Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma señala que pretende favorecer a “grupos fácticos” en un contexto electoral
Integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), alertaron que el jefe del Ejecutivo del Estado, Silvano Aureoles Conejo en contubernio con la diputada morenista, Mayela Salas, pretenden “dar un albazo legislativo” con la aprobación de un dictamen que calificaron de “autoritario y regresivo” para una “ley antiambiental”, que consideraron pretende favorecer a “grupos fácticos” en un contexto electoral.
En rueda de prensa virtual, Carlos Olivares integrante de la citada organización, aseguró que el dictamen es “profundamente lesivo, regresivo y agresivo” contra los derechos sociales y además es autoritario y dañino para los ecosistemas michoacanos.
Explicó que la iniciativa vulnera derechos fundamentales del ser humano, tales como gozar de un ambiente sano, a la consulta y el principio de progresividad.
Manifestó que la iniciativa persiste en la privatización del medio ambiente, la desprotección de las áreas naturales protegidas y excluye al pueblo de conocer, debatir, rechazar o en su caso incorporar observaciones a las manifestaciones de impacto ambiental.
“Asimismo, el dictamen es regresivo porque privilegia medidas recaudatorias a costa de los derechos sociales con la aplicación del principio de el que afecta paga, permite a la agroindustria de aguacate y berries el uso de tecnologías destructivas como las mega ollas de agua y los agrotóxicos. Los daños de estas técnicas no pueden ser mitigados por lo que deberían ser estrictamente prohibidas”, señaló.
Aseguró que el propósito recaudatorio de la iniciativa, queda exhibido en la fracción III del artículo tercero, donde establece que busca “hacer compatible la generación de beneficios económicos con la conservación de los ecosistemas”, es decir, desde la óptica ambientalista, abre la puerta a la explotación indiscriminada del medio ambiente.
Señala que el dictamen considera instrumentos recaudatorios como la verificación vehicular, pago de seguros, por servicios ambientales, contribuciones por emisiones de gases de efecto invernadero, que se constituirán en el Fondo Ambiental del Estado, empero, no aclara la forma en que será administrado, privilegiando las necesidades financieras, por encima de la catástrofe ambiental.
