Respecto al ámbito local, el índice de impunidad con cifras de 2024, ubica a Michoacán con un 67.68 %, colocándolo entre los estados con menor incidencia; en contraste, Jalisco presenta niveles cercanos al 100 %
El 93 por ciento de los delitos en el país no se denuncian, lo que contribuye a mantener altos niveles de impunidad, según la organización no gubernamental «México Evalúa».
El informe advierte que esta problemática está estrechamente ligada a la percepción y desempeño institucional, ya que el 63 por ciento de las víctimas no denuncia por causas atribuibles directamente a las autoridades.
El documento precisa que la impunidad, en el ámbito internacional, implica la ausencia de responsabilidad en distintos niveles —penal, civil, administrativa o disciplinaria—, así como la omisión en la investigación, procesamiento, juicio y sanción de quienes cometen violaciones a derechos humanos.
Respecto al ámbito local, el índice de impunidad por entidad, con cifras de 2024, ubica a Michoacán con un 67.68 por ciento, colocándolo entre los estados con menor incidencia. En contraste, Jalisco presenta niveles cercanos al 100 por ciento.
El análisis también expone una falla estructural en el sistema de justicia: las policías reciben 8.8 millones de reportes, pero las fiscalías estatales solo registran 2.15 millones de denuncias.
Para corregir esta brecha, se plantea reconocer los reportes policiales como el inicio formal del proceso penal.
Una vez dentro del sistema, el avance es limitado. Solo el 6.28 por ciento de las carpetas de investigación llega ante un juez, lo que evidencia un importante cuello de botella.
Este rezago se ha duplicado desde 2019, acumulando 2.6 millones de casos pendientes.
México Evalúa señala que existen rutas para disminuir la impunidad, como la articulación efectiva entre instituciones, una gestión orientada a resultados y el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Para atender el problema de fondo, propone cuatro líneas de acción: simplificar la denuncia y ampliar canales de atención; desarrollar una investigación inteligente con integración de información; reducir el rezago mediante metas claras y criterios eficientes; y privilegiar acuerdos rápidos que reparen el daño, avanzando hacia una justicia efectiva y colectiva.
