autoridades para tales efectos. Nuestra tarea no termina en aplaudir las reformas; empieza en asegurarnos de que lleguen al aula que más las necesita, porque su relevancia se magnifica conforme la distancia entre centro y periferia se recorre con justicia social.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
