Se han negado a entregar las grabaciones del interior del Palacio de Gobierno, material indispensable para completar la carpeta iniciada tras los hechos cometidos por el exsecretario de SSP
La investigación por la agresión contra la periodista Dalia Villegas Moreno permanece paralizada, pues el Gobierno del Estado se ha negado a entregar las grabaciones del interior del Palacio de Gobierno, material indispensable para completar la carpeta iniciada tras los hechos cometidos por el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés.
La periodista explicó que la retención de los videos se justificó oficialmente alegando que “se borran con el tiempo”, argumento que calificó como inadmisible, al existir tecnologías de recuperación, respaldos de seguridad y protocolos de cadena de custodia que cualquier institución pública debería garantizar.
Esta falta de entrega ha impedido que la FGR solicite la audiencia judicial.
Recordó que existe una investigación federal avanzada, con múltiples diligencias, pero trabada por la ausencia del material videográfico.
Señaló, además, la falta de determinación del Ministerio Público Federal, que no ha solicitado una orden de cateo pese al riesgo de pérdida total de evidencia.
“Esta omisión institucional es particularmente preocupante, porque retrasa el proceso y alimenta la percepción de que no se está actuando con la urgencia que exige un ataque a la libertad de expresión”, consideró.
Exigió que el Gobierno estatal entregue los videos, que la FGR recupere o asegure la evidencia y que se avance hacia la audiencia judicial.
La periodista también cuestionó el silencio institucional, ya que, ningún poder del Estado ni órganos autónomos emitieron posicionamiento ante la agresión.
Dijo que esta omisión pública normaliza violaciones al Estado de derecho y desconoce la importancia del periodismo en la democracia.
Los hechos que originaron esta denuncia se registraron cuando Oseguera Cortés la agredió físicamente, le arrebató el teléfono celular, la mantuvo 20 minutos privada de la libertad y le exigió borrar su material periodístico.
La denuncia, presentada el 3 de noviembre, fue interpuesta ante dos instancias federales especializadas: la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión de la FGR.
Respecto al fondo jurídico, sostuvo que la carpeta está prácticamente integrada, pero detenida por la falta de videos oficiales.
“Los hechos no requieren dramatización, son graves por su naturaleza jurídica. El arrebato violento de un instrumento de trabajo periodístico, el sometimiento físico por parte de elementos uniformados, la restricción de movimiento y la imposibilidad de documentar un hecho de interés público constituyen posibles delitos como abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, apoderamiento indebido de bienes y, especialmente, impedimento directo al ejercicio de la libertad de expresión», señaló.
Agregó que, además, se rompieron obligaciones del Estado mexicano contenidas en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que exigen proteger y no agredir a la prensa.
Finalmente, reiteró que su exigencia es estrictamente legal.
“No pedimos privilegios ni tratos especiales. Exigimos que se cumpla la ley, que se respete la libertad de expresión y que se actúe con la seriedad que demanda una agresión institucional contra el periodismo. La defensa de este derecho no es un asunto personal, es un asunto de democracia”, indicó.
