Sólo dos empresas se inscribieron para participar en la licitación; ambas son del viejo continente
De entre dos despachos auditores europeos saldrá el que practique la auditoría forense a la Cuenta Cargos por Aplicar de la contabilidad del gobierno del estado, en el lapso 2002 a 2014, ordenada por la Cámara de Diputados al Ejecutivo.
Respuesta conformó que sólo dos despachos se inscribieron para participar en la licitación con tal fin, proceso que ya concluyó. Una es la holandesa KPMG y la otra es la inglesa Ernst And Young.
De acuerdo con Google, se trata de dos de las firmas de despachos auditores más reconocidas del mundo. KPMG “es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, y de asesoramiento financiero y de negocio en 156 países”. Sus oficinas centrales se encuentran en Holanda y su presidente es John B. Veihmeyer y tiene en el mundo más de 123 mil empleados.
Ernst And Young, mundialmente conocida sólo como EY, “es una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo, que incluyen auditoría, impuestos, finanzas, contabilidad, servicios de cálculos, entre otros servicios similares”, también según Google. Su sede se encuentra en Londres, Inglaterra, y cuenta con 190 mil empleados en todo el mundo. Su director a partir de 2013 es Mark Weinberger.
Ninguna empresa auditora michoacana ni nacional se registró en la convocatoria que lanzó en los primeros días de este mes el Comité de Adquisiciones del Estado. Sólo las dos europeas mencionadas, por lo que obviamente alguna de ellas practicará la auditoría forense. El fallo se dará el 22 de este mes.
La Secretaría de Finanzas estima que entre 40 y 60 millones de pesos costará la realización de dicha auditoría, que irá al fondo de la manera en que operó la Cuenta Cargos por Aplicar que se inauguró en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, y que mantuvo vigente el de Leonel Godoy y el de Fausto Vallejo. Fue hasta la gestión encabezada por Salvador Jara Guerrero, que por instrucciones del Legislativo, se canceló de la contabilidad gubernamental.
Según han referido especialistas y documentado infinidad de reportajes periodísticos, a través de esa cuenta los gobiernos desviaban recursos federales a pesar de venir etiquetados, para resolver “problemas y urgencias financieras locales”.
Una auditoría forense no sólo despeja todas las dudas en ese sentido, sino que sugiere la aplicación de sanciones de tipo penal a los responsables de las irregularidades detectadas, en caso de darse.
