Los actos de corrupción estarían relacionados con la construcción de la presa J. Múgica
Informes obtenidos por la Fiscalía de Perú revelan que, en el caso mexicano, la empresa brasileña Odebrecht no solo corrompió al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, sino también a otros funcionarios públicos, entre los cuales se incluyen a michoacanos.
La información no revela nombres de esos funcionarios, solo los alias que empleaba la contabilidad de Odebrecht para identificarlos. En el caso de México, además de Lozoya, se detectan los alias Pérsico, Océano, Xavier, Xavier 2 y Meninos.
Uno de esos términos está relacionado con una obra pública ejecutada por dicha empresa en Michoacán, y la única fue la construcción de la presa Francisco J. Múgica, en Nueva Italia, iniciada en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel y concluida en el de Leonel Godoy Rangel, en ese tiempo ambos perredistas y hoy encumbradas cabezas de la 4T: Batel es jefe de asesores del presidente López Obrador, y Godoy es diputado federal.
El periódico capitalino El Universal publica este miércoles como nota principal que no solo a Lozoya, sino a otros funcionarios públicos mexicanos, corrompió con sobornos Odebrecht, entre 2006 y 2011. La información tiene como sustento una investigación de Quinto Elemento Lab, y señala que fue producto de una solicitud de la Fiscalía peruana al gobierno brasileño, en relación con toda la carpeta de investigación que se le sigue a Odebrecht por actos de corrupción en diversos países.
En las declaraciones de funcionarios de Odebrecht, analizadas por la Fiscalía peruana, se revela el soborno por 105 millones de dólares a Emilio Lozoya, así como 25 pagos más por 9.2 millones de dólares a otros funcionarios mexicanos identificados por sus alias, pero se deja en claro que uno de ellos tiene que ver con una obra pública en el estado de Michoacán. No se especifica cuál ni el monto, pero por deducción se debe identificar la presa J. Múgica, dado que fue la única, hasta donde se sabe, en la que intervino la empresa brasileña.
Esa obra fue adjudicada de manera directa, sin licitación de por medio, por el gobierno de Cárdenas Batel a Odebrecht, inicialmente por un contrato de alrededor de 1,500 millones de pesos, pero que terminó costando el doble, debido a ampliaciones autorizadas por el gobierno de Godoy. La obra fue objeto de severos señalamientos por diversas irregularidades por la Auditoría Superior de Michoacán, aunque jamás se tradujeron en sanciones debido a la mayoría perredista que tenían en el Congreso del Estado los dos gobiernos estatales involucrados. Además, Conagua se negó varios años a recibir la presa, por sus graves deficiencias técnicas.
Investigaciones de organismos no gubernamentales, incluyendo al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, han evidenciado transferencias bancarias de Odebrecht a cuentas bancarias de funcionarios de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas radicadas en Andorra, aunque hay la presunción de que en realidad eran prestanombres de funcionarios de más alto nivel de los gobiernos de Batel y de Godoy.
Hasta ahora, jamás ha avanzado ninguna investigación oficial al respecto, pese a las amplias evidencias que hay al respecto.
