Zacapu, Mich.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam), realizó una visita de inspección en una industria de competencia estatal ubicada en el municipio de Zacapu, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.
Derivado de una denuncia ciudadana recibida en esta dependencia, en la cual se alertó sobre el exceso de ruido, se ordenó que personal de inspección y vigilancia de la Proam se trasladara al sitio para realizar las mediciones de ruido correspondientes, así como revisar las autorizaciones ambientales necesarias para la operación de la misma.
Por lo anterior, se le requirió a los visitados exhibir la Licencia Ambiental Única (LAU) y la Cédula de Operación Anual (COA) actualizada, las cuales no se presentaron al momento de la visita; asimismo se realizó la medición del nivel de ruido de la fuente fija conforme a la metodología establecida en la NOM- 081- SEMARNAT -1994; que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.
Ello quedó asentado en el acta circunstanciada correspondiente, de la cual se realizará el respectivo dictamen técnico-jurídico, en el que se determinará si la Proam puede o no iniciar un procedimiento administrativo a la industria de competencia estatal.
Inversión en el oriente michoacano, tema de justicia social
Con una inversión de 300 millones de pesos para ejidos y comunidades del Oriente de Michoacán, se llega a un acuerdo histórico con los gobiernos de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México, al considerar que esta inversión es el inicio de un tema de justicia social relacionado con la dotación de agua para riego, consumo humano y preservación de recursos naturales en beneficio de los michoacanos y habitantes del Valle de México, así lo anunció el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
“Este será un proyecto integral de uso eficiente del agua, donde el Estado de México y el Gobierno de la Ciudad de México van a invertir 300 millones de pesos en beneficio de los agricultores y sus familias en la región oriente de Michoacán”, refirió el mandatario Estatal.
Acompañado del Secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, y del director de la Comisión Estatal del agua y Gestión de cuencas (CEAC), Roberto Arias Reyes, expuso que uno de los más importantes resultados será la entrega de títulos de concesión a campesinos y ejidatarios que hoy utilizan el agua del Sistema Cutzamala de manera irregular.
La misma Comisión Nacional del Agua (Conagua), será la responsable de otorgar las concesiones para que los agricultores abandonen el clandestinaje y cuenten con sistemas tecnificados para dignificar su producción agrícola; “es un tema histórico, porque después de muchos años se va a regularizar el sistema de producción y con eso vamos a evitar el desperdicio del agua”, expuso el gobernador.
Con esta inversión se atenderá a las comunidades de Michoacán y las colindantes con el Estado de México, en una extensión promedio de 30 kilómetros a lo largo del canal, donde se identifica que hay extracción irregular de agua para riego.
Una explicación más precisa fue ofrecida por el director de la CEAC Roberto Arias, quien adelantó que se tecnificarán en promedio 3 mil 100 hectáreas (ha) en torno a la presa El Bosque, en Zitácuaro, 2 mil 300 ha en la parte baja y 800 ha en la parte alta, con un servicio de riego por microasperción y por goteo, con lo que se beneficiarán cerca de mil 200 productores de 13 ejidos agrícolas.
“Este acuerdo se va a formalizar con los ejidos de la región, esperamos que sea en la tercer semana de julio, para buscar consenso y establecer condiciones que incluyen delimitar su área de riego y el gasto por extracción; para la rehabilitación y tecnificación de las zonas de riego ya hay un presupuesto inicial de 25 millones de pesos”, refirió el director de la CEAC.
De las inversiones más significativas que se tienen consideradas son: una línea de conducción y red de distribución de agua potable en Tuzantla y Arroyo Seco, con un costo de 50 millones de pesos; construcción de líneas de conducción de manantial en Jungapeo, con un costo de 9 millones de pesos; una red de agua potable y alcantarillado en Tuxpan, con una inversión de 8.5 millones de pesos.
También se proyecta la construcción de colectores en Ciudad Hidalgo, con un presupuesto de 30 millones de pesos; la construcción de 3 colectores pluviales y un subcolector en Zitácuaro, con un costo de 57.1 millones de pesos; la edificación de 2 líneas de conducción de agua potable en el municipio de Juárez, con un recurso estimado de 10.3 millones de pesos, y la construcción de 2 líneas de conducción, depósitos, tanque y redes de agua potable en Susupuato, con un costo de 15 millones de pesos, entre otras obras y acciones.
Michoacán participará en el Censo Agropecuario y Forestal 2022
Con la meta de generar estadísticas fiables y actualizadas sobre las características económicas, tecnologías, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, ganaderas y forestales de México, Michoacán participará en el Censo Agropecuario y Forestal 2022.
El titular de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), Rosendo Antonio Caro Gómez, puntualizó que este censo será la clave para definir estrategias de un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y los bosques, además de identificar prioridades que ayuden a mitigar el cambio climático, o acciones que se deben realizar para preservar el medio ambiente en determinadas zonas de la entidad.
Por ello, el Gobierno de Michoacán, a través de la Cofom, y representantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), preparan el levantamiento de este censo en el que participarán más de 30 instituciones y organismos en apoyo del conteo agropecuario y forestal.
Este levantamiento de datos se realizará del 19 de septiembre al 30 de noviembre de este año, según se planeó en la realización de la primera sesión extraordinaria del Censo Agropecuario y Forestal 2022, en la que se diseña la estrategia para hacer este levantamiento de información estadística.
En este proceso también participan la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Consejo Estatal de Ecología (Coeeco), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre otras dependencias del gobierno estatal y asociaciones civiles.
