Permitirá cumplir con la exigencia constitucional de contar con servidoras y servidores públicos especializados
Promover la profesionalización y la actualización continua de las personas juzgadoras, personal judicial y operadores jurídicos, asegurando la idoneidad técnica, ética y profesional, es el objetivo de los lineamientos técnicos para la certificación en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, renovación, suspensión y revocación, recientemente aprobados por el Órgano de Administración Judicial y publicados en la página web institucional.
Conviene resaltar que esta certificación de las personas juzgadoras y del personal judicial especializado tendrá carácter obligatorio para el ejercicio de sus funciones dentro del sistema; el proceso de certificación inició con la convocatoria que ya se encuentra publicada en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx
Todas las personas juzgadoras de segunda instancia en materia penal, y primera instancia del sistema de justicia penal acusatorio y oral, penal tradicional y de ejecución de sanciones penales de todo el estado deberán llevar la capacitación en el Diplomado de Especialización y Certificación Judicial en Materia de Justicia Integral para Adolescentes, del 9 de enero al 16 de mayo de 2026, programa académico con una duración de 130 horas que permitirá cumplir con la exigencia constitucional de contar con servidoras y servidores públicos especializados.
En la etapa de evaluación, tendrá derecho a la certificación quienes cumplan con el 80% de asistencia, así como quienes aprueben individualmente cada uno de los módulos del programa académico, considerando que la calificación mínima aprobatoria es de 8 puntos, en una escala de 0 a 10. Las personas aspirantes que resulten aprobadas en la evaluación final obtendrán la certificación con una vigencia de 5 años.
A la par, habrá un programa permanente de capacitación, evaluación y renovación de certificaciones con el objetivo de garantizar la profesionalización continua y la vigencia del enfoque restaurativo de derechos y de especialización judicial. Con 60 días de anticipación al vencimiento, la persona iniciará el proceso acreditando sus conocimientos a través de capacitaciones o prácticas profesionales, que no podrá ser menor a 120 horas. Finalmente, se podrá suspender o revocar la certificación cuando se incumplan las obligaciones y estándares éticos o técnicos correspondientes.
Con la finalidad de fortalecer la incorporación del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en los instrumentos técnicos, así como brindar acompañamiento en el proceso de certificación y renovación, tanto en el diseño curricular como en la implementación de los programas de certificación se incluirá la participación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en su calidad de instancia consultiva.
El documento fue validado por el Comité de Certificación en Materia de Justicia Penal para Adolescentes y autorizado por el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Michoacán, como parte de las acciones estratégicas dirigidas a asegurar la calidad y eficacia del servicio jurisdiccional en esta materia.
