Segunda Parte: Propuestas por la justicia digital
El programa de internet gratuito es importante y retador: aún es tiempo para proponer mejoras concretas y viables que puedan implementarse de manera progresiva para convertir esta iniciativa en un verdadero programa transformador de justicia digital educativa.
La primera propuesta es la ampliación de cobertura hacia estudiantes de secundaria. El programa debería extenderse en una segunda fase durante 2026 para incluir a estudiantes de educación básica, particularmente del nivel secundaria. Los adolescentes de secundaria también requieren conectividad para tareas, investigación y desarrollo de habilidades digitales que serán fundamentales en su trayectoria educativa posterior. El costo estimado sería de aproximadamente 150,000 chips adicionales considerando la matrícula de secundaria pública en el estado.
La segunda propuesta es un aumento progresivo de datos mensuales. La cuota mensual debería incrementarse a 8 GB para el ciclo escolar 2026-2027, con priorización de datos para plataformas educativas certificadas. Como hemos analizado, 4 GB son insuficientes para estudiantes que dependen exclusivamente de este servicio para sus actividades académicas. Esta ampliación podría negociarse con CFE Telecomunicaciones aprovechando economías de escala conforme el programa madure y se consolide. Se abre la posibilidad de que, conforme los estudiantes cumplan, vayan ganando bonos de resultados, traducidos en más GB para ellos.
La tercera propuesta consiste en crear un programa complementario de equipamiento digital. Debería establecerse un fondo estatal de préstamo de dispositivos, específicamente tablets o laptops reacondicionadas, para estudiantes de bajos recursos. El 63% de hogares michoacanos carece de computadora, lo que significa que los chips son inútiles sin dispositivos para utilizarlos. Este programa podría financiarse mediante alianzas público-privadas con empresas tecnológicas, campañas de donación de equipos usados pero funcionales, y asignación presupuestal estatal progresiva.
La cuarta propuesta es el desarrollo de una red de puntos de acceso WiFi escolar. Debería instalarse infraestructura de acceso WiFi de alta velocidad en las más de 12,000 escuelas públicas de Michoacán. Los chips móviles son un complemento valioso, pero no pueden ni deben sustituir la conectividad fija de calidad en los centros educativos. Este proyecto podría aprovechar la infraestructura de fibra óptica que la CFE está desplegando, incluyendo los más de 4,000 puntos de acceso anunciados. Es evidente que deben estar articulados ambos programas; pero, hay que verificar que así sea.
La quinta propuesta es implementar un programa robusto de alfabetización digital familiar. Deberían organizarse talleres gratuitos de alfabetización digital para estudiantes y familias, impartidos en escuelas durante fines de semana. Cerrar la brecha de habilidades digitales es tan importante como cerrar la brecha de acceso a la conectividad. Estos talleres podrían impartirse en alianza con universidades públicas como la UMSNH y los institutos tecnológicos mediante programas de servicio social, así como con organizaciones de la sociedad civil especializadas en educación digital.
La sexta propuesta, ya discutida en la entrega anterior, es establecer un sistema integral de protección digital estudiantil. Esto incluiría la implementación de filtros de contenido apropiados para la edad, protocolos claros de uso responsable y mecanismos de verificación semestral. La protección de menores de edad y el aseguramiento de que los chips cumplan su propósito educativo deben ser prioridades ineludibles del programa.
La séptima propuesta es conducir una evaluación de impacto rigurosa e independiente. El gobierno estatal debería contratar o convenir con una institución académica independiente, como la UMSNH o impulsar la creación un observatorio ciudadano educativo, para evaluar el impacto real del programa. Sin evaluación sistemática, no sabremos si el programa está funcionando adecuadamente o requiere ajustes importantes. Los indicadores clave deberían incluir la tasa de permanencia escolar comparada con años anteriores, mejoras medibles en calificaciones y desempeño académico, uso real de los chips distinguiendo entre uso educativo y no educativo, niveles de satisfacción de estudiantes y familias, y problemas de seguridad digital reportados.
La octava propuesta es la creación de un portal de recursos educativos digitales estatales. Debería desarrollarse un sitio web estatal con recursos educativos digitales de calidad, incluyendo videos, documentos, ejercicios interactivos y materiales de apoyo, todos optimizados para bajo consumo de datos. Esto maximizaría el impacto de los 4 GB mensuales al proporcionar contenido educativo ligero, de calidad y alineado con los programas de estudio estatales. Este portal podría desarrollarse en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado, universidades públicas y docentes destacados. Más aún: si el contenido vía Whatsapp es ilimitado, hay que usar la plataforma al máximo, mediante canales, listas de difusión y contenidos por esa vía.
La novena propuesta es establecer un fondo de emergencia para datos adicionales. Debería crearse un mecanismo al que estudiantes puedan solicitar datos adicionales en situaciones extraordinarias, como la elaboración de proyectos finales complejos, la presentación de exámenes en línea o circunstancias académicas especiales. Los 4 GB pueden ser claramente insuficientes en momentos críticos del ciclo escolar. Este fondo podría gestionarse mediante solicitudes tramitadas a través de las instituciones educativas con criterios transparentes y objetivos.
La décima y última propuesta es integrar el programa de conectividad con estrategias más amplias de paz y seguridad. El programa debería vincularse explícitamente con iniciativas de prevención de violencia mediante talleres digitales de cultura de paz, emprendimiento social y participación ciudadana juvenil. La educación es, como señala el propio Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la base de cualquier estrategia de paz duradera. La conectividad puede y debe ser una herramienta de transformación social si se acompaña de contenidos significativos y experiencias formativas que promuevan valores de convivencia, participación democrática y desarrollo comunitario.
Conclusión: Un Paso Necesario pero Insuficiente
El anuncio sobre la entrega de 237,100 chips con internet gratuito para estudiantes de Michoacán debe ser reconocido como un avance significativo en el reconocimiento de la conectividad como un derecho fundamental para la educación del siglo XXI. En un estado que ha retrocedido en conectividad, que enfrenta una crisis educativa multidimensional y donde más de 120 menores fueron asesinados durante el ciclo escolar 2024-2025, cualquier medida que contribuya genuinamente al desarrollo educativo merece ser respaldada.
Aplaudimos sinceramente la decisión de condicionar la renovación de los chips a la permanencia escolar, una política pública inteligente que puede contribuir significativamente a reducir la deserción. Reconocemos el esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Energía, la CFE y el gobierno estatal para hacer posible esta iniciativa en un contexto de recursos limitados y prioridades múltiples.
Sin embargo, debemos señalar con claridad que esta medida, aunque valiosa, es insuficiente para cerrar la brecha digital que aqueja a nuestra entidad. Los 4 GB mensuales son una cuota limitada que no alcanza para estudiantes que dependan exclusivamente de este servicio para sus actividades académicas completas. La exclusión de educación básica deja fuera a cientos de miles de estudiantes que también necesitan conectividad para su desarrollo. La ausencia de mecanismos de blindaje contra usos ilícitos es una vulnerabilidad grave que expone a menores a riesgos innecesarios. Y, sobre todo, los chips de nada sirven sin dispositivos adecuados, sin habilidades digitales desarrolladas, sin contenidos educativos de calidad y sin la infraestructura de conectividad fija en escuelas que sigue siendo deficiente en la mayoría del estado.
La conectividad digital no es un fin en sí mismo; es un medio para garantizar el derecho a una educación de calidad. Este derecho, en Michoacán, sigue siendo sistemáticamente vulnerado por la violencia que cobra vidas de menores cada semana, los paros magisteriales que interrumpen ciclos escolares completos, la precariedad infraestructural que afecta a dos tercios de las escuelas, y la ausencia de evaluaciones rigurosas que nos permitan conocer el verdadero estado de los aprendizajes de nuestros estudiantes.
El programa de chips gratuitos debe ser entendido y comunicado como el primer paso de una estrategia integral de justicia digital educativa que incluya equipamiento accesible, alfabetización digital masiva, protección efectiva de menores, conectividad escolar fija de calidad, contenidos educativos pertinentes y, sobre todo, un compromiso político genuino con garantizar que cada estudiante michoacano tenga las condiciones materiales, pedagógicas y de seguridad para aprender, permanecer y participar plenamente en su proceso educativo.
Las diez propuestas que hemos presentado son viables, concretas y podrían implementarse de manera progresiva durante 2026 y años subsecuentes. No requieren recursos extraordinarios fuera del alcance del estado, sino voluntad política sostenida, coordinación interinstitucional efectiva y participación genuina de la sociedad civil, las universidades públicas y las comunidades educativas organizadas.
El gobernador ha declarado que «sin internet la brecha al desarrollo se hace del tamaño de una autopista». Tiene razón en esta afirmación. Pero agreguemos con igual claridad: sin dispositivos para usar ese internet, sin habilidades para aprovecharlo, sin protección contra sus riesgos, sin contenidos de calidad que potencien el aprendizaje y sin las demás condiciones para una educación integral, esa autopista seguirá siendo infranqueable para la mayoría de los estudiantes michoacanos, especialmente para aquellos que viven en las comunidades más marginadas y vulnerables. ¿De qué sirve una autopista si la has de recorrer caminando y por la cuneta?
Este es un momento de oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. La inversión de 304 millones de pesos que se está realizando en infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones representa un esfuerzo considerable. Hagamos que cada peso invertido se traduzca en aprendizajes reales y medibles, en oportunidades efectivamente ampliadas, en trayectorias educativas transformadas. Hagamos que este programa sea recordado no como una medida asistencialista más, sino como el inicio de una verdadera revolución digital educativa en Michoacán y, también, como un salto disruptivo del clientelismo a la política pública integral, con transferencias de apoyos condicionadas a los sujetos de derechos.
La conectividad es un derecho que debe ser garantizado. El acceso a la educación es un derecho constitucional y humano fundamental. La seguridad, la dignidad y el bienestar son derechos inalienables de toda persona, especialmente de niñas, niños y jóvenes. Trabajemos juntos, gobierno, sociedad civil, comunidades educativas, familias y el sector privado, para construir un Michoacán donde estos derechos no sean promesas incumplidas o retórica política vacía, sino realidades cotidianas y verificables para cada niña, niño y joven sin excepción.
La transformación digital de la educación michoacana apenas comienza con esta iniciativa. Celebremos los avances conseguidos, señalemos con honestidad las limitaciones que persisten y propongamos mejoras concretas y viables. Pero, sobre todo, mantengamos la presión ciudadana organizada para que las autoridades cumplan su responsabilidad constitucional de garantizar el derecho a aprender de todas y todos, y rindan cuentas sobre el impacto real de cada programa implementado.
Sigamos comprometidos con la educación, por un Michoacán donde cada estudiante, sin importar su origen, ubicación geográfica o condición socioeconómica, tenga las herramientas necesarias para soñar sin límites, aprender con excelencia y transformar su realidad. Por un Michoacán donde la educación sea verdaderamente el motor de la paz, la justicia y el desarrollo que tanto necesitamos.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
