El presidente del CCPM, señaló que en caso contrario de no hacerlo, podrían fincarles responsabilidades penales que alcanzarían hasta la prisión
El gobierno federal pretende convertir a los contadores públicos en policías, investigadores y denunciantes o de lo contrario podría fincarles responsabilidades penales que alcanzarían hasta la prisión.
Así lo informó, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán (CCPM), Roberto Carlos Estrada Zavala al explicar que el pasado Código Electoral de la Federación establecía como obligación de ciertos contribuyentes, el dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales, por parte de un contador público inscrito en el SAT.
Esto con el objetivo de emitir una opinión sobre la situación fiscal de las empresas y consorcios, en base a la auditoría realizada sobre el número de trabajadores y el valor de activos, sin embargo, dejó de ser obligatorio a partir de 2014.
Explicó que el gobierno federal está considerando regresar dichas auditorías a la obligatoriedad, pero con la encomienda para los contadores públicos que realicen las auditorías a denunciar cualquier tipo de irregularidad, de lo contrario, estos podrían ir a prisión.
“Sí las empresas hubieran pagado menos impuestos, estamos obligados nosotros a presentar una denuncia ante las autoridades competentes, para que estás actúen de conformidad con las facultades que tienen y establezcan las responsabilidades que sean y que, si nosotros no hacemos eso, incurriremos en una causa penal y que tengamos que pasar un momento en la cárcel, cosa que nos parece un exceso, porque nuestro trabajo no es ese”, señaló.
Dejó en claro que el trabajo de un contador público es revisar y solamente informar de los hallazgos que encuentren, pero no tienen facultades para establecer sanciones o presentar denuncias penales.
