Hoy, mientras la mayoría de las familias michoacanas todavía disfrutan los últimos días de vacaciones, miles de maestras, maestros, directoras y directores de educación básica están de vuelta en sus centros de trabajo. El calendario oficial publicado por la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación fija del lunes 24 al viernes 28 de agosto la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), el espacio en el que, en teoría, los colectivos docentes diagnostican cómo dejaron a sus alumnas y alumnos el ciclo anterior, planean la enseñanza del que está por comenzar y organizan la logística —inscripciones, infraestructura, útiles, seguridad— para que el lunes 31 de agosto, cuando regresen presencialmente preescolar, primaria y secundaria, todo esté listo.
El CTE, cuando funciona, es una de las pocas herramientas genuinamente poderosas que tiene el magisterio para transformar sus escuelas desde adentro. Cuando no funciona —cuando se convierte en una firma de lista de asistencia, en un acta prellenada que se sube a la plataforma para cumplir el trámite, en una reunión que dura una hora en lugar de una semana completa— deja de ser planeación pedagógica y se convierte en simulación administrativa pagada con recursos públicos.
La semana de regreso de personal antes que de estudiantes es, por diseño, una ventana de bajo escrutinio. Las familias no están en las escuelas, los medios están enfocados en la cuenta regresiva del ciclo escolar y no en lo que ocurre puertas adentro de los planteles, mientras que, las estructuras gremiales y administrativas saben que tienen días de relativa opacidad antes de que la comunidad educativa regrese completa y empiece a preguntar. En ese margen se han documentado, en Michoacán y en el resto del país, al menos cuatro patrones que merecen nombrarse.
El primero es el de las plazas fantasma, conocido coloquialmente como “aviadores”: personal que cobra un salario sin cumplir función real, adscrito en el papel a escuelas donde nunca se presenta, sostenido por la opacidad de la nómina y, con frecuencia, solapado tanto por autoridades como por estructuras gremiales. En julio de este año, la Fiscalía del Estado de México detuvo a más de treinta exfuncionarios de la Secretaría de Educación estatal por operar una red que, únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026, obtuvo de forma ilícita más de 96 millones de pesos registrando a personas como docentes con expedientes incompletos y adscripciones a planteles inactivos o inexistentes. Michoacán no es inmune a este patrón: hace algunos años se desmanteló aquí mismo una red de venta ilegal de plazas que llegó a exigir hasta 300 mil pesos por una posición docente que, en muchos casos, nunca se entregó, con víctimas amenazadas cuando intentaron denunciar.
Que hoy la autoridad estatal presuma, con razón, cinco años consecutivos de ingreso transparente por examen Ceneval a las Escuelas Normales es una buena noticia y debe reconocerse; pero un proceso de ingreso limpio en calidad de estudiantes a un sistema educativo no cierra la puerta trasera de la formación docente y de su ingreso al servicio profesional, a las permutas, los cambios de adscripción y las promociones, tanto verticales como horizontales, que se resuelven todos los años, casi sin ojos encima.
El segundo patrón es el cobro de cuotas que dejan de ser voluntarias en la práctica y se convierten en condición de facto para inscribir, entregar documentos, boletas o certificados. La Constitución es inequívoca: la educación básica que imparte el Estado es gratuita. Ninguna cuota escolar, por acostumbrada que esté, puede condicionar el derecho de una niña o un niño a inscribirse. Y sin embargo, cada agosto se repiten los mismos reportes de padres de familia a los que se les exige el pago de la cuota antes de formalizar la inscripción, hecho particularmente severo en los subsistemas que atienden a la población más marginada, donde paradójicamente se han documentado algunas de las cuotas “voluntarias” más altas.
El tercer patrón es el monopolio comercial dentro del plantel: directivos que conceden en exclusiva la venta de uniformes, papelería o alimentos a un proveedor determinado, prohibiendo de facto que las familias busquen opciones más económicas, a cambio de una comisión que nunca aparece en ningún estado de cuenta escolar. Y el cuarto, quizá el más silencioso porque no deja rastro documental fácil de auditar, es la simulación pura del proceso de planeación: consejos técnicos que se realizan en dos horas en lugar de cinco días, diagnósticos copiados del ciclo anterior, programas analíticos firmados sin haberse discutido colegiadamente y asambleas del programa La Escuela es Nuestra manipuladas para autorizar gastos de infraestructura que después no se comprueban.
Ninguno de estos cuatro patrones es exclusivo de Michoacán ni de este ciclo escolar. Son, lamentablemente, estructurales al sistema educativo mexicano. Pero es precisamente su carácter recurrente lo que debería quitarnos cualquier margen de indulgencia: no estamos ante hechos aislados que se puedan explicar como excepción, sino ante un patrón que se repite porque nadie —ni autoridad, ni sindicato, ni sociedad— ha cerrado sistemáticamente las rendijas por las que se cuela.
Cuando una plaza fantasma cobra un salario, ese dinero no financia un aula con menos alumnos por maestro, ni el mantenimiento del baño que no funciona, ni el material didáctico que nunca llega. El costo de oportunidad lo paga, siempre, un estudiante concreto que no tuvo el maestro, la infraestructura o el material que ese presupuesto debió comprarle. Cuando una cuota condiciona una inscripción, el filtro invisible que aplicamos es económico y sabemos exactamente a quién excluye primero: a la familia que menos tiene, en el municipio que menos recursos recibe, reproduciendo exactamente la desigualdad que la educación pública debería romper. Cuando un Consejo Técnico Escolar se simula, la escuela entera pierde su única oportunidad institucionalizada de diagnosticar con honestidad sus rezagos de aprendizaje, en lectura, matemáticas, ciencias o socioemocional y de diseñar una respuesta pedagógica pertinente; ese diagnóstico ausente se traduce, mes tras mes, en estudiantes que avanzan de grado sin las bases que necesitaban, en un rezago que se acumula silenciosamente hasta manifestarse, años después, como “abandono escolar”, trasladando la culpa de ello a las niñas, niños y jóvenes a quienes el Estado orilló a dejar de ejercer sus derechos educativos, revictimizándolos.
Así también, cada acto de corrupción o simulación que queda impune erosiona la legitimidad del magisterio honesto —que es la inmensa mayoría— frente a las familias y erosiona la confianza de las familias en que vale la pena exigir, participar y denunciar, para la mejora continua de la educación. Esto es, a la larga, tan corrosivo para el derecho a la educación como el desvío de un presupuesto: una comunidad que deja de creer que puede incidir en su escuela deja de vigilarla, y una escuela sin vigilancia ciudadana es una escuela más vulnerable a que el próximo ciclo la corrupción encuentre, de nuevo, las puertas abiertas.
Si nada de esto se corrige, el costo no se queda en las estadísticas fiscales de una auditoría que quizás nunca llegue. Se queda en el aprendizaje que una niña de tercero de primaria en Michoacán no adquirió porque su Consejo Técnico Escolar duró una hora, en el certificado que un padre de familia no pudo recoger porque no completó una cuota que la ley no le exige pagar y en la escuela cuyo techo sigue goteando porque la asamblea que debió aprobar su reparación fue, en realidad, una simulación de asamblea.
Por lo anterior, la Secretaría de Educación del Estado debe de publicar, escuela por escuela, la evidencia de que la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar efectivamente ocurrió los cinco días completos, con actas firmadas por el colectivo docente y no solo por la dirección, disponibles para consulta ciudadana en un portal abierto, tal como ya se hace y debe reconocerse, con los resultados del examen Ceneval de las Escuelas Normales.
Las supervisiones escolares deben redoblar esfuerzos para realizar, durante esta misma semana, la mayor cantidad de visitas de verificación presencial, con un formato público de hallazgos que distinga entre incidencias menores y faltas que ameriten inicio de procedimiento administrativo, incluyendo la revisión de nómina contra personal efectivamente presente.
Quedan pocos días, en los que miles de maestras y maestros michoacanos están discutiendo cómo mejorar el aprendizaje de sus alumnos, revisando materiales o acondicionando aulas, sin que nadie los esté vigilando ni tampoco reconociendo. A ellos y ellas les debemos brindar el beneficio de la confianza y, sobre todo, condiciones dignas de trabajo que no dependan de tolerar o normalizar lo que unos cuantos hacen mal.
Y les debemos, sobre todo, a las niñas, niños y adolescentes de Michoacán, titulares de un derecho humano que no admite condicionamientos ni simulaciones, que esta última semana de vacaciones termine con la certeza de que alguien, en algún lugar de la estructura educativa, decidió que este ciclo escolar sí sería distinto. Que el Consejo Técnico Escolar fue planeación real y no trámite. Que la inscripción fue gratuita de verdad. Que el uniforme se compró donde la familia quiso. Y que, si algo salió mal, hubo un canal para decirlo y una autoridad dispuesta a escuchar y a resolver. Que esta última semana de vacaciones sea, para variar, la semana en que el sistema educativo michoacano decidió no simular y sí hacer el cambio, antes de que sea demasiado tarde.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
