Es Marbella Liliana Rodríguez, aspirante a una de las magistraturas, quien ha solicitado que en el caso de Michoacán, el Senado reponga el proceso de designación de nuevos magistrados
La abogada Marbella Liliana Rodríguez Orozco, maestra en Derecho Constitucional y especialista en Justicia Electoral, aspirante a ocupar una magistratura en el Tribunal Electoral de Michoacán, y quien concursó para lograr una de esas dos plazas ha interpuesto el 28 de Octubre pasado una demanda ante el Poder Judicial de la Federación, en contra del acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado y solicitando se reponga el proceso de nombramiento, referente a Michoacán, de quienes quedaron designadas en el Senado como nuevas magistradas en el TEEM.
La JUCOPO de la Cámara Alta incluyó entre los nombres en esa propuesta hecha al Pleno, a las hoy magistradas Alma Rosa Bahena Villalobos y Yurisha Andrade Morales, de quienes acusó no reúnen el perfil, mientras que la demandante tiene 10 años de trayectoria en trabajo sobre Derecho Electoral, por lo que acusó que sus derechos fueron vulnerados por esta ilegalidad que tiene tintes partidistas.
El TEEM requiere respecto a sus integrantes especialización, no improvisación, y se requiere experiencia acumulada, así como perfil sólido, completo y experto. Y mientras la impugnante dijo contar con experiencia como proyectista en la jurisdicción electoral, Andrade Morales, quien tiene doctorado en Derecho y es candidata a maestra en Derecho Electoral, carece de experiencia alguna en el órgano jurisdiccional electoral, al igual que Bahena Villalobos, que es doctora en Derecho y quien cursa doctorado en Derecho Electoral, pero que también tiene nula experiencia en el órgano jurisdiccional electoral, según expone a detalle en los argumento de su demanda la ofendida.
En el documento de demanda, interpuesta de inmediato al nombramiento de Bahena y Andrade, mismo que obra en poder de RESPUESTA, Rodríguez Orozco apuntó que ese acuerdo que propuso a ambas no expone las razones y fundamentos por los que se considere «que no cumplo alguno de los requisitos» o que, cumpliéndolos todos tampoco expone si las designadas «cuentan con mejor derecho para ser designadas en el cargo».
El conocimiento de ambas se acota solo al campo teórico, acusó, y carecen de práctica jurisdiccional no solo en lo electoral sino en lo civil, administrativo y penal, sustenta en su documento.
Diez fojas integran el sustento de esta demanda interpuesta ante el PJF, donde a la letra dice «considero que no le asiste razón al Senado de la República» que no fundamenta las designaciones y exclusiones y se ha constituido en un acto subjetivo y arbitrario «que me causa perjuicio jurídico al no permitirme como aspirante que no fui considerada para ocupar el cargo, estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen».
Denunció Rodríguez Orozco que ni la Constitución de la República ni la legislación que rige los procedimientos de designación de magistrados electorales locales prevén que el factor determinante para elegirlos sea que cumplan con las exigencias éticas y profesionales de los partidos políticos, por lo que dicha razón no puede sustentar jurídicamente el acto.
Pondera que si bien la LEGIPE (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) ha avanzado en materia de paridad de género, quienes queden deben contar con el perfil: «no hay un equilibrio entre la formación teórica de las designadas y su práctica nula en el ejercicio jurisdiccional, en contraste con el perfil de la suscrita que acredita conocimiento teórico y práctico”.
Es por todo ello que la demandante ha solicitado que el Poder Judicial de la Federación ordene el trámite de juicio y requiera al Senado los informes justificados con emisión de los acuerdos emitidos por la JUCOPO y la Comisión de Justicia, admitir el medio de impugnación y resolver el juicio conforme a Derecho, así como ordenar un nuevo acto apegado a Derecho fundado y motivado.
La especialista Rodríguez Orozco, quien actualmente es secretaria técnica de la Comisión de Vigilancia y Disciplina en el Poder Judicial de Michoacán, presentó copia de esta demanda en la Dirección Jurídica del Senado.
Espera que el PJF de respuesta en dos semanas o un mes.
