Las ex secretarias Graciela Andrade y Aída Sagrero, incluidas en la lista de acusados de violar Ley de Presupuesto
La Auditoría Superior de Michoacán ratificó la millonaria sanción impuesta a las ex secretarias de Educación en el Estado, Graciela Andrade y Aída Sagrero, además de otros cuatro ex funcionarios de la misma dependencia, por el delito de infringir la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
La ASM condenó a los ex funcionarios del sector educativo a pagar una indemnización total de 44 millones 622 mil pesos, distribuidos de la siguiente forma:
Graciela Carmina Andrade, ex titular de la SEE, 9 millones 312 mil 586 pesos con 69 centavos; Aída Sagrero Hernández, también ex titular de la dependencia, 9 millones 279 mil 620 pesos con 3 centavos; Gustavo Sierra Valdés, ex delegado administrativo, 8 millones 687 mil 586 pesos con 69 centavos; Héctor Pérez Sánchez, ex jefe del Departamento de Becas Oficiales, 32 mil 966 pesos con 66 centavos; Rosario Villegas Sáenz, ex jefa del Departamento de Trámite y Control de Pagos, 9 millones 79 mil 620 pesos con 3 centavos; Ángela Yvett Gómez Pineda, ex directora de Recursos Financieros, 8 millones 29 mil 620 pesos con 3 centavos.
Pero además, los ex servidores públicos han sido sancionados por la ASM a pagar, en calidad de multa, un diez por ciento adicional respecto del monto correspondiente a la indemnización. Así, entre indemnización y multa, ellos deberán pagar al fisco estatal 49 millones 244 mil pesos.
Paralelamente, el organismo inhabilitó por cuatro años para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Sagrero Hernández, a Sierra Valdés, a Villegas Sáenz y a Gómez Pineda; por tres años, inhabilitó a Andrade García y a Pérez Sánchez.
Otros ex funcionarios de la SEE que fueron incluidos en la investigación inicial de la ASM, pero que fueron exonerados de cualquier responsabilidad y que por ende tampoco fueron inhabilitados, son María del Carmen Duarte Becerra, Eva Angélica Colín Rojas y Rogelio Sosa Pulido, lo mismo que Elvia Georgina Montes y David Reyes. En el caso de Javier Vladimir Arreola Cortés, también involucrado en la investigación, el trámite ha sido cancelado debido a que ya murió.
La indagatoria de la ASM fue resultado de una querella interpuesta contra todos esos ex funcionarios de la SEE, acusados de no vigilar el uso ordenado y pulcro del presupuesto bajo su responsabilidad, es decir, de negligencia, no necesariamente de haber dispuesto para su uso personal del recurso.
Se trata de una ratificación de la ASM, debido a que en una primera instancia ya había determinado la sanción, ligeramente mayor en los montos económicos, pero los afectados se inconformaron. A éstos, les resta ahora sólo un recurso más ante la ASM, llamado “de revisión”, o acudir directamente a buscar un amparo ante la justicia federal.
