Cada peso destinado a los órganos castrenses ha sido un peso menos para las instituciones civiles: México Unido Contra la Delincuencia
Según la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el empoderamiento de las fuerzas armadas ha provocado, que del 2017 a la fecha, por lo menos 64 millones de pesos han sido sobre – ejercidos por las Secretarías de Defensa Nacional (SEDENA) y Marina Armada de México (SEMAR).
En su informe “El negocio de la militarización en México” revela un exponencial empoderamiento económico y político de las Fuerzas Armadas en el país y advierte sobre un alto nivel de sobre ejercicio de recursos, opacidad y riesgo de corrupción en el uso de presupuesto público por parte de instancias militares.
Señala que, por cada peso destinado a los órganos castrenses ha sido un peso menos para las instituciones civiles, lo que las debilita y genera un desequilibrio en las relaciones cívico-militares de las instituciones del Estado mexicano.
El informe, analiza el presupuesto aprobado y ejercido por las Fuerzas Armadas entre el 2006 y 2022, con el objetivo de detectar, entender y explicar sus asignaciones y modificaciones, así como su impacto político y democrático.
Demuestra que la militarización se ha convertido en un negocio, que ha retribuido económica y políticamente a las fuerzas armadas “en niveles sin precedentes”, a través de la reasignación de presupuestos públicos, principalmente a través del Poder Ejecutivo, para su propio beneficio, durante los últimos tres sexenios.
Añade que, en dicho periodo, mientras los recursos a cargo de la SEDENA, han crecido en forma exponencial, carteras civiles como el gasto de obra pública, la protección del medio ambiente, los subsidios al campo y los fondos federales destinados a la seguridad ciudadana, como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG), de los cuales, indica que, han disminuido o desaparecido.
Alerta que, en el último sexenio, la Guardia Nacional (GN) pese a ser, en el papel, declarada de carácter civil, se ha convertido en un medio para incrementar el presupuesto de la Policía Militar y Naval, así como para financiar los cuarteles y compensaciones de los cuerpos castrenses.


