Las instituciones argumentan que esto representa un agravio para las víctimas indirectas y atenta contra el derecho de acceso a la justicia
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito legal con el objetivo de impedir que se reduzcan las penas a feminicidas en México.
Este recurso, conocido como amicus curiae o “Amigo de la Corte”, fue entregado dentro del proceso de revisión del amparo relacionado con el feminicidio de Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre de 2020.
El responsable, Diego Urik Mañón Melgoza, fue condenado en primera instancia a 50 años de prisión, pero un tribunal redujo la pena a 42 años y 6 meses. Ante esto, los familiares promovieron un amparo que no prosperó, por lo que el caso llegó a la Suprema Corte.
Las instituciones argumentan que reducir las condenas en casos de feminicidio representa un agravio para las víctimas indirectas y atenta contra el derecho de acceso a la justicia.
Además, señalan que el feminicidio es un delito de gran impacto social y debe sancionarse con firmeza para enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.
Si la Suprema Corte resuelve a favor de este planteamiento, se sentaría un precedente que impediría reducciones de penas en feminicidios no sólo en Michoacán, sino en todo el país.
El documento está respaldado por el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, y el presidente de la CEDH, Josué Mejía Pineda, quienes reiteraron su compromiso de acompañar a las víctimas y fortalecer la justicia con perspectiva de género. RED 113 MICHOACÁN/Redacción
