Instalaron pancartas en el Congreso por una ley que despenalice la interrupción del embarazo
Integrantes de colectivos feministas, se manifestaron la tarde de este martes en el Congreso del Estado para exigir respeto irrestricto a sus derechos sexuales y reproductivos.
Fueron agremiadas de la Asamblea de Mujeres que acudieron al parlamento michoacano para exigir que toda ley referente al gremio femenino sea analizada por mujeres y activistas.
Los grupos de mujeres arribaron a la sede parlamentaria e instalaron pancartas alusivas al derecho reproductivo, por una ley que despenalice la interrupción del embarazo.
Tambien dieron a conocer un posicionamiento que se reproduce a continuación:
POSICIONAMIENTO AMM
Morelia, Michoacán, martes 09 agosto 2022
Al Congreso de Estado de Michoacán
A la sociedad civil
A la opinión pública
En la defensa de nuestros derechos no aceptaremos retrocesos.
Desde hace un tiempo hemos observado varias propuestas que intentan despojarnos de una serie de derechos que hemos ganado en beneficio de nuestras vidas, gracias a las luchas que hemos sostenido las mujeres generación tras generación. El acceso a la justicia reproductiva ha sido duramente cuestionado por quienes dicen representarnos, las y los diputados que integran la 75 Legislatura en el Congreso del Estado de Michoacán.
Estamos aquí para decirles que no cederemos uno solo de nuestros derechos.
Se ha buscado criminalizar la actividad política de las mujeres organizadas. No olvidamos la represión del 8 de marzo de este año y rechazamos la propuesta de implementar medidas de seguridad más estrictas en las instalaciones del Congreso, porque buscan cerrarnos las puertas y coartar nuestro derecho a la libre manifestación. También reprobamos la intención de retirar una condecoración previamente otorgada a la organización «Humanas sin violencia», porque se pretende enviar un mensaje de desaliento a las compañeras más jóvenes que comienzan a acercarse al movimiento feminista.
Respecto a la decisión sobre nuestros cuerpos, hay que decir que, de 2019 a la fecha, se ha eludido la discusión en el Congreso de cuatro propuestas para garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE), entre las cuales destacamos la iniciativa ciudadana que presentó ILEMICH, porque fue producto del intenso trabajo realizado durante la pandemia por las colectivas feministas.
Bajo argumentos que responden a una trasnochada moralidad religiosa y patriarcal, los 39 representantes que integran la actual legislatura; de los cuales 25 son mujeres, legislan a través de filtros de clase y de privilegio. Consideramos grave que vengan abanderando propuestas de grupos anti-derechos que se componen de personajes nefastos y disfrazan su misoginia con iniciativas de ley encaminadas a ganar capital político entre los sectores más retrógradas de la sociedad. También consideramos decepcionante que, pese a que son mayoría en esta legislatura, la presencia de las diputadas no asegura que nuestras voces sean escuchadas y que nuestros derechos se defiendan de verdad.
En el mes de junio se retomó un debate no sólo anacrónico, sino anticonstitucional, que pretende reconocer derechos a los embriones y que dio lugar a la conformación de una “Comisión de Desarrollo Integral de la Familia”, que ignora la obligatoriedad que tienen los gobiernos de garantizar la progresividad de los derechos de todas las personas.
Como ha subrayado en días pasados el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional criminalizar a una mujer o a una persona gestante por un aborto voluntario, y que «proteger la vida desde la concepción» no es un argumento válido para negarle a alguien el derecho a un aborto.
Además, las y los magistrados votaron por inconstitucionalidad de un artículo de la Ley General de Salud sobre la objeción de conciencia. La Suprema Corte concluyó que las instituciones de salud deben garantizar que haya personal médico capacitado, que pueda practicar un aborto y hacer cumplir la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046-SSA2-2005). Además, urgió a los Congresos de los Estados a legislar en ese sentido.
Hoy venimos una vez más, a recordarles, que los derechos no se consultan y que su responsabilidad es trabajar para garantizar el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, sin enfrentar consecuencias penales.
Permaneceremos atentas a las siguientes iniciativas que simulan velar por las mujeres y su bienestar, pero que en realidad tienen como trasfondo una estrategia para dar marcha atrás a los derechos que hemos ganado:
a) Iniciativas en materia de reproducción humana asistida, que buscan modificar la Ley de Salud y el Código Penal de la entidad. Rechazamos que contemple únicamente matrimonios o concubinatos que encajan en la idea de pareja heteronormada y que pretende reconocer a la “persona humana desde el momento de la fecundación” a través de ordenamientos secundarios.
b) Programas sociales para mujeres embarazadas en donde se reitera que los “bebés” concebidos son un grupo vulnerable y discriminado, una propuesta con claros tintes antiderechos.
c) La reforma al artículo 142° del Código Penal del Estado que impediría la despenalización del aborto, incrementado las penas a quienes aborten y a quienes faciliten un aborto.
d) Reprobamos el puritanismo que exhibe el “director de mercados”, Marco Antonio Garibay González, al suspender los bazares que sostienen la venta de ropa usada, juguetes sexuales y ropa interior, porque constituye un acto de violencia económica hacia las mujeres que organizan estos espacios para obtener ingresos adicionales, con base en la necesidad de hacer frente a la crisis económica nacional, que ya golpea con fuerza en nuestros hogares. Esta medida también limita nuestro derecho a ocupar los espacios públicos.
Ante la amenaza de vivir un retroceso en la conquista de nuestros derechos, cerramos filas frente a las acciones que buscan desmovilizarnos. ¡Basta ya de aceptar migajas y prebendas que se nos ofrecen como dádivas! Es momento de exigir a las y los que toman las decisiones que hagan su trabajo y que legislen en consonancia con nuestras necesidades.
Por lo anterior, hacemos un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de la Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres a que intervengan y emitan opiniones no vinculativas; para que quienes integran las comisiones en las que se discuten estas iniciativas puedan tener claridad acerca de lo violentas y retrógradas que resultan. Así, exigimos a las comisiones dictaminadoras del Congreso de Michoacán que se apeguen a las normativas nacionales y a los convenios internacionales, para que no permitan que las iniciativas antiderechos lleguen siquiera al pleno.
A los medios de comunicación les solicitamos que dejen de hacer eco de las ocurrencias de los grupos antiderechos y que se enfoquen en difundir entre la población que, tratándose de Derechos Humanos, los tratados internacionales tienen una mayor jerarquía que las leyes nacionales.
Es necesario reiterar en todas las oportunidades posibles que los servidores públicos deben actuar de acuerdo al principio de laicidad y no promover sus juicios morales ni creencias personales. Todxs somos ciudadanxs responsables de fomentar el ejercicio de los principios democráticos y de estimular discusiones que nos lleven a favorecer la progresividad de los derechos en nuestras entidades.
Las mujeres organizadas estamos y estaremos impulsando nuestras ideas en todos los terrenos, y permaneceremos vigilantes del proceso legislativo, porque nuestros derechos están de por medio.
¡No necesitamos su permiso para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos! ¡Por una vida digna, la maternidad será libre o no será! ¡Aborto libre, seguro y gratuito en el Estado de Michoacán!
¡Alto a la criminalización de la protesta! ¡Alto a la violencia económica!
¡Justicia para los familiares de las víctimas de feminicidio! ¡No daremos ni un paso atrás en la lucha feminista!
Atentamente
Asamblea de Mujeres Michoacán
