Reconoció el avance, pero insistió en que las autoridades deben actuar también contra quienes ordenaron las acciones represivas en el caso Arantepacua
Aunque la captura de seis implicados en el caso Arantepacua representa un paso importante, la justicia permanecerá incompleta mientras el exgobernador Silvano Aureoles Conejo no rinda cuentas por los hechos ocurridos durante su gestión.
Así lo expresó el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Guzmán Ulianov, quien reconoció el avance, pero insistió en que las autoridades deben actuar también contra quienes ordenaron las acciones represivas.
En ese contexto, afirmó que el exmandatario deberá enfrentar la ley por su papel en un gobierno que —aseguró— se distinguió por ejercer presión y violencia contra comunidades originarias.
“Debe ser detenido, juzgado y encarcelado Silvano Aureoles Conejo. Nosotros percibimos que durante su sexenio se reprimió a varias comunidades, no solamente a la comunidad de Arantepacua, sino también detuvieron a compañeros de Santa Fe de la Laguna al inicio de su mandato”, declaró.
El vocero también enfatizó que, aunque Arantepacua no forma parte del CSIM, existe disposición permanente de acompañamiento y apoyo a cualquier pueblo indígena en Michoacán.
De igual forma, sostuvo que Aureoles Conejo pasará a la historia como un gobernante que vulneró derechos colectivos y atentó contra la autodeterminación de los pueblos.
“El gobierno de Silvano Aureoles se distinguió por oponerse a las autonomías, como el autogobierno de Sevina; presentó varios recursos legales en contra de su autonomía y siempre apoyó a los grupos de choque que estaban en contra de su autonomía”, afirmó.
Ante este panorama, Guzmán Ulianov reiteró el llamado a profundizar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.
El exgobernador, actualmente prófugo, fue señalado como un perfil represor que ignoró sistemáticamente los derechos de autonomía y autogobierno indígena.
