El presidente de la Asociación pide modificaciones a la Ley de Obras Públicas Federales para dotar de herramientas legales las licitaciones
La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) demandó modificaciones a la Ley de Obras Públicas Federales para dotar de herramientas legales las licitaciones, de forma que se cuente con piso parejo para todas las constructoras.
Así lo dejó de manifiesto, Ricardo García de León Coria, presidente nacional del citado gremio empresarial, durante su visita a Michoacán, para inaugurar el Foro Nacional contra la Corrupción, “Análisis de las modificaciones a una nueva ley de obras públicas y su impacto en la reactivación económica en el sector de la construcción”.
“No mentir, no robar y no traicionar, son los preceptos que desde el gobierno de la república se vino impulsando una campaña importante en todos los mexicanos, especialmente en los que nos dedicamos a la obra pública, creímos que esto generaría un cambio, que habría un cambio automático el primero de diciembre, al entrar un gobierno federal con una nueva mística, con una nueva idea de hacer las cosas diferente, pero no visualizamos es que el cambio debe ser compartido, no podemos exigirle a un gobierno que acabe con la corrupción, sí se continúan con las prácticas de siempre”, indicó.
El líder empresarial nacional del ramo de la construcción, expuso que no se puede cambiar la dinámica de la corrupción, sí se continúa con las mismas prácticas, para beneficiar a unos cuántos, al ofrecer dádivas a cambio de la entrega de contratos.
Por ello, aseguró que es necesario que el gobierno federal, modifique y clarifique la entrega de concesiones a las constructoras.
Propuso a la federación la creación de 200 mil micro-contratos para las micro, pequeñas y medianas empresas constructoras de forma tal, que se generen más de 2 millones de empleos directos e igual número de indirectos, como una forma de palear la crisis económica, que ha dejado la pandemia sanitaria.
García de León Coria, expuso la necesidad de generar obra pública masiva, que permita emplear a albañiles, plomeros, carpinteros, entre otros, puedan generar ingreso para sus familias.
Demandó la eliminación de la discreción en la entrega de contratos, que se elimine la opacidad en las licitaciones y que toda obra tenga un anticipo obligatorio para su arranque, además de la creación de un observatorio ciudadano que compruebe la legalidad con la que se asigna una obra para evitar asignaciones directas a cambio de dádivas.
Para ello, consideró necesario eliminar las mañas y artilugios que engrosan el tema de la corrupción en la obra pública y las contrataciones, que impiden un crecimiento parejo de la nación.
