La educación en Michoacán se encuentra en una encrucijada histórica. Después de décadas de gestión vertical, opaca y frecuentemente capturada por intereses corporativos, el sistema educativo estatal requiere una transformación profunda en sus mecanismos de gobierno. No se trata simplemente de mejorar la administración escolar o de incrementar el presupuesto educativo, aunque ambos elementos sean necesarios. El desafío es más fundamental: transitar de formas pretéritas y autoritarias de ejercer la autoridad hacia un modelo genuino de gobernanza participativa que coloque en el centro los derechos de niñas, niños y jóvenes michoacanos.
El Banco Mundial, a través de su proyecto Worldwide Governance Indicators, ha desarrollado un marco conceptual robusto para entender y medir la gobernanza en sus múltiples dimensiones. Este modelo define la gobernanza como las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país, incluyendo los procesos a través de los cuales se seleccionan, monitorean y reemplazan gobiernos, la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas sólidas, y el respeto de ciudadanos e instituciones hacia las normas que rigen las interacciones económicas y sociales.
Las seis dimensiones del modelo WGI ofrecen un prisma analítico particularmente útil para diagnosticar los males del sistema educativo michoacano. La primera dimensión, Voz y Rendición de Cuentas, mide el grado en que los ciudadanos pueden participar en la selección de sus autoridades, así como la libertad de expresión, de asociación y la existencia de medios libres. La segunda, Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, captura la percepción sobre la probabilidad de inestabilidad política o violencia con motivaciones políticas, incluido el terrorismo. La tercera dimensión, Efectividad Gubernamental, evalúa la calidad de los servicios públicos, la capacidad de la función pública, el grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de políticas y la credibilidad del compromiso gubernamental con dichas políticas.
La cuarta dimensión, Calidad Regulatoria, mide la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y regulaciones sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado. La quinta, Estado de Derecho, captura la confianza de los agentes en las reglas de la sociedad y su adhesión a ellas, particularmente la calidad del cumplimiento de contratos, los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad de crimen y violencia. Finalmente, Control de la Corrupción mide el grado en que el poder público se ejerce para beneficio privado, incluyendo tanto formas menores como mayores de corrupción, así como la captura del Estado por élites e intereses privados.
Cuando extrapolamos este modelo hacia el sistema educativo michoacano, el diagnóstico resulta preocupante en prácticamente todas las dimensiones. En términos de Voz y Rendición de Cuentas, las comunidades escolares han estado históricamente excluidas de las decisiones fundamentales sobre la educación de sus hijos. Los padres y madres de familia carecen de mecanismos efectivos para exigir cuentas a directores, supervisores o autoridades educativas estatales. Los consejos de participación social que han existido históricamente son, en la gran mayoría de los casos, estructuras formales sin poder real, cooptadas por directivos escolares o simplemente inoperantes. Los maestros comprometidos con la calidad educativa enfrentan estructuras sindicales verticales que privilegian la lealtad política sobre el mérito pedagógico. La opacidad en la información educativa es la norma: datos sobre aprendizajes, infraestructura, gasto por escuela o resultados de evaluaciones docentes son celosamente guardados o simplemente no se generan con rigor, trazabilidad y comparabilidad.
La dimensión de Estabilidad Política y Ausencia de Violencia adquiere características particulares en el contexto educativo michoacano. Los constantes conflictos magisteriales, los paros y movilizaciones que interrumpen el calendario escolar, las luchas intestinas entre facciones sindicales y la presencia del crimen organizado en diversas regiones del estado generan un ambiente de incertidumbre que erosiona sistemáticamente el derecho a aprender de las y los estudiantes. Cada ciclo escolar perdido, cada semana de clases cancelada por conflictos ajenos al aula, representa una violación flagrante al derecho humano a la educación. La violencia no es solo la que se ejerce con armas; también es violencia privar a una niña de Tierra Caliente o de la región Purépecha de, al menos, los 180 días de clase que la ley le garantiza.
Respecto a la Efectividad Gubernamental, el sistema educativo michoacano exhibe fallas estructurales profundas. La Secretaría de Educación en el Estado ha operado históricamente con capacidades técnicas limitadas, alta rotación de funcionarios, débil institucionalidad y frecuente subordinación a intereses políticos y sindicales. La formulación de políticas educativas raramente se basa en evidencia rigurosa o en consultas amplias con expertos, maestros y comunidades. La implementación es errática, sin mecanismos robustos de seguimiento y evaluación. Programas educativos se anuncian con bombos y platillos, pero se abandonan al cambio de administración o simplemente nunca llegan efectivamente a las aulas. La función pública educativa está plagada de personal sin el perfil adecuado, nombrado por criterios políticos o sindicales antes que por competencia profesional.
La Calidad Regulatoria en el ámbito educativo michoacano es igualmente deficiente. Las regulaciones existentes son frecuentemente contradictorias, obsoletas o simplemente no se aplican. Los mecanismos para garantizar la calidad de las escuelas privadas son laxos o corrompibles. Las normas sobre infraestructura escolar se incumplen sistemáticamente, con planteles que operan en condiciones insalubres o peligrosas. Los procedimientos para la asignación de plazas docentes, aunque reformados en papel a nivel federal, siguen capturados en la práctica por redes de corrupción y clientelismo. La innovación pedagógica y la experimentación educativa encuentran trabas burocráticas insuperables.
El Estado de Derecho en el sistema educativo michoacano es quizá la dimensión más erosionada. Las leyes y reglamentos educativos se aplican selectivamente, dependiendo del poder político del infractor. Los derechos laborales de los maestros se respetan de manera desigual, favoreciendo a quienes tienen protección sindical y dejando en la indefensión a docentes honorarios o interinos. Los derechos educativos de los estudiantes, constitucionalmente garantizados, se violan cotidianamente sin consecuencia alguna para los responsables. Contratos para obra pública educativa, adquisición de materiales o servicios, históricamente se otorgan sin procesos transparentes. Las sentencias judiciales o las recomendaciones de organismos de derechos humanos relacionadas con violaciones al derecho a la educación frecuentemente no se ejecutan.
Finalmente, el Control de la Corrupción representa uno de los desafíos más graves del sistema educativo michoacano. Desde el desvío de recursos del programa de alimentación escolar hasta la venta de plazas docentes, desde la simulación en la entrega de materiales educativos hasta las «cuotas» ilegales que muchas escuelas cobran a familias en situación de pobreza, la corrupción permea el sistema en todos sus niveles.
La transición hacia un modelo genuino de gobernanza educativa es una obligación ética y jurídica. Un Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación debidamente constituido, articulado a nivel escolar, municipal y estatal, operando efectivamente podría transformar radicalmente la gobernanza del sistema educativo michoacano en cada una de las seis dimensiones identificadas por el Banco Mundial. En la dimensión de Voz y Rendición de Cuentas, este organismo funcionaría como un espacio institucional donde converjan las voces de todos los actores educativos: maestros comprometidos con la calidad, padres y madres de familia organizados, académicos e investigadores, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes de niveles medio superior y superior, empresarios interesados en la vinculación educación-empleo, y autoridades educativas estatales. Esta pluralidad garantizaría que las políticas educativas reflejen perspectivas diversas y no solo los intereses de grupos de poder tradicionales.
El consejo debería operar con transparencia radical, publicando todas sus sesiones, acuerdos, estudios y recomendaciones en formatos accesibles. Sus integrantes rendirían cuentas públicamente sobre sus gestiones y resultados. Pero más importante aún, el consejo se convertiría en un mecanismo para que la autoridad educativa rinda cuentas efectivas a la sociedad. Al generar información rigurosa sobre el estado del sistema educativo, al monitorear el cumplimiento de metas y compromisos, al dar seguimiento a la implementación de políticas, el consejo empoderaría a las comunidades escolares para exigir sus derechos y para participar informadamente en las decisiones que afectan la educación de sus hijos.
En la dimensión de Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, un consejo con legitimidad social y técnica podría fungir como espacio de diálogo y construcción de acuerdos que reduzcan la conflictividad que tanto daño causa al calendario escolar. Al incorporar legítimamente diversas perspectivas, incluidas las del magisterio democrático y las comunidades, el consejo podría ayudar a canalizar institucionalmente demandas que de otra manera se expresan solo mediante paros y movilizaciones. Un consejo que trabaje en una agenda docente integral, que atienda las condiciones laborales, la formación continua y el desarrollo profesional del magisterio, contribuiría a reducir tensiones y a construir consensos básicos sobre el rumbo educativo del estado.
Particularmente relevante es el trabajo que este organismo podría desarrollar en torno al tema «educar y aprender en paz». Michoacán enfrenta problemáticas complejas de violencia que impactan directamente el ambiente escolar: desde el acoso entre estudiantes hasta la presencia de grupos criminales en comunidades escolares, desde la violencia intrafamiliar que afecta el aprendizaje hasta los conflictos comunitarios que cierran escuelas. Un consejo de participación escolar podría impulsar políticas integrales de convivencia pacífica, programas de mediación de conflictos, protocolos de seguridad escolar, y estrategias de educación socioemocional. Al involucrar a comunidades, autoridades municipales, organizaciones sociales y autoridades educativas en el diseño e implementación de estas políticas, se generaría una respuesta coordinada y culturalmente pertinente.
Respecto a la Efectividad Gubernamental, la contribución de un consejo bien diseñado sería invaluable. México y Michoacán han sufrido históricamente de adanismo, el síndrome de la administración sexenal: cada gobierno llega con sus propios programas, abandona lo anterior y pocas políticas tienen continuidad más allá del periodo administrativo. Un consejo de participación escolar con permanencia institucional más allá de los ciclos políticos podría dar continuidad a las políticas educativas que demuestren efectividad, independientemente de quién gobierne. Al participar en el diseño de políticas educativas basadas en evidencia, al establecer mecanismos rigurosos de seguimiento y evaluación y al generar recomendaciones fundamentadas, el consejo fortalecería significativamente la capacidad del gobierno estatal para formular e implementar políticas educativas.
¡Digamos sí a la gobernanza educativa!
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