Trabajo infantil, violencia homicida, abandono educativo y crimen organizado configuran una crisis sistémica que las autoridades de Michoacán deben atender como emergencia de Estado
Este día convoca a México a celebrar a sus niñas, niños y adolescentes. En Michoacán, esa conmemoración colisiona con una realidad que contradice cualquier festejo superficial. Las infancias y juventudes michoacanas enfrentan un conjunto de crisis simultáneas y estructuralmente entrelazadas: explotación laboral, violencia homicida, abandono educativo, captación por parte del crimen organizado, migración forzada y acoso escolar en sus múltiples expresiones. Cada uno de estos fenómenos constituye, por sí solo, una violación a los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México desde 1990. En su conjunto, configuran una emergencia de Estado que exige respuestas con la misma urgencia, sistematicidad y recursos que cualquier otra crisis de seguridad o salud pública.
Cualquier celebración que carece de compromiso político es, en el mejor de los casos, una omisión y, en el peor, una simulación. La fecha del 30 de abril debe transformarse en un momento de diagnóstico honesto, exigencia ciudadana y voluntad gubernamental, y dejar de ser un escaparate de actos protocolarios que ocultan la magnitud de lo que se niega cotidianamente a las infancias michoacanas.
La primera y más extendida de las crisis es la del trabajo infantil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de 2022, Michoacán ocupa el quinto lugar nacional en este fenómeno, con una tasa de 18 por ciento de la población entre 5 y 17 años, cifra que supera en casi cinco puntos al promedio nacional de 13.1 por ciento. En términos absolutos, aproximadamente 213 mil menores michoacanos trabajan, lo que equivale a uno de cada cinco niñas y niños en el estado. La mayoría se desempeña en la informalidad, en campos agrícolas, comercios y labores domésticas, sin acceso a seguridad social, sin protección institucional y con jornadas que compiten directamente con la asistencia escolar. La implicación más directa de menores de edad trabajando es robarles su infancia, su impacto sobre la trayectoria educativa es grave y la normalización social del fenómeno perpetúa la explotación.
La segunda crisis es la de la violencia homicida. La Red por los Derechos de la Infancia en México reportó que durante 2024 fueron asesinados 74 menores de edad en Michoacán, colocando al estado en el tercer lugar nacional en homicidios de niñas, niños y adolescentes.
Entre agosto de 2024 y julio de 2025, es decir a lo largo del ciclo escolar completo, 120 menores fueron asesinados en la entidad, ubicando a Michoacán como la segunda entidad más mortífera para este sector en el país. La violencia impactó directamente a la vida escolar, con cierres de planteles, ataques armados, dronazos, minas antipersonales y amenazas contra docentes en al menos 20 municipios, entre ellos Uruapan, Zitácuaro, Zinapécuaro, Buenavista y Apatzingán.
El asesinato de dos maestras en la Preparatoria Antón Makarenko de Lázaro Cárdenas el 24 de marzo de 2026 fue la expresión extrema de un ecosistema de violencia que permea las aulas michoacanas y que los propios alumnos de 19 escuelas de Morelia y Uruapan invocaron con dolor en su posicionamiento del 29 de abril de 2026.
La desescolarización constituye la tercera crisis de fondo. Michoacán registra tasas de abandono escolar superiores al promedio nacional: cerca del 10 por ciento de los estudiantes abandona la secundaria y más del 11 por ciento deja la educación media superior antes de concluirla. A nivel nacional, el ciclo escolar 2024-2025 cerró con 864 mil 308 estudiantes menos en las aulas, siendo la media superior el nivel más afectado con más de 639 mil víctimas de abandono escolar. El Programa de Becas Benito Juárez apenas logró reducir en 2 por ciento el abandono en ciclos anteriores, lo que evidencia que las transferencias económicas, sin acompañamiento integral, resultan insuficientes frente a causas estructurales como la pobreza, la violencia y la distancia geográfica.
El reclutamiento por parte del crimen organizado agrava el panorama de forma alarmante.
La representación de UNICEF en México identificó en marzo de 2025 la existencia de territorios específicos dentro de Michoacán donde grupos criminales captan a menores desde los 9 o 10 años. Las redes sociales y los videojuegos se han convertido en espacios de reclutamiento digital, donde los grupos delictivos crean perfiles personalizados para atraer a niñas y niños mediante falsas ofertas de empleo, dinero o regalos. Un informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos ubica a Michoacán entre los diez estados con mayor incidencia de reclutamiento infantil organizado. Siete de cada diez menores captados provienen de entornos previos de violencia intrafamiliar o abuso, lo que revela que el crimen explota las vulnerabilidades que el Estado dejó abiertas.
Michoacán figura también entre los principales estados de origen de familias que se desplazan forzosamente hacia la frontera norte del país, huyendo de la violencia del crimen organizado y la persecución de género. El 30 por ciento de las personas en situación de desplazamiento interno son niñas, niños y adolescentes. Quienes migran enfrentan albergues hacinados, falta de acceso a la educación y riesgo de ser captados por redes de trata en las ciudades fronterizas de tránsito. Cada menor michoacano que abandona su comunidad de origen sin que el Estado sea capaz de generar condiciones de seguridad y oportunidad representa el fracaso más elocuente de la política pública de protección a la infancia.
La violencia escolar y el acoso entre pares completan el cuadro. La Secretaría de Educación Pública confirma que en los últimos cuatro años las víctimas de acoso escolar y ciberbullying pasaron de cinco a siete de cada diez estudiantes en el país, y que los reportes de violencia escolar crecieron 205 por ciento respecto a 2019.
En Michoacán, al 30 de abril de 2026, al menos 12 escuelas en Morelia, Lázaro Cárdenas y Tarímbaro se sumaron al denominado reto viral de tiroteo mañana, una tendencia en redes sociales que genera pánico colectivo y obliga a operativos policiales en centros educativos. La violencia, real o amenazada, ha convertido las escuelas en espacios de angustia para miles de familias michoacanas.
Estas crisis se refuerzan entre sí en una espiral de vulnerabilidad con consecuencias mensurables sobre la vida presente y futura de las infancias michoacanas. La más inmediata es la privación del derecho a la educación en su sentido integral: el derecho a estar en la escuela, a aprender en ella y a participar en la comunidad educativa con seguridad y dignidad. Cuando un menor trabaja en lugar de estudiar, cuando abandona la escuela por la pobreza o la violencia, cuando el miedo lo lleva a ausentarse o cuando el crimen organizado lo capta como instrumento, se quiebra una trayectoria de vida que difícilmente puede reconstruirse.
Las consecuencias económicas son igualmente severas. Los menores que dejan el sistema educativo enfrentarán a lo largo de su existencia menor ingreso per cápita, menores posibilidades de movilidad social y una esperanza de vida más corta.
A escala agregada, la desescolarización masiva constituye una pérdida de capital humano que hace más difícil la transición de Michoacán hacia una economía productiva y competitiva. Las consecuencias sobre la salud mental son igualmente profundas y persistentes: la exposición a la violencia directa produce trauma, depresión, ansiedad y trastornos del sueño en poblaciones escolares, y la ausencia de psicólogos en los planteles públicos deja a los menores más vulnerables sin acceso a la atención que requieren.
Mexicanos Primero Michoacán pide declarar formalmente la desescolarización como una emergencia educativa, con un plan extraordinario de retención y reinserción escolar con metas, recursos y responsables definidos. Las Becas Benito Juárez deben rediseñarse para articularse con acompañamiento psicosocial, orientación vocacional y seguimiento efectivo por escuela y comunidad.
En materia de trabajo infantil, el Gobierno de Michoacán debe suscribir un programa estatal específico de erradicación con metas medibles hacia 2030, en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7 de la Agenda 2030.
Las escuelas de los al menos 20 municipios donde se han documentado cierres, ataques armados y cobro de piso deben recibir atención prioritaria e inmediata, con presencia institucional coordinada entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad y las instancias federales. Toda escuela pública en Michoacán debe contar con un protocolo funcional, actualizado y operativo de prevención y atención del acoso escolar, no solo en papel, con rutas de denuncia accesibles y espacios seguros de atención.
La salud mental de las infancias michoacanas debe ser considerada un componente indisociable del derecho a la educación, con presencia garantizada de orientadores y psicólogos en los centros escolares con mayor índice de violencia reportada.
Michoacán requiere además un programa específico de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento interno forzado, con garantías de acceso inmediato a la educación y atención médica sin condicionantes burocráticos. El enfoque de derechos de la infancia debe estar en el centro de cualquier política de seguridad y desarrollo regional que el gobierno estatal diseñe.
El 30 de abril representa la oportunidad de transformar la conmemoración en compromiso real.
Mexicanos Primero Michoacán convoca a todos los actores de la vida pública michoacana, al gobierno estatal, a los presidentes municipales, al Congreso del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a las maestras y maestros, a las familias y a la comunidad en general, a asumir que celebrar sin transformar es cómplice de la situación que se denuncia.
Cada niña que trabaja en un campo agrícola en lugar de estar en un salón de clases, cada menor asesinado o que participa en hechos delictivos, cada adolescente que abandona la escuela porque la violencia o la pobreza se lo impone, cada menor captado por grupos armados desde los nueve años, cada joven desplazado que crece sin comunidad ni certeza interpelan la sostenibilidad de nuestra sociedad. Todos ellos son sujetos plenos de derechos, y la magnitud de lo que se les niega es la medida exacta de la deuda que el Estado tiene con sus generaciones más jóvenes.
El 30 de abril debe ser el inicio de un compromiso real, sostenido y verificable con las infancias michoacanas, donde cada decisión de política pública, cada peso presupuestado y cada acción gubernamental en la materia deben tener como primer criterio de evaluación si garantiza a nuestras niñas y niños el derecho a estar, a aprender y a participar.
La construcción de un Michoacán con futuro pasa necesariamente por la garantía de que sus infancias y juventudes puedan estar en las escuelas de forma segura, aprender en ellas con calidad y participar en sus comunidades con dignidad. Esa es la obligación jurídica, ética y política del Estado michoacano.
Es hora de transformar la educación. Es hora de cerrar las brechas. Es hora de garantizar que cada niña, niño y joven en Michoacán pueda estar, aprender y participar en condiciones de dignidad, equidad y excelencia.
Por el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes.
Mexicanos Primero Michoacán, A.C.
Morelia, Michoacán, 24 de enero de 2026
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Correo: eaviles@mexicanosprimero.org
Web: www.mexicanosprimeromichoacan.org
