Con la creación de una comisión multidisciplinaria encargada de planear y coordinar su puesta en marcha antes del 1 de abril de 2027
El Poder Judicial de Michoacán, a través del Órgano de Administración Judicial, avanza en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) en el estado, con la creación de una comisión multidisciplinaria encargada de planear y coordinar su puesta en marcha antes del 1 de abril de 2027.
Conviene señalar que este nuevo órgano, dará continuidad a los trabajos de diseño y ejecución del Código que fueron previamente realizados por un grupo de trabajo creado por el extinto Consejo del Poder Judicial de Michoacán y que era integrado por magistrados, juzgadores y consejeros, quienes presentaron un Plan de Trabajo Marco a fin de cumplir con la encomienda de implementación.
La comisión multidisciplinaria quedó conformada por Magdalena Monserrat Pérez Marín, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial; Gabriela Manzo Ortiz, magistrada de la Primera Sala Civil Colegia de la región Morelia; Omar Alexandro Negrón Villafán, integrante del Órgano de Administración Judicial; Hill Arturo del Río Ramírez, director de la Escuela Estatal de Formación Judicial; y Vanessa Mirelle Ayala García, directora de Planeación Institucional.
Así como por Brenda Mariana Jiménez Castillo, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa; José Alfredo López Salgado, director del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CEDETIC); Alán Juan Rodríguez Manríquez, director de Administración; Carolina Contreras Coria, jueza Octavo Civil de Morelia; Julio Carrizales Torres, juez Segundo Oral Familiar de Morelia; y Luz de Guadalupe Salas Conde, coordinadora de Desarrollo de Software del CEDETIC.
Es importante destacar que eventualmente se designará a una persona coordinadora que recabará la información estadística necesaria, para los fines de su encargo, proveniente de los Juzgados de Primera Instancia Civiles y Familiares de todo el estado; asimismo, en apego a la política de austeridad y al cuidado de los recursos públicos, la participación de las personas integrantes será honorífica, por lo que no implicará remuneración adicional.
