El 57.1 % de la población mexicana consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en su entidad federativa
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la corrupción es «un fenómeno complejo y en evolución, asume muchas formas, es perpetrado por varios actores y tiene un impacto perjudicial en las estructuras políticas, sociales, culturales, e institucionales que impacta negativamente en las políticas económicas y afecta numerosos aspectos de la vida cotidiana». Al socavar el estado de derecho, la corrupción merma la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones públicas. Dado el impacto de la corrupción en la vida cotidiana, en 2003, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Su propósito es sensibilizar a la sociedad sobre este tema y resaltar la importancia de su prevención y combate.
En México, la relevancia del combate a la corrupción se refleja en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que atribuye al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) la responsabilidad de coordinar las acciones de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de los recursos públicos. Además, México forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta ofrece un conjunto de normas, medidas y reglamentos para fortalecer los marcos jurídicos nacionales. La Convención insta a las naciones a que consideren recopilar, intercambiar y analizar información estadística para conocer la situación de corrupción que prevalece en sus territorios, así como de compartir las mejores prácticas en la atención del problema.
Para contribuir con el diseño y evaluación de políticas públicas en la materia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) genera información que permite caracterizar el fenómeno de la corrupción en México —particularmente el soborno— y conocer la percepción que la ciudadanía tiene de esta. Asimismo, ofrece información sobre los recursos que tienen las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y las acciones que llevan a cabo para prevenir y sancionar estas prácticas en el quehacer gubernamental. La información que brinda el INEGI también permite dar seguimiento a diferentes objetivos nacionales e internacionales, tal es el caso de la Política Nacional Anticorrupción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya meta 16.5 se centra en reducir la corrupción y el soborno.
A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2020, el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2022 y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de Ciudad de México (CNGMD) 2021, este comunicado ofrece datos sobre la prevalencia de la corrupción en México. Además, ahonda sobre los costos que esta origina, la percepción que se tiene de su práctica, así como de la capacitación que las administraciones públicas estatales y municipales brindan a las y los servidores públicos para combatirla.
Prevalencia y percepción de la corrupción
De acuerdo con datos de la ENCIG 2021, 57.1 % de la población – se refiere a la población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de 100 mil habitantes-, consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo del problema de inseguridad pública. En cuanto a las prácticas de corrupción, en 2021, 14.7 % de la población de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos. Si bien en ese año se observó una disminución respecto a 2019, la prevalencia continuó por arriba de la estimada en 2015. Este problema se dio con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres.
En el caso de las empresas, la experiencia de corrupción registró una tendencia a la baja desde 2017, año en el que se estimó una prevalencia de 5.4 % —la más alta desde que se realiza la encuesta—. Los sectores Industria y Servicios han sido los más afectados a lo largo de los años.
En 2021, la prevalencia más alta de corrupción en trámites y servicios se observó en Quintana Roo, con 20.4 % de la población afectada; siguieron Puebla, Baja California, Durango y estado de México que presentaron prevalencias superiores a 17 por ciento. Por el contrario, la menor prevalencia se encontró en Baja California Sur, Colima, Zacatecas, Querétaro y Tlaxcala, donde menos de 9 % de la población que solicitó algún trámite o servicio público fue víctima de corrupción.
Entre 2013 y 2021, en 25 entidades federativas aumentó el porcentaje de personas que fueron víctimas de soborno. El mayor incremento fue en Sonora, de 5.1 a 16.9 por ciento. San Luis Potosí registró la mayor disminución, de 18.0 a 12.6 por ciento.
En cuanto al tipo de trámite o servicio donde hay corrupción, 65.0 % de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública la experimentó. Estas interacciones fueron las de mayor nivel de corrupción en 2021, seguidas de los trámites ante el Ministerio Público y la gestión de permisos relacionados con la propiedad.
Costos de la corrupción
Sobre los costos directos de la corrupción que se generan por el dinero, regalos o favores que se apropian los servidores públicos cuando la población o las empresas realizan algún trámite o servicio, se estimó que, a nivel nacional y durante 2021, el costo promedio fue de 3 044 pesos por persona en términos reales -para estimar los costos de la corrupción en términos reales se usó como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor y se tomaron como base los precios de diciembre de 2021 para personas y 2020 para empresas-. Se observó una disminución de 28.1 % respecto al costo promedio estimado en 2019. En el caso de las empresas, el costo promedio de la corrupción en 2020 fue de 7 419 pesos. Este fue 49.0 % menor a lo que se estimó en 2016.
Personal capacitado en materia anticorrupción
Entre las medidas que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción contempla para prevenir la corrupción están los programas de formación y capacitación en materia anticorrupción para un correcto y adecuado desempeño del servicio público. Asimismo, la Política Nacional Anticorrupción (PNA) considera como una de sus prioridades la implementación de programas de capacitación a los servidores públicos.
Al respecto, 28 entidades federativas impartieron alguna acción formativa en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción durante 2021. Colima, Michoacán, Tlaxcala y Yucatán reportaron que no impartieron este tipo de acciones en ese año.
En las administraciones públicas estatales que realizaron acciones de capacitación en 2021, 7.6 % de sus servidoras y servidores públicos recibió capacitación para evitar la corrupción. El mayor porcentaje de personal con capacitación se encontró en Puebla y Chiapas, con más de 50 por ciento. Por el contrario, los menores niveles de capacitación se observaron en Hidalgo, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Guerrero y Aguascalientes, con menos de 0.5 % del personal.
De los 2 469 municipios y demarcaciones territoriales existentes en 2020, solo 21.6 % impartió acciones formativas en materia de anticorrupción y 77.6 % refirió no haber dado algún tipo de capacitación en el tema -veinte (0.8 %) de los municipios respondieron «no se sabe» y, en uno, la información respecto a las acciones impartidas en materia anticorrupción al personal adscrito en las instituciones de sus administraciones públicas no estaba disponible-.
En los 533 municipios que realizaron acciones de capacitación en materia de anticorrupción, se capacitó a 18.2 % del personal. Destaca Yucatán, donde más de 50 % de los servidores públicos municipales recibió capacitación en la materia, seguido de Querétaro, Morelos, Aguascalientes y Tamaulipas, con una cobertura de capacitación superior a 40 % del personal. En contraste, las demarcaciones territoriales de Ciudad de México – La información corresponde a siete de las 16 demarcaciones territoriales de Ciudad de México que llevaron a cabo acciones de capacitación en materia anticorrupción-, y los municipios de Baja California Sur tuvieron el menor porcentaje de personal capacitado en anticorrupción, con menos de 1 % del personal municipal capacitado.
Todos los datos anteriores muestran que, a pesar del descenso observado durante 2021 en la prevalencia y en los costos promedio de corrupción —tanto en el caso de las personas víctimas como de las empresas—, los niveles de corrupción se mantienen altos en algunas entidades del país. Además, aún se trata de los principales problemas que la población percibe en su entidad federativa. En las administraciones públicas estatales y municipales, existe el desafío de capacitar de manera continua a su personal para evitar las prácticas corruptas durante el ejercicio de la función pública.
El INEGI invita a consultar la información de sus programas estadísticos para conocer con mayor detalle las experiencias de corrupción que padecen las personas y las empresas. Así también, se conocen diversos aspectos relacionados con la función de control interno y medidas anticorrupción que emprenden las instituciones públicas de los diferentes niveles de gobierno.


