Los documentos señalan que, el juicio de amparo 598/2021, interpuesto por las víctimas, fue para solicitar ayuda y asistencia
El Juzgado Primero del Poder Judicial de la Federación lanzó un ultimátum a Janik Erandi Equihua, delegada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en Michoacán, para que den cabal y urgente cumplimiento a un amparo interpuesto por los afectados de los granadazos del 15 de septiembre del 2008, de lo contrario, advierte que, de no hacerlo, su inejecución podría llevarla a su separación del cargo público.
La resolución a la letra marca que, se requirió a la autoridad responsable de la CEAV y Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador” de la misma institución, para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos ordenados”.
Añade en mayúsculas, que “por última ocasión”, se invita a las autoridades responsables de la citada institución para que de “inmediato” cumplan con la sentencia del amparo.
Agrega que “en el entendido que, ante la dilación manifiesta, en que han incurrido las responsables para acatar el fallo constitucional, de no atender el presente requerimiento en los términos precisados, se les hará efectivo el apercibimiento decretado”.
Precisa que, el apercibimiento en caso de realizar “acciones evasivas”, se les impondrá una multa superior a los 9 mil 600 pesos y conforme a los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo, “se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación”.
Los documentos en poder de RESPUESTA, señalan que, el juicio de amparo 598/2021, interpuesto por las víctimas, fue para solicitar ayuda y asistencia.
Y es que, a 14 años de los atentados terroristas en Michoacán, los afectados de los granadazos el 15 de septiembre del 2008, aún no tienen la reparación del daño.
La representante legal de las víctimas, Reyna Velasco, logró revivir el tema de los afectados, tras casi 8 años de que no se les había dado atención.
Y es que los perjudicados no solamente tienen derecho a la pensión vitalicia que les otorgó el gobierno del Estado, sino que, además, la ley establece que también es necesario que se les repare el daño con un monto económico.
“Con el sistema de justicia se dice que cuando una persona comete un delito, está obligado obviamente a cumplir la pena privativa de libertad, pero también a repararle el daño a la víctima, en este caso del granadazo no tenemos ningún responsable, entonces entra una figura que es la compensación subsidiaria que el Estado no ha sido capaz de encontrar a los responsables del delito, pero alguien tiene que repararle el daño a las víctimas y termina siendo el propio Estado”, manifestó.
La especialista en asesoría jurídica víctimal, compartió que, ella representa a 12 víctimas para buscar la reparación del daño y además un reajuste de las pensiones vitalicias de los afectados.
