Conformar un organismo de gobernanza en materia educativa en Michoacán implica arremangarse y poner manos a la obra. El trabajo sobre indicadores educativos sería central en esta función. Michoacán carece de un sistema robusto, confiable y accesible de información educativa. No sabemos con precisión cuántos estudiantes aprenden lo que deberían aprender en cada grado, no tenemos datos públicos sobre abandono escolar, desagregados por región, género, condición de pobreza o pertenencia indígena; desconocemos el estado real de la infraestructura en miles de escuelas, carecemos de información sobre la formación y actualización docente. Un consejo de participación escolar debería trabajar en la construcción, monitoreo y difusión de un sistema integral de indicadores educativos que permita diagnósticos precisos, diseño de políticas basadas en evidencia y evaluación rigurosa de resultados. Esta información, pública y accesible, transformaría radicalmente la capacidad de la sociedad michoacana para incidir en su sistema educativo.
El análisis del estado que guarda el sistema educativo estatal debería ser una función permanente del consejo, generando reportes periódicos, rigurosos y accesibles que identifiquen avances, retrocesos, desafíos emergentes y áreas de oportunidad. Estos reportes no deberían limitarse a datos fríos, sino incorporar las voces de estudiantes, maestros y familias sobre su experiencia educativa. Al hacer visible la realidad del sistema educativo en toda su complejidad, estos estudios empoderarían a actores diversos para exigir mejoras y los motivarían a participar en su construcción.
En la dimensión de Calidad Regulatoria, un consejo de participación escolar podría contribuir significativamente a la revisión, actualización y mejora del marco normativo educativo estatal. Las leyes y reglamentos educativos de Michoacán requieren una revisión profunda para alinearse con los más altos estándares de derechos humanos, incorporar las mejores prácticas internacionales y responder a los desafíos contemporáneos de la educación. El consejo podría impulsar consultas amplias para reformas normativas, garantizar que las voces de las comunidades educativas se incorporen en los procesos legislativos, y dar seguimiento a la aplicación efectiva de las normas.
Particularmente importante sería el trabajo del consejo en el establecimiento de estándares de calidad para todos los componentes del sistema educativo: infraestructura escolar segura y digna, materiales educativos pertinentes y suficientes, prácticas pedagógicas efectivas, gestión escolar participativa y formación docente rigurosa.
El trabajo sobre infraestructura y rezago en este rubro sería crucial. Miles de escuelas michoacanas carecen de servicios básicos, operan en instalaciones inseguras o no tienen espacios adecuados para el aprendizaje. La asignación de recursos para infraestructura ha sido históricamente opaca y frecuentemente responde a criterios políticos antes que a necesidades reales. Un consejo de participación escolar podría recomendar criterios técnicos y transparentes para priorizar inversiones en infraestructura, dar seguimiento a la ejecución de obras, verificar su calidad y denunciar irregularidades.
En cuanto al Estado de Derecho, la existencia de un consejo de participación escolar robusto y con atribuciones claras contribuiría a fortalecer la cultura de legalidad en el sistema educativo. El consejo podría fungir como observador en procesos de asignación de plazas docentes, verificando que se respeten los criterios de mérito establecidos en la ley. Podría dar seguimiento a denuncias de violaciones a derechos educativos y canalizar casos a las instancias correspondientes. Podría promover la cultura de la legalidad entre estudiantes, mediante programas educativos sobre derechos y responsabilidades.
El consejo debería trabajar activamente en garantizar que los derechos de todos los estudiantes se respeten efectivamente: el derecho a una educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, el derecho a una educación culturalmente pertinente para estudiantes indígenas, el derecho a una educación libre de violencia y discriminación para todas y todos, así como el derecho a permanecer en la escuela para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Respecto al Control de la Corrupción, un consejo de participación escolar con funciones de contraloría social podría representar un cambio radical en un sistema que ha normalizado prácticas corruptas durante décadas. El seguimiento al gasto educativo, verificando que los recursos lleguen efectivamente a las escuelas y se utilicen para los fines previstos, sería una función central. El monitoreo de procesos de adquisiciones y contrataciones en el sector educativo, con participación de observadores ciudadanos, reduciría espacios de corrupción. La verificación de la entrega efectiva de programas como útiles escolares, desayunos, becas o infraestructura, con participación de las comunidades beneficiarias, dificultaría la simulación y el desvío de recursos.
El consejo debería establecer canales seguros y efectivos para que maestros, padres de familia, estudiantes y ciudadanía en general denuncien actos de corrupción en el sistema educativo, garantizando protección a denunciantes y seguimiento efectivo a las denuncias. Al generar información sobre áreas de alto riesgo de corrupción y proponer medidas preventivas, el consejo contribuiría a transformar la cultura institucional del sistema educativo michoacano.
La agenda docente que este consejo debería impulsar merece atención particular. Los maestros son el factor más importante dentro del aula para el aprendizaje de los estudiantes. Sin docentes bien formados, actualizados, motivados, respetados en sus derechos laborales y con condiciones adecuadas para enseñar, no habrá mejora educativa posible. Durante demasiado tiempo, las políticas educativas en Michoacán han oscilado entre el abandono del magisterio y la confrontación. Se requiere una tercera vía: el reconocimiento del magisterio como profesional de la educación, el respeto a sus derechos, la exigencia legítima de responsabilidad por los resultados de aprendizaje y el apoyo genuino para su desarrollo profesional.
Un consejo de participación escolar debería impulsar políticas integrales de formación continua y actualización docente, diseñadas con participación del magisterio y basadas en las necesidades reales de las aulas michoacanas. Deberían incorporar acompañamiento en el aula, comunidades de aprendizaje entre docentes y reconocimiento al buen desempeño. Deberían atender tanto las competencias pedagógicas generales como los conocimientos disciplinares específicos y las habilidades para trabajar con las diversidades del aula michoacana: estudiantes indígenas, estudiantes con discapacidad y estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El consejo debería también trabajar en el mejoramiento de las condiciones laborales del magisterio, documentando problemáticas como escuelas multigrado con un solo maestro atendiendo todos los grados, maestros que trabajan en comunidades de difícil acceso sin apoyos adecuados, docentes con pagos retrasados y falta de prestaciones básicas. Al visibilizar estas problemáticas y exigir su atención, el consejo contribuiría a dignificar el trabajo docente. El análisis e impulso a la federalización de la nómina educativa sería un imperativo categórico.
Por otra parte, sería un error que un consejo de participación escolar estuviera integrado exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil, incluso por aquellas con trayectoria probada. La gobernanza genuina requiere pluralidad. El consejo debe incorporar también maestros con trayectoria destacada en el aula, directores escolares comprometidos con la calidad, supervisores con visión pedagógica, académicos e investigadores de instituciones de educación superior, representantes de padres y madres de familia de distintas regiones y contextos, estudiantes de nivel medio superior y superior que puedan aportar la perspectiva de quienes viven cotidianamente el sistema educativo, empresarios interesados genuinamente en la vinculación educación-trabajo, representantes de comunidades indígenas que puedan garantizar que las políticas educativas respeten y promuevan la diversidad cultural del estado.
La integración del consejo debe equilibrar representatividad y capacidad técnica. Los consejeros deben representar legítimamente a sus sectores, pero también deben tener conocimientos, experiencia y compromiso con la mejora educativa. Deben evitarse tanto el elitismo tecnocrático que excluye voces importantes como el populismo que privilegia la representatividad sobre la competencia.
La relación entre el consejo y la autoridad educativa estatal debe estar cuidadosamente diseñada para maximizar la colaboración sin comprometer la autonomía del consejo. La autoridad educativa debe estar obligada a proporcionar al consejo toda la información que este solicite, a considerar seriamente sus recomendaciones, a responder públicamente cuando decida no seguirlas, y a reportar periódicamente sobre el seguimiento dado a los acuerdos del consejo. El consejo debe funcionar como instancia crítica, propositiva e independiente.
Una vez integrado el consejo, su primer año debe dedicarse a construir capacidades institucionales, a establecer mecanismos de operación efectivos, a generar vínculos con actores clave del sistema educativo, y a desarrollar un plan estratégico de mediano y largo plazo. El consejo debe identificar prioridades, establecer metas alcanzables, construir alianzas y demostrar resultados concretos que le generen legitimidad y apoyo ciudadano. Es prioritario diseñar un sistema de indicadores educativos estatales y la realización de un diagnóstico integral del estado que guarda el sistema educativo michoacano.
Es fundamental que el consejo construya desde el inicio mecanismos robustos de evaluación y de rendición de cuentas sobre su propio desempeño. Debe establecer metas claras, indicadores verificables de su impacto. Debe publicar informes anuales sobre su gestión, sus logros, sus fracasos y sus aprendizajes.
El consejo no debe concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para transformar el sistema educativo michoacano. Su éxito no debe medirse por el número de reuniones realizadas, estudios publicados o recomendaciones emitidas, sino por su impacto real en mejorar los aprendizajes de los estudiantes, en reducir las desigualdades educativas y en garantizar que todas las niñas, niños y jóvenes michoacanos ejerzan plenamente su derecho a estar, aprender y participar en las escuelas.
Michoacán está en un momento crucial: es momento de atrevernos a transformar radicalmente la gobernanza educativa, creando instituciones genuinamente participativas, transparentes, efectivas y comprometidas con los derechos de la infancia y la juventud. La conformación de un Consejo Estatal de Participación Escolar robusto, plural, autónomo y con atribuciones reales no es una panacea que resolverá mágicamente todos los problemas educativos, pero es un paso absolutamente necesario para comenzar a construir el sistema educativo que las niñas, niños y jóvenes michoacanos merecen. El futuro de Michoacán se está jugando hoy en las aulas.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
