Durante 2021, 19.4 % de los hombres y 10.3 % de las mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de corrupción
En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y estableció el 9 de diciembre como el día internacional contra este problema. El objetivo es visibilizar la problemática y comprometer a los Estados a promover acciones para prevenir y combatir dicho fenómeno. A 20 años de la adopción de la Convención, este día busca enfatizar el «vínculo crucial que existe entre [combatir la corrupción], la paz, la seguridad y el desarrollo».
Para documentar la situación de la corrupción en el país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) genera datos sobre la percepción y experiencias de soborno que experimenta la población en general, las personas privadas de la libertad y las empresas en México. Asimismo, ofrece estadísticas sobre los mecanismos de control interno y anticorrupción que tienen las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). El presente comunicado proporciona datos de los programas de información estadística: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) y Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE); los cuales permiten proyectar una fotografía estadística sobre el problema.
Percepción de la corrupción
En 2023, 22% de las personas adultas mencionó que la corrupción es uno de los tres problemas que más le preocupan, aunque los hombres lo perciben con mayor frecuencia que las mujeres.
La percepción de la gente sobre la corrupción no es homogénea, varía de acuerdo con las autoridades e instituciones públicas que se trate. La ENCIG es una encuesta que permite indagar con detalle esta percepción focalizada. En su última edición, que refiere a la percepción durante 2021, la policía y los partidos políticos fueron las instituciones que se percibieron más corruptas a nivel nacional: 88.8 y 85.4 % de las personas consideró que estas autoridades practican actos de corrupción de manera frecuente o muy frecuente, respectivamente, lo que contrasta con la percepción que se tiene de los organismos autónomos o de las escuelas públicas de nivel básico.
Experiencias de corrupción
Medir la percepción de corrupción es importante porque afecta, entre otras cosas, los niveles de confianza que la sociedad tiene en las instituciones públicas. Sin embargo, también es relevante conocer las experiencias directas de corrupción que reporta la ciudadanía. Con los datos de la propia ENCIG, sabemos que 14.7 % de la población de 18 años y más, que tuvo contacto con alguna autoridad en 2021, fue víctima de corrupción, cifra menor a la observada en 2019 cuando se registró una prevalencia de 15.7 por ciento.
En un comparativo estatal, destaca que Quintana Roo, Puebla y Baja California fueron las entidades con las mayores prevalencias de corrupción en 2021, con 20.4, 19.6 y 19.4 % respectivamente. Por el contrario, Baja California Sur y Colima presentaron los menores porcentajes -por «prevalencia» se entiende la proporción de casos de un evento en un período de tiempo, respecto a la población que existe en la zona objeto de estudio; en este caso se calcula: el número de víctimas de corrupción usuarias de trámites, pagos, solicitudes o contacto con autoridades, entre la población de 18 años y más que reside en zonas urbanas y que tuvo contacto con algún servidor público, multiplicado por 100-.
En 2021, los hombres enfrentaron el doble del riesgo de ser víctimas de corrupción que las mujeres. Si bien esta situación se observó en la mayoría de las entidades federativas, destaca Nayarit donde los hombres tuvieron cinco veces más riesgo.
Una tarea importante en el análisis de la corrupción, es la revisión de las vulnerabilidades a ser víctima de actos de corrupción durante el proceso penal. Al respecto, se encontró que 36.2 % de las 220 477 personas adultas que estaban privadas de la libertad en 2021 -al momento del levantamiento de la ENPOL, 2021, que fue del 14 de junio al 26 de julio-, fue víctima de corrupción en algún momento de su proceso -abarca los actos de corrupción en las etapas de detención, Ministerio Público, juzgado y centro penitenciario-, desde la detención hasta el ingreso al centro penitenciario. La frecuencia de actos de corrupción fue ligeramente mayor en hombres que en mujeres.
Al analizar las etapas del proceso, se encontró que los hombres tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de actos de corrupción en los centros penitenciarios. En cambio, las mujeres tuvieron mayor riesgo de ser víctimas de corrupción al momento de su detención. Un dato importante es que las personas privadas de la libertad enfrentaron menos actos de corrupción en juzgados y tribunales.
En Ciudad de México y el estado de México, seis de cada 10 personas privadas de la libertad fueron víctimas de corrupción en algún momento de su proceso penal. Se trató de los niveles más altos del país. En contraste, Aguascalientes, Sinaloa y Campeche tuvieron las menores prevalencias de corrupción a lo largo del proceso penal, con 15.8, 15.4 y 14.4 % de la población penitenciaria, respectivamente.
Respecto a los actores que generaron actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios, en 2021, 15.3% de las personas privadas de la libertad mencionó que pagó a las y los custodios para obtener algún servicio, beneficio o permiso en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta; mientras que 6.3% pagó a otras personas internas para obtener algún beneficio.
Mecanismos y herramientas de control interno para combatir la corrupción
Desde 2016, con la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener una infraestructura institucional, así como a implementar acciones para prevenir y sancionar los actos de corrupción.
En 2021, todas las instituciones de la administración pública federal contaron con mecanismos para la recepción de denuncias en contra de personas servidoras públicas, mientras que 99 % de las instituciones consideraron la aplicación de auditorías internas o externas por parte de las autoridades competentes. Se observa un notable rezago en la concreción de mecanismos para el registro y seguimiento de evolución patrimonial y la creación de mecanismos de contraloría social.
El CNGE indaga sobre seis mecanismos de control interno en las administraciones públicas de las entidades federativas. De acuerdo con la última edición, 14 entidades mencionaron tener estos seis mecanismos en 2022 ─Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas─.
Todas las instituciones de los gobiernos estatales contaban con al menos un mecanismo para la recepción de denuncias en contra de las personas servidoras públicas –se considera que la entidad federativa contó con el mecanismo y/ o herramienta de control interno y al menos en una de las siguientes instancias lo implementó durante el año: la Secretaría de la Contraloría u homóloga de la entidad federativa, los órganos internos de control u homólogos, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción u homóloga, u otra autoridad o institución de la entidad federativa distinta de las anteriores-, mientras que 30 entidades tuvieron algún registro de declaraciones de situación patrimonial de las y los servidores públicos. En el espectro contrario, Coahuila reportó tener dos mecanismos: para la recepción de denuncias y para supervisar el cumplimiento de sanciones. Tlaxcala indicó contar solo con el mecanismo de recepción de denuncias.
La corrupción es un fenómeno que afecta a la sociedad y permea todos los ámbitos de la acción gubernamental. Los datos que genera el INEGI sobre la materia permiten evaluar la implementación de los mecanismos de control interno, prevención y sanción que se estipulan en la legislación en la materia.
El INEGI invita a consultar sus programas estadísticos para conocer con mayor detalle información sobre percepción y experiencias de corrupción, así como de diversos aspectos relacionados con la función de control interno y medidas anticorrupción que emprenden las instituciones públicas de los diferentes niveles de gobierno.
