El veinticuatro de junio pasado, en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, el titular federal de la SEP, la aún entonces titular de la SEE y los representantes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación firmaron una minuta. La fotografía protocolaria, sin embargo, oculta una cifra que merece leerse con la misma atención que se dedica a los discursos de conciliación.
Cuando se cruzan los puntos de esa minuta, difundida por vía digital por la CNTE azul en Michoacán, con el Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiséis, aprobado mediante la Gaceta Parlamentaria número ochenta y siete C del siete de diciembre de dos mil veinticinco, queda claro que lo firmado aquella tarde no fue solamente una tregua sindical sino un compromiso financiero de largo alcance que recaerá, en última instancia, sobre las aulas michoacanas.
La representación de la Sección Dieciocho llegó a la mesa con tres exigencias de fondo que trascienden lo salarial y tocan la arquitectura misma de la seguridad social del magisterio. La primera fue demandar la abrogación de la Ley del ISSSTE de dos mil siete, a la que el gremio atribuye un tránsito hacia un modelo de cuentas individuales que considera lesivo para la base trabajadora. La segunda fue reclamar la abrogación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, señalada por presuntas afectaciones a los derechos escalafonarios construidos durante décadas de antigüedad sindical.
La tercera obtuvo una respuesta gubernamental concreta cuando los gobiernos federal y estatal ratificaron su compromiso de respetar la vida interna del sindicato y mantener una interlocución permanente con su dirigencia. Estas tres banderas, aunque no todas se tradujeron en compromisos jurídicos inmediatos, trazan la ruta de negociaciones futuras y anticipan que el capítulo de seguridad social del magisterio michoacano está lejos de cerrarse.
Más allá del debate normativo, la minuta contiene compromisos operativos que también implican gastos. El punto once establece la instalación de mesas técnicas para el treinta de julio próximo, donde se atenderán incidencias de justicia administrativa y escalafonaria que incluyen la entrega de Formatos Únicos de Personal para plazas de base, la expedición de órdenes de adscripción de carácter ilimitado, procesos de reubicación de pago para personal desplazado, recategorizaciones de clave conforme al nivel educativo desempeñado y la asignación de plazas estatales para el personal de apoyo y asistencia a la educación.
El punto doce, por su parte, ya fue formalizado como un proceso de regularización laboral para quienes desempeñan funciones directivas sin contar con la clave presupuestal correspondiente, priorizando los movimientos realizados con anterioridad a la ley vigente bajo el argumento de otorgar certeza jurídica y reconocimiento de antigüedad. Cada regularización, cada recategorización y cada plaza de nueva creación presiona todavía más una nómina que ya absorbe la porción más rígida del gasto público estatal.
El Presupuesto de Egresos de Michoacán para dos mil veintiséis asciende a 107 mil 884 millones 611 mil pesos, un incremento nominal del nueve por ciento respecto del año anterior. De esa bolsa total, la Secretaría de Educación en el Estado recibe 33 mil 796 millones 729 mil pesos.
El dato más revelador no está en los techos presupuestales, sino en su composición interna. La mayor parte del incremento presupuestal aprobado para educación no llega en forma de pizarrones digitales, laboratorios de ciencias o conectividad rural, sino que se destina a sostener una nómina cuya rigidez estructural deja cada vez menos margen para decidir sobre la calidad del servicio educativo que reciben las niñas, niños y jóvenes de Michoacán.
La viabilidad financiera de esta nómina depende en buena medida del Convenio U080, el mecanismo de coparticipación federal para el pago de la nómina educativa estatal. Para el ejercicio dos mil veintiséis, el Gobierno del Estado gestionó ante la Federación una aportación de 4 mil 580 millones de pesos, cantidad que corresponde únicamente al treinta y cinco por ciento de la carga financiera total. El resto, es decir, aproximadamente el sesenta y cinco por ciento del costo de la nómina magisterial, recae directamente sobre las finanzas estatales.
La propia Secretaría de Finanzas y Administración reconoce la complejidad técnica de avanzar hacia una federalización total y ha fijado como meta un modelo paritario de cincuenta y cincuenta, aspiración que hasta ahora permanece distante. Lo más delicado es que este convenio no está presupuestado de origen, sino que depende de una negociación anual con la Federación, de manera que cualquier desajuste en la ministración de recursos federales se traduce de inmediato en presión sobre el flujo de efectivo del estado y, por extensión, en riesgo latente para el cumplimiento puntual de los propios compromisos adquiridos en la minuta.
El salario nominal de un profesor de primaria ha seguido una trayectoria ascendente y acelerada a lo largo de los últimos sexenios. De los 9 mil 580 pesos mensuales que percibía durante la administración de Felipe Calderón, la cifra pasó a 11 mil 952 pesos con Enrique Peña Nieto, después a 17 mil 952 pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hoy alcanza 20 mil 351 pesos mensuales con Claudia Sheinbaum
A ese salario base se suman veintidós bonos extra salariales históricos cuyo costo conjunto asciende a mil 437 millones de pesos anuales, entre los que destacan el Bono de Fortalecimiento CPC con 209 millones 949 mil pesos, el aguinaldo con 288 millones 76 mil pesos, el Estímulo a la Superación Educativa con 139 millones 818 mil pesos, el Bono Estatal de Productividad con 96 millones 25 mil pesos, el Bono de Recuperación Salarial con casi 91 millones de pesos y el Bono de Ajuste con más de 35 millones de pesos. Al contrastar esta cifra con el incremento de 2 mil 500 millones de pesos asignado a la Secretaría de Educación, se advierte que más de la mitad de ese aumento, en concreto más del cincuenta y siete por ciento, se destina únicamente a absorber compensaciones ya existentes.
Todavía queda pendiente de resolución el incremento de diez días al Bono del Día del Maestro y la aspiración sindical de alcanzar los noventa días de aguinaldo, puntos que la propia minuta reconoce que permanecen en fase de análisis y sin costo definido.
El componente de bienestar social pactado en la minuta es igualmente ambicioso. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla una inversión en salud de 7 mil 500 millones de pesos para infraestructura hospitalaria destinada a los derechohabientes del ISSSTE, recursos que financiarán obras concretas como la habilitación de quirófanos en el Hospital Vasco de Quiroga, nuevas unidades médicas en Huandácareo y Tarétan, el rescate del Hospital de Atapaneo y la incorporación de sesenta y nueve especialistas junto con ochenta y cuatro camas hospitalarias eléctricas. ¿Cómo leer la intención de la CNTE de tomar partido en la construcción de obra pública en Michoacán, un estado en donde han estado cuestionadísimas muchas obras públicas por acusaciones de corrupción, de la participación de prestanombres y cuestiones prácticamente de carácter delictivo?
A ello se suma el decreto presidencial en materia de FOVISSSTE, firmado el treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco con efectos retroactivos al primero de enero de ese año, que congela saldos impagables, otorga quitas, reduce tasas de interés y condona adeudos de vivienda para cuatrocientos mil trabajadores en todo el país, de los cuales doscientos cuarenta mil son docentes y seis mil sesenta residen en Michoacán. El Fondo de Pensiones para el Bienestar garantiza además una jubilación equivalente al cien por ciento del último salario percibido para quienes ganan hasta 17 mil 364 pesos, mediante un esquema de complemento financiado por un fideicomiso federal.
El propio dictamen presupuestal reconoce, en su Exposición de Motivos, los riesgos que acompañan esta arquitectura de gasto. Los ingresos de origen federal representan el 90.46 por ciento de los recursos totales del estado, lo que expone a Michoacán a cualquier ajuste en la Recaudación Federal Participable. La base tributaria estatal permanece concentrada en un sector agropecuario que aporta el ochenta por ciento de las exportaciones estatales y que resulta vulnerable a sequías e inundaciones. La rigidez del gasto en servicios personales, sumada al pasivo pensionario, limita la capacidad de respuesta ante contingencias económicas futuras. Y el Convenio U080, columna vertebral del financiamiento de la nómina, sigue sin estar presupuestado de origen, lo que lo convierte en una promesa anual renovable y todavía no en una certeza estructural.
En este entramado de compromisos firmados y riesgos reconocidos pero no resueltos, los verdaderos afectados son quienes no estuvieron sentados en el Salón Benito Juárez: los estudiantes que necesitan ciclos escolares completos, laboratorios, conectividad y escuelas dignas antes que bonos adicionales, los contribuyentes michoacanos que sostienen con sus impuestos una nómina cada vez más rígida y la propia competitividad del estado, hoy relegada a los últimos lugares del ranking nacional.
Por ello, desde Mexicanos Primero Michoacán llamamos al Congreso del Estado a exigir la publicación de un costo total y verificable de cada compromiso pactado en esta minuta y a la sociedad civil michoacana a exigir que cada peso adicional destinado al magisterio venga acompañado de una rendición de cuentas pública sobre su impacto real en las aulas. El presupuesto educativo no puede seguir siendo un instrumento de pacificación sindical mientras sigue siendo una promesa incumplida para la niñez que espera, todavía, una educación universal, inclusiva, de excelencia, gratuita y laica.
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