El líder de los micro industriales aseguró que gran parte de la severa deuda pública de Michoacán «fue para esa obra» en el cuatrienio del perredista Leonel Godoy
A tomar en serio las investigaciones y resultados de las auditorías aplicadas respecto al presunto desvío de recursos y fraude en la ejecución de la presa Francisco J. Múgica, y a tomar cartas en el asunto llamó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación en Morelia, Héctor Manuel Tronco Garduño, a los diputados del Congreso del Estado. Ello para restituir los recursos millonarios de parte de la empresa brasileña Odebrecht y castigar a quien infló el costo de la obra.
Recordó que la suma alcanza un promedio de 3 mil millones de pesos cuando de origen la obra citada costaría 1 mil 500 millones de pesos. Odebrecht debe regresar el dinero, repuso.
En rueda de prensa, el líder de los microindustriales aseguró esta mañana que gran parte de la severa deuda pública de Michoacán «fue para esa obra» en el cuatrienio del perredista Leonel Godoy Rangel. Apuntó que tanto la Comisión Federal de Electricidad como la Comisión Nacional del Agua tiene su procedimiento de un acta de entrega-recepción para poder administrar la Presa, de modo que si no se cumplieron con los requisitos necesarios no debieron permitir que se diera por concluida la obra y menos ponerla en marcha.
Acusó que estaba agendada en la sede de Canacintra, cercana a Palacio Legislativo, una reunión con los siete diputados que integran la Junta de Coordinación Política que encabezan la priista Adriana Iñiguez, el líder camaral Pascual Sigala Páez del PRD, el panista Carlos Quintana Martínez, y el perredista Juan Carlos Puebla, así como el movimientista Daniel Moncada, para tratar el asunto, más pese a que estaba confirmada su asistencia ninguno se presentó y tampoco tuvieron la atención de avisar.
Tronco Garduño, a pregunta expresa, no consideró que haya sido a propósito la ausencia de los legisladores y prefirió atribuirla a cuestiones de agenda, por ello volvió a citarlos para el jueves próximo, porque este asunto tan delicado no puede ser pasado por alto y ellos, los diputados, como representantes populares, deben exigir que sea repuesto el daño «de alguna forma», ya sea económica devolviendo el dinero «que tanto hace falta para el estado», o a través de la misma obra «que ahí está y no funciona como debería de ser», y al final de cuentas el gobierno michoacano como contratante tiene la obligación de ir sobre la constructora brasileña, y es labor de los legisladores exigirlo, precisó.
Por lo pronto sugirió que los diputados deben pedir que se retome la auditoría y exigir que se le dé seguimiento para determinar y establecer a los culpables un juicio penal.
Refirió que es cuestión de voluntad política para que este caso, como seguramente muchos otros existen en las glosas pasadas, sea aclarado porque no se desea que Michoacán siga siendo noticia en temas que lastiman al estado como la inseguridad, inconformidades sociales y ahora por presunto acto de corrupción.
