Este lunes arrancó un ciclo escolar con problemas estructurales acumulados y una realidad que a nadie puede tenernos satisfechos. Se informó que, las escuelas de los 113 municipios abrieron sus puertas a un millón 247 mil 021 niñas, niños y jóvenes para el ciclo escolar 2025-2026, atendidos por 83 mil 493 docentes en 12 mil 795 planteles.
Esta afirmación categórica, que inició un nuevo ciclo escolar en todo Michoacán sin excepción, se desmorona ante la evidencia documentada. Veamos: de acuerdo con el Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa, sito en https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ en el Ciclo Escolar 2019 – 2020 se tenía una matrícula en Michoacán de Ocampo de 1 millón 292 mil 107 estudiantes, la cual descendió a 1 millón 268 mil 784 en el Ciclo Escolar 2020-2021, mientras que para el ciclo siguiente cayó aún más hasta llegar a 1 millón 231 mil 818 estudiantes, pero en el Ciclo Escolar 2022-2023 repuntó hasta 1 millón 263 mil 824 alumnos. Para el Ciclo Escolar 2023-2024 el crecimiento fue mínimo, al subir hasta 1 millón 267 mil 647 estudiantes. Lo verdaderamente grave viene en este cierre de ciclo escolar 2024-2025, en donde se reportan 1 millón 247 mil 021 estudiantes, ¡lo cual indica una pérdida de matrícula de 20 mil 626 estudiantes en la entidad federativa! ¿Dónde están? ¿Estarán con bien?
Esta cifra de estudiantes que ya no aparecen matriculados no es menor: además de ser la mitad del aforo del Estadio Morelos, representa más población que 60 municipios de Michoacán; así también, si tomamos las 200 localidades más pobladas de Michoacán de Ocampo, los estudiantes que faltan en el sistema educativo estatal para este arranque de ciclo escolar ocuparían el lugar 24.
Más aún, el supuesto repunte educativo en Michoacán en materia de combate al rezago educativo no se explica ni por políticas públicas extraordinarias de alfabetización o de educación de los adultos, ni tampoco por el incremento de atención a personas que se encuentran fuera del sistema educativo, toda vez que, no se ha superado la matriculación del Ciclo Escolar 2019-2020. Entonces, la única verdadera explicación se encuentra en el terreno de las razones demográficas, ninguna de ellas digna de presumirse: decesos, migración, asesinatos, muertes por COVID-19, fallecimientos en exceso en la pandemia, desplazamientos forzados, desapariciones, etcétera.
A ras de piso, también la realidad educativa michoacana cuenta una historia paralela. La Escuela Primaria de Iratzio no pudo iniciar clases debido a la falta de labores de mantenimiento preventivo y correctivo, con instalaciones tan deterioradas que existe incertidumbre sobre si tendrán que ser demolidas. En Tzintzimacato y otras comunidades se registraron ausencias masivas de maestros, por lo que los padres de familia emprendieron acciones colectivas.
Paralelamente, decenas de planteles en la geografía michoacana reportaron la ausencia de docentes que no llegaron en tiempo y forma, mientras las medidas de presión de diversas expresiones gremiales afectaron el normal desarrollo del arranque escolar. No olvidemos que, la gran mayoría de las personas que se movilizan respondiendo a las convocatorias de las expresiones gremiales están en la nómina educativa michoacana. Entonces, cada individuo que participó el martes en las protestas de la CNTE, que implicaron la toma parcial de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado, representa un costo de oportunidad expresado en un aula sin maestro, en personal de asistencia y apoyo a la educación faltante o incluso, en personal directivo, con funciones técnico-pedagógicas o de supervisión que está completamente ausente de sus funciones, al menos durante esa jornada laboral, en menoscabo de los derechos educativos de la población infantil y juvenil involucrada.
Para los estudiantes afectados, el actual ya no será un ciclo escolar completo, contradiciendo la narrativa de cobertura total que se insiste en mantener; ante estas evidencias documentadas se revela la desconexión entre el discurso y la realidad educativa que viven miles de niñas, niños y jóvenes michoacanos. Más aún: para miles y miles de niñas, niños y jóvenes, no habrá ciclo escolar. Por cada 97 estudiantes de primaria hay 3 niñas o niños que no están en las aulas; por cada 72 estudiantes de secundaria hay 28 jóvenes en edad de serlo que se encuentran desescolarizados; por cada 51 estudiantes de bachillerato hay 49 jóvenes fuera de sus aulas que deberían de estar en ellas, mientras que, por cada estudiante de educación superior hay tres jóvenes que deberían serlo y no están matriculados siquiera. Para todos ellos, sus derechos educativos son solo promesas hechas de saliva evaporada.
En cuanto al combate a los aviadores en la nómina magisterial, recientemente se dijo que cesaron a 100 maestros en Michoacán por documentación irregular, una medida presentada como ejercicio de transparencia administrativa que en realidad revela una planeación institucional cuestionable. Esta decisión plantea interrogantes fundamentales: ¿Por qué estas supuestas irregularidades documentales se detectaron precisamente al inicio del ciclo escolar y no durante los períodos vacacionales cuando su resolución no habría afectado la continuidad educativa? ¿Cuáles son exactamente las irregularidades documentales que justifican un cese masivo de tal magnitud? ¿Se garantizó el debido proceso laboral para cada uno de estos trabajadores o se trató de decisiones administrativas unilaterales? ¿Cómo planea la SEE cubrir la demanda educativa en los grupos que quedaron sin maestros por esta medida?
Una de las contradicciones más reveladoras del discurso oficial emerge cuando se hizo un llamado público a padres, madres de familia y directivos para que denuncien si en alguna escuela no llegan las y los maestros asignados. Esta declaración constituye una confesión implícita de no poseer la rectoría de las escuelas michoacanas.
Si la SEE en realidad controlara y supervisara efectivamente su sistema educativo, jamás necesitaría que los usuarios del servicio le informen sobre fallas operativas tan básicas como la presencia de maestros en las aulas. Este llamado revela una falta absoluta de sistemas de supervisión efectivos, pues evidencia que la SEE simplemente no sabe si sus maestros están llegando a las escuelas que supuestamente supervisa. Demuestra también una descoordinación administrativa total, ya que se entregan órdenes de adscripción sin establecer mecanismos mínimos de seguimiento y verificación. Finalmente, representa un traslado inadmisible de responsabilidades institucionales, convirtiendo a los padres de familia en supervisores no remunerados del sistema que debería funcionar por sí mismo.
La página web habilitada específicamente para este propósito, https://sisco.secoem.michoacan.gob.mx/quejas/interqueja.php se convierte así en el reconocimiento oficial de que el sistema educativo michoacano está desconectado de quienes lo dirigen. Es la confesión pública de que no se posee la rectoría de las aulas de Michoacán.
Por si fuera poco, los pendientes fundamentales del sistema educativo michoacano persisten y se agravan con cada ciclo escolar que pasa. Un primer problema estructural es que no se federaliza la nómina educativa, una demanda histórica que se arrastra desde hace décadas sin que ninguna administración estatal haya logrado resolverla efectivamente. Este problema se relaciona directamente con el segundo gran pendiente: faltan docentes en las aulas, una carencia que quedó dramáticamente evidenciada en el arranque actual con decenas de planteles sin maestros para iniciar el período lectivo. El tercer problema es que hay claramente aviadores en el sistema, es decir, personal que está fuera de las aulas, pero sigue cobrando como si estuviera cumpliendo funciones educativas. Más grave aún, existen casos documentados de personas que no están ni siquiera en esta nación y continúan cobrando como trabajadores de la educación, una situación que revela niveles de corrupción y descontrol administrativo que se debería haber erradicado hace mucho tiempo.
Paradójicamente, mientras se tolera esta corrupción evidente, se sanciona a personal que simplemente no puede presentarse en su centro de trabajo por estar bajo el dominio de la delincuencia organizada. Precisamente, se trata de dos municipios con sospechas fundamentadas de estar en manos de los cárteles delincuenciales: Tancítaro y Tacámbaro. La situación revelaría no solo la injusticia del sistema sino también la incapacidad del estado para proteger a sus propios trabajadores en zonas de alta conflictividad.
Finalmente, la escasísima cobertura en educación inicial, media superior y superior, así como las tasas de escolaridad precarias en preescolar y primaria, evidencian de manera contundente la falta estructural de maestros en todo el sistema educativo michoacano. Lograr cobertura universal desde educación inicial hasta educación superior implicaría la contratación de más de 75 mil maestros. Pero, en el Ciclo Escolar 2023-2024 se reportaron 84 mil 517 docentes, mientras que, para el cierre del Ciclo Escolar 2024-2025 y, el arranque del Ciclo Escolar 2025-2026, se mencionó la existencia de solamente 83 mil 493; es decir, mil 024 docentes menos en Michoacán, respecto al periodo anterior. ¿En verdad, con las cifras de tasa de escolarización imperantes, resulta pertinente reducir la cantidad de maestros en la entidad federativa?
En ese entorno, el ecosistema mediático local ha desarrollado una dinámica preocupante de reproducción de los comunicados sin contextualizarlos adecuadamente, cuestionarlos o contrastarlos con evidencia independiente. Esta práctica genera un bucle autocomplaciente, ajeno al escrutinio propio de una sociedad democrática.
En suma, el arranque del ciclo escolar 2025-2026 en Michoacán no cuenta con evidencias contundentes de que éste sea un nuevo comienzo esperanzador, no hay nuevas políticas públicas ni inversiones extraordinarias; sino que, por el contrario, prevalecen inercias de una continuidad agravada de problemas estructurales acumulados.
Sin embargo, aunque este ciclo escolar inicie con pendientes estructurales graves es imperativo que se aproveche efectivamente el tiempo disponible para regularizar las situaciones más críticas y resolver los conflictos más urgentes. Las niñas, niños y jóvenes michoacanos no pueden seguir esperando indefinidamente a que se resuelvan las afectaciones contra su derecho fundamental a la educación.
La controversia persistente entre las cifras y la situación problemática que se vive cotidianamente en las escuelas, así como el contraste evidente entre la lectura oficial de la realidad educativa y la narrativa propagandística que se construye desde las instancias de gobierno, no puede seguir siendo ignorada por una sociedad que aspira a ofrecer educación de excelencia como principal herencia para sus hijos y nietos.
Es necesario romper inercias que evocan a un eterno retorno, a un estancamiento profundo, en donde los sueños y aspiraciones de generaciones enteras son inmolados en aras del empantanamiento en la pobreza, la desigualdad, la migración, el hambre, la delincuencia y la violencia.
Mucho más allá de la vanagloria y la simulación, la educación se transforma con trabajo técnico riguroso, inversión sostenida en infraestructura y recursos humanos, diálogo genuino con todos los actores del sistema educativo y, fundamentalmente, zarpando con la honestidad institucional necesaria para reconocer que los problemas son profundos, estructurales, y requieren soluciones integrales.
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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
