MICHOACÁN: AVANCES INSUFICIENTES, RETOS PERSISTENTES
En memoria y continuidad del trabajo fundador de quienes en 2009 se atrevieron a nombrar lo innombrable y a exigir lo exigible: que el Estado recupere la rectoría de la educación.
El IV Informe de Gobierno del actual gobierno de Michoacán menciona estar «recuperando la rectoría de la educación», presentándolo como parte de su «gran legado» para la entidad. Sin embargo, un análisis riguroso de la situación educativa actual en Michoacán, contrastado con los criterios anteriormente establecidos, revela una realidad mucho más compleja y menos alentadora.
¿Se ha recuperado efectivamente la rectoría de la educación en los últimos cuatro años en Michoacán? La respuesta, sustentada en evidencia verificable, es: no, o al menos no de manera suficiente ni sostenible.
Razones por las cuales la rectoría no se ha recuperado:
- Persistencia de paros y suspensiones de clases por negociaciones sindicales
A lo largo de los últimos cuatro años, el calendario escolar en Michoacán ha continuado siendo rehén de negociaciones político-sindicales. Los paros magisteriales, los plantones en dependencias gubernamentales, y las suspensiones unilaterales de clases han seguido ocurriendo, aunque con menor frecuencia e intensidad que en años previos. Cada día de clases perdido es una violación directa al derecho a aprender de miles de niñas y niños. Un Estado con rectoría efectiva simplemente no permitiría que actores ajenos a la autoridad educativa decidan cuándo hay o no hay clases.
- Opacidad persistente en la asignación de plazas docentes
Uno de los indicadores más claros de captura institucional es el proceso de asignación de plazas docentes. A pesar de algunos avances en transparencia, persisten prácticas discrecionales, clientelares y opacas en la contratación y promoción de personal docente. Las plazas siguen siendo consideradas por algunos actores como «patrimonio» sindical o familiar, en lugar de ser tratadas como lo que son: posiciones de servicio público que deben asignarse exclusivamente con base en mérito, capacidad y necesidades del sistema educativo.
- Niveles de aprendizaje estancados o en retroceso
Los resultados de aprendizaje de las y los estudiantes michoacanos, medidos por evaluaciones estatales y nacionales, cuando se han aplicado, no mostarron mejoras sustantivas. Persisten brechas significativas entre escuelas urbanas y rurales, entre escuelas generales y escuelas de tiempo completo, entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos. Si la rectoría educativa se hubiese recuperado efectivamente, esperaríamos ver tendencias claras de mejora en aprendizajes; la evidencia no respalda esta narrativa.
- Inversión educativa sin correlación verificable con resultados
El gasto educativo en Michoacán se ha incrementado en términos nominales durante los últimos años. Sin embargo, no existe evidencia sólida de que este incremento presupuestal se haya traducido en mejores condiciones de aprendizaje, infraestructura educativa mejorada, o aprendizajes incrementados. La ausencia de sistemas robustos de seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto educativo impide verificar si los recursos están llegando efectivamente a las aulas y generando los resultados esperados. Rectoría implica no solo gastar más, sino gastar mejor y poder demostrarlo.
- Ausencia de sistemas de información educativa confiables y accesibles
Un Estado con rectoría efectiva de la educación debe contar con sistemas de información robustos, actualizados, confiables y accesibles públicamente, que permitan conocer en tiempo real el estado del sistema educativo: cuántas escuelas funcionan, cuántos estudiantes asisten, cuántos maestros están frente a grupo, qué resultados se están obteniendo. En Michoacán, estos sistemas siguen siendo deficientes, desactualizados o inaccesibles para la ciudadanía. La opacidad informativa es antítesis de la rectoría.
- Infraestructura educativa en condiciones precarias
Miles de escuelas en Michoacán continúan operando en condiciones de infraestructura inadecuadas, inseguras o insuficientes. Techos que gotean, baños que no funcionan, aulas sin ventilación adecuada, falta de conectividad digital, ausencia de materiales didácticos básicos. La rectoría efectiva del Estado implicaría garantizar que cada espacio educativo cuente con las condiciones materiales mínimas para que el aprendizaje pueda ocurrir dignamente.
- Participación social limitada y cooptada
Los espacios de participación social en educación (consejos escolares de participación social, consejos municipales, consejo estatal) siguen operando de manera limitada, irregular o cooptada por actores político-sindicales. La participación genuina de familias, estudiantes y comunidades en las decisiones educativas que les afectan es aún incipiente. Un Estado con rectoría efectiva promueve, facilita y respeta la participación social real; no la simula ni la controla.
- Normalismo y formación docente sin transformación real
Las escuelas normales en Michoacán, que deberían ser semilleros de excelencia pedagógica, continúan operando con modelos formativos obsoletos, infraestructura inadecuada, y en algunos casos, capturadas por lógicas político-sindicales que priorizan el control político sobre la formación pedagógica de calidad. La rectoría educativa requiere transformar radicalmente la formación inicial y continua de docentes; esto no ha ocurrido de manera sustantiva. Respecto a la formación continua docente basta decir que, para 2026 contará con escasos 91 pesos por cada maestra o maestro en la nación.
El IV Informe de Gobierno habla de un «gran legado» en materia de recuperación de la rectoría educativa. Sin embargo, un legado se mide por resultados tangibles, verificables y sostenibles, no por narrativas discursivas o por la apropiación retórica de conceptos acuñados por otros actores.
¿Por qué el legado mencionado está lejos de alcanzarse?
Primero, porque recuperar genuinamente la rectoría de la educación no es un proceso de cuatro años ni una meta que pueda declararse cumplida mediante decreto o discurso. Es una construcción institucional de largo plazo que requiere voluntad política sostenida, inversión estratégica, profesionalización del servicio público educativo, y transformación cultural profunda de cómo se entiende y ejerce la autoridad educativa.
Segundo, porque persisten estructuras de poder paralelas que continúan ejerciendo influencia determinante sobre decisiones educativas fundamentales. Mientras existan actores con capacidad de veto sobre políticas educativas, de presión efectiva para modificar decisiones institucionales, o de captura de recursos y posiciones, no podrá hablarse de rectoría plena del Estado.
Tercero, porque los resultados educativos —el indicador último de si el sistema funciona— no muestran las mejoras que serían esperables si efectivamente se hubiese recuperado la rectoría. Niñas, niños y jóvenes michoacanos continúan aprendiendo menos de lo que deberían, siendo forzados a abandonar el ejercicio de sus derechos educativos mucho más de lo que sería aceptable y egresando sin las competencias que requieren para su vida futura.
Cuarto, porque la opacidad y la falta de rendición de cuentas siguen siendo norma, no excepción en el sector educativo michoacano. Un Estado con rectoría efectiva opera con transparencia radical, somete sus resultados al escrutinio público y asume responsabilidad por sus fracasos mientras celebra sus éxitos. La opacidad es incompatible con la rectoría.
Quinto, porque continúan reproduciéndose prácticas patrimonialistas, clientelares y corporativas que convierten espacios, recursos y posiciones públicas en botines de negociación política. Las plazas docentes, los espacios de formación, los recursos presupuestales, no pueden ser objeto de negociación o reparto político; son instrumentos para garantizar el derecho a aprender de la niñez y juventud.
Hacia una Verdadera Recuperación de la Rectoría: Lo que Falta por Hacer
Recuperar genuinamente la rectoría de la educación en Michoacán no es una tarea imposible, pero tampoco es una meta que pueda alcanzarse con discursos grandilocuentes o medidas cosméticas. Requiere acciones concretas, sostenidas y valientes:
Se requiere establecer y defender un calendario escolar de al menos 190 días efectivos de clases, sin excepciones, sin negociaciones, sin concesiones que sacrifiquen el derecho de los estudiantes en aras de negociaciones político-sindicales.
Se requiere transparentar radical y totalmente los procesos de ingreso, promoción y permanencia en el servicio docente, eliminando toda discrecionalidad, clientelismo o captura sindical de estos procesos.
Se requiere implementar sistemas robustos de evaluación, seguimiento y mejora continua de los aprendizajes estudiantiles, con información pública, desagregada y accesible que permita a la sociedad conocer qué está funcionando y qué requiere transformarse.
Se requiere profesionalizar radicalmente el servicio público educativo, desde la Secretaría de Educación hasta cada supervisión escolar, asegurando que quienes toman decisiones educativas cuenten con la formación, experiencia y compromiso necesarios para hacerlo con excelencia.
Se requiere transformar las escuelas normales en verdaderos centros de excelencia pedagógica, con estándares rigurosos, formación de vanguardia, y vinculación real con las necesidades del sistema educativo del siglo XXI. Así también, dotar de formación continua real, de excelencia y conforme a las condiciones del Artículo 123 para los trabajadores de la educación.
Se requiere invertir estratégicamente en infraestructura educativa, equipamiento, conectividad y materiales didácticos, asegurando que cada peso invertido se traduzca en mejores condiciones para el aprendizaje.
Se requiere construir espacios genuinos de participación social donde familias, estudiantes y comunidades tengan voz y voto reales en las decisiones que afectan la educación de sus hijos e hijas.
Se requiere, sobre todo, voluntad política inquebrantable para defender el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes por encima de cualquier otro interés, por legítimo que parezca. Los niños no votan, no marchan, no negocian; dependen de que los adultos —especialmente las autoridades constituidas— defiendan sus derechos. Esa es la esencia última de la rectoría: poner los derechos de la infancia y juventud en el centro de toda decisión.
Conclusión: Un Concepto Acuñado, Una Lucha Pendiente
El concepto de «rectoría de la educación» tiene un origen claro, documentado y pertinente: fue acuñado por el equipo fundador de Mexicanos Primero Michoacán en 2009 para describir una realidad dolorosa (la captura del sistema educativo por actores fácticos) y para exigir su transformación. Su incorporación al Artículo Tercero Constitucional en 2013 representó un triunfo de la incidencia ciudadana y un reconocimiento constitucional de que el Estado mexicano tiene la obligación inalienable de gobernar efectivamente sus sistemas educativos.
Sin embargo, dieciséis años después de su acuñación, la rectoría de la educación en Michoacán sigue siendo más una aspiración que una realidad, más un discurso que una práctica, más una promesa que un hecho consumado. El «gran legado» que se anuncia en el IV Informe de Gobierno estatal está aún lejos de materializarse en las aulas, en los aprendizajes, en las vidas de las niñas, niños y jóvenes michoacanos que siguen esperando que los adultos cumplan con su obligación constitucional más fundamental.
Apropiarse retóricamente de un concepto sin materializar su contenido sustantivo no es rendirle homenaje; es vaciarlo de sentido. La rectoría de la educación no es un slogan publicitario ni una narrativa política: es una obligación constitucional concreta que se mide por resultados educativos verificables.
Michoacán merece —y sus niñas, niños y jóvenes tienen derecho a— que el Estado efectivamente recupere, ejerza y defienda la rectoría de la educación. No en discursos, no en informes de gobierno, no en apropiaciones retóricas de conceptos ajenos a la realidad, sino en hechos cotidianos: aulas funcionando 200 días al año, maestras y maestros formados con excelencia, recursos llegando efectivamente a las escuelas, estudiantes aprendiendo lo que necesitan aprender, familias participando genuinamente en las decisiones educativas, autoridades rindiendo cuentas con transparencia.
Ese es el legado que realmente hace falta construir. Esa es la misión por la que seguiremos luchando. Esa es la herencia que las niñas, niños y jóvenes michoacanos merecen: no palabras vacías sobre rectoría, sino rectoría efectiva, tangible, medible y sostenible que garantice su derecho fundamental a aprender.
La batalla por recuperar la rectoría de la educación en Michoacán no ha concluido; apenas comienza cada día en cada aula donde una niña o un niño espera que los adultos cumplamos nuestra promesa más sagrada: garantizar su derecho a aprender, sin excusas, sin excepciones, sin claudicaciones.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
