JUVENTUD: PRIMERO LAS CAUSAS, DESPUÉS LOS CASTIGOS

El 11 de noviembre de 2026 el Congreso de Michoacán archivó la iniciativa que pretendía juzgar como adultos a los adolescentes mayores de catorce años cuando se les acuse de homicidio doloso, secuestro, delincuencia organizada o delitos con drogas sintéticas y fentanilo.

Presentada en diciembre de 2025, tras el asesinato del  presidente municipal de Uruapan a manos de un joven de diecisiete años, la propuesta pretendía además suprimir, en ciertos supuestos, la inimputabilidad absoluta de quienes tienen menos de doce. Pasó once meses congelada y murió con un dictamen que la declaró improcedente, contraria a la Constitución y a los tratados internacionales. La pregunta de fondo sobrevive: qué hace una sociedad con los adolescentes que delinquen y, sobre todo, con los que aún no cometen delito alguno.

El dolor detrás de la propuesta es genuino. El 24 de marzo de 2026 una maestra y la coordinadora académica de una preparatoria de Lázaro Cárdenas fueron asesinadas por un estudiante de quince años, a quien en julio un juez especializado impuso tres años de internamiento y la reparación del daño. Cualquier madre y cualquier docente sienten corta esa medida frente a dos vidas.

Entender esa indignación es obligatorio; convertirla en política penal, sin evidencia y sin competencia legal, es irresponsable. Tras aquel crimen el mismo diputado declaró que el adolescente merecía la pena de muerte, el gobernador del estado anunció presentar una iniciativa semejante ante el Congreso de la Unión y, en el debate del miércoles 11, otro legislador defendió endurecer las consecuencias. La tentación punitiva rebasó a un solo diputado.

A ello se suma la procedencia de la iniciativa. Quien propone castigar a los adolescentes preside la Comisión de Educación del Congreso del Estado, la instancia llamada a armonizar la Ley Estatal de Educación con la Ley General de Educación de 2019, a citar a cuentas a los funcionarios del sector, a revisar la glosa de la cuenta pública educativa y a exigir indicadores. Sin noticia pública de comparecencias, de glosa, de una ley armonizada, de acciones contra el abandono escolar o de cuentas claras sobre aviadores, infraestructura y transferencias, la energía legislativa se fue a castigar los efectos mientras las causas siguieron intactas. Así se mira a la niñez y la juventud de Michoacán: primero el castigo, después, quizá, la escuela.

Los datos desmienten la imagen de una oleada de adolescentes criminales. El censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 51 causas penales de adolescentes en Michoacán durante 2024, poco más de cuatro al mes, frente a 5 mil 329 en todo el país. La Fiscalía General del Estado contabiliza catorce homicidios cometidos por adolescentes entre 2018 y septiembre de 2025. En sentido contrario, la Red por los Derechos de la Infancia en México registró 749 niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio en Michoacán entre 2015 y enero de 2025, y Mexicanos Primero Michoacán contó 120 asesinatos de menores solo en el ciclo escolar 2024-2025. Aun con periodos distintos, la proporción supera cincuenta a uno: en Michoacán los adolescentes son víctimas mucho más que victimarios.

El puente entre ambas cifras tiene nombre, reclutamiento. El informe que la Red por los Derechos de la Infancia publicó en octubre de 2025 documentó 4 mil 449 delitos imputados en 2023 a menores vinculados con la delincuencia organizada en Michoacán, frente a 3 mil 994 en 2019. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos advierte que el reclutamiento se ha duplicado, la Fiscalía rescató en junio a siete adolescentes captados con falsas ofertas de empleo y se estima en 200 mil el número de niñas, niños y adolescentes en riesgo en el país. Sin embargo, según un análisis publicado en junio de 2026, el Código Penal de Michoacán carece de un delito autónomo de reclutamiento forzado. El Estado juzga al reclutado, pero aún carece de un tipo penal para el reclutador.

Detrás de esas cifras hay una juventud sin puertas. Michoacán tiene alrededor de 1 millón 165 mil personas de 15 a 29 años. En el país, 864 mil 308 estudiantes abandonaron la escuela durante el ciclo escolar 2024-2025, 639 mil 562 de ellos en bachillerato. La Secretaría de Educación Pública dejó de actualizar la cifra oficial de abandono desde el ciclo 2023-2024. En primaria Michoacán registra abandono escolar de 2.2 por ciento, más de tres veces el promedio nacional de 0.6. La cobertura de educación básica cayó de 94 a 89 por ciento en una década, 19 por ciento de los mexicanos de 18 a 24 años ni estudia ni trabaja, según la OCDE y la informalidad laboral alcanzó 55.2 por ciento en mayo de 2026. A quien sale de la escuela, el mercado le ofrece precariedad y el crimen organizado le ofrece sueldo y pertenencia.

Las escuelas que deberían sostener a esa generación funcionan en condiciones indignas. Desde Mexicanos Primero Michoacán documentamos que el ciclo escolar sigue marcado por interrupciones constantes debido a la violencia, el calor, las protestas, la infraestructura y la falta de maestros.

El gobernador reconoció 300 aviadores en la nómina docente y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia carece de recursos extraordinarios para tomar medidas escolares, pues las acciones anunciadas ya existían.

Con ese contexto, la iniciativa naufraga en cuatro puntos. El primero es jurídico: la Constitución establece en su artículo 18 un sistema integral de justicia para personas de doce años cumplidos y menos de dieciocho, regulado por una ley nacional, de modo que el Congreso local solo puede enviar propuestas al federal, por lo que, el dictamen concluyó que equiparar ese sistema con el de adultos sería regresivo y contrario al interés superior de la niñez. El segundo es probatorio: un panel independiente de servicios preventivos comunitarios, apoyado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, revisó dos décadas de estudios y halló que enviar adolescentes al sistema de adultos suele aumentar la violencia posterior, con alrededor de 34 por ciento más detenciones que entre quienes permanecen en justicia juvenil. El tercero es lógico: si el crimen recluta menores porque la pena es menor, endurecerla desde los catorce años lleva al reclutador a buscar niños de doce, de diez o de ocho. La respuesta correcta es tipificar y castigar al reclutador. El cuarto es de proporción: legislar para 51 expedientes anuales mientras se desatiende a más de un millón de jóvenes es una pésima asignación de atención pública. Discutir la proporcionalidad del internamiento en delitos gravísimos es legítimo, pero corresponde a la Federación y exige evidencia, sin lugar para la venganza.

Si Michoacán insiste en preferir el castigo a la prevención, la primera afectada es la propia infancia. Quienes abandonan la escuela quedan a merced del reclutamiento, y los reclutados terminan como autores materiales de delitos, como víctimas de homicidio o como desaparecidos. En segunda instancia resultan afectadas las familias, que pierden hijos, ingresos y tranquilidad, las maestras y los maestros, que trabajan con miedo y sin condiciones, y las víctimas de los delitos, a quienes un sistema que castiga sin prevenir deja con la misma ausencia. En última instancia pierde la sociedad entera: una entidad con una generación expulsada de las aulas y empujada a la informalidad o a la violencia ve mermadas su productividad, su recaudación y su cohesión, y erosiona la legitimidad de instituciones que prometieron justicia y entregaron revancha.

Para cambiar el rumbo propongo seis medidas. Primero, tipificar en el Código Penal de Michoacán el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes, con agravantes para quien los capte mediante engaños o redes sociales, y crear un programa estatal de rescate y desvinculación. Segundo, armonizar de una vez la Ley Estatal de Educación con la Ley General y con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mayo de 2022, con calendario público, consultas a minorías, pueblos originarios y audiencias con docentes, familias y organizaciones civiles. Tercero, instalar comparecencias trimestrales de los funcionarios educativos, realizar la glosa de la cuenta pública y ordenar una verificación física de plazas para erradicar el aviadurismo. Cuarto, crear un sistema de alerta temprana contra el abandono en secundaria y bachillerato, con tutorías, becas vinculadas a la permanencia y búsqueda activa de quienes dejan las aulas, y publicar cada trimestre matrícula y abandono escolar por municipio. Quinto, levantar un censo público de infraestructura escolar, con prioridad para planteles sin clave, agua, baños o conectividad, y etiquetar en el presupuesto de 2027 los recursos para atenderlo. Sexto, reforzar las medidas alternativas a la privación de la libertad y la reinserción educativa y laboral de adolescentes en conflicto con la ley, con psicólogos escolares y acuerdos con empresas para primeros empleos.

La sociedad michoacana evaluará los actos de sus jóvenes de todos modos; la  pregunta es si lo hará en un aula, dándoles la oportunidad en un examen de conocimientos o en un expediente judicial. Nuestros jóvenes merecen condiciones para alcanzar sus sueños y aspiraciones más legítimas.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en X en @Erik_Aviles

Visita nuestro portal electrónico oficial: www.mexicanosprimeromichoacan.org

*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.

 

- Advertisement -spot_imgspot_img
Noticias Recientes
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Noticias Relacionadas