El académico nicolaita y presidente de la academia de Derecho Agrario, Ramiro Peña, advirtió las contradicciones entre la Constitución y la Ley Agraria, tras la reforma de 1992
Casi 600 comunidades indígenas de Michoacán aun presentan problemas agrarios y de tenencia de la tierra, algunos de estos muy delicados, debido a títulos de propiedad «ensamblados» o por explotación irracional del bosque, advirtió Ramiro Peña Díaz, presidente de la Academia de Derecho Agrario de la Universidad Michoacana.
En rueda de prensa dio a conocer que la mayoría de estos conflictos están situados en pueblos de la Meseta Purépecha. La solución no debe ser solo en el ámbito jurídico, una vez finiquitado desde hace décadas el reparto agrario, sino ejecutar las resoluciones presidenciales, señaló el especialista el Derecho Agrario. Es deber del gobierno del estado, y debe preocuparse de ello, conciliar y resolver mediante este procedimiento estos asuntos para terminar con esa problemática de antaño, sugirió.
El académico nicolaita refirió, por otro lado, que a partir de la reforma agraria de 1992 «las cosas han cambiado» pues fue una reforma globalizadora » y hasta cierto punto reaccionaria» por la libertad que le da el artículo 27 constitucional a la ley reglamentaria que es la Ley Agraria ya que el Estado Mexicano y esta ley están permitiendo la concentración de la tierra en pocas manos: «y eso es muy grave», ya que recordó que todos los movimientos sociales han iniciado por la concentración de la riqueza y la globalización en el campo.
Y más grave aún es que la ley actual en la materia está permitiendo esa concentración, lo cual traerá repercusiones políticas, sociales, económicas y en un futuro próximo serán pocos los dueños de las grandes extensiones de tierra y la consecuencia es los movimientos sociales porque «cuando la tierra se concentra la libertad se sacrifica”, y se sacrificará la libertad de los productores y los campesinos, expuso.
Peña Díaz alertó que existe una gran contradicción entre la Constitución que establece que los latifundios se acabaron, y la Ley Agraria que abre libre posesión de superficies, lo cual calificó también de grave. Y en esto acusó que las organizaciones campesinas se han visto «hasta cierto punto sumisas», pues de su origen para defensa de los campesinos y comunidades rurales o indígenas ya no lo son.
