El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, como parte de las acciones para la difusión y el fortalecimiento de la cultura democrática, participó a invitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la inauguración del “Tercer Seminario Nacional de Derechos Humanos y Amparo”.
El juicio de amparo sigue siendo la herramienta jurídica más efectiva para hacer realidad y más accesibles nuestros los derechos fundamentales de la sociedad, señaló en la inauguración Víctor Manuel Serrato Lozano, Presidente de dicha Comisión.
Cabe destacar que la inauguración oficial estuvo a cargo del Secretario de Gobierno, Adrián López Solís, quien dijo que la difusión y respeto de los derechos no sólo recae en la responsabilidad de quienes ejercen el poder, sino también en los propios destinatarios o beneficiarios de estos derechos, quienes no están exentos de trasgredir los derechos de otros.
En su intervención, el Doctor Rubén Herrera Rodríguez, Magistrado Presidente del jurisdiccional electoral, subrayó que en la actualidad nuestro sistema político jurídico, ha dado un giro de cara a los Derechos Humanos y a su protección, en este sentido, se ha tenido como punto de partida el valor irremplazable de la dignidad humana, la cual nos hace conscientes del respeto que nos debemos unos a otros, reconociendo que cada individuo es único e irrepetible.
Por lo anterior, las actividades del Seminario, resultan de vital importancia para nuestra conciencia individual y social, por los diversos tópicos que se abordarán y tendrán como consecuencia el enriquecimiento de la cultura de los derechos humanos y su tutela.
En este evento, coadyuvan el Gobierno del Estado de Michoacán, el Congreso del Estado, el Instituto Mexicano de Amparo, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial del Estado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Tecnológico de Monterrey Campus Morelia, entre otros.
DIFUNDEN ACCIONES DE DEFENSA ANTE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, continuando con los trabajos del “Tercer Seminario Nacional de Derechos Humanos y Amparo” organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en colaboración con el Gobierno del Estado, la UMSNH, el Congreso del Estado, la UMSNH, el Tribunal de Justicia Administrativa entre otros, tuvo participación en la mesa de análisis con la presencia de los Magistrados Rubén Herrera Rodríguez, José René Olivos Campos, Ignacio Hurtado Gómez y Alejandro Rodríguez Santoyo.
El propósito de dicho evento, es la necesidad de difundir entre los ciudadanos las acciones y mecanismos que pueden emprender ante posibles violaciones a los derechos humanos, así como las competencias de las instituciones de defensa para resarcir los daños causados.
De esta forma, en la charla de la mesa de análisis el Doctor Rubén Herrera Rodríguez, Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, habló sobre las dos vertientes del derecho al sufragio, la activa, mediante la emisión del voto, y la pasiva, del derecho a acceder mediante la elección popular al ejercicio de los cargos públicos, mismos que forman parte de los derechos políticos, los cuales a su vez, son una categoría de derechos humanos, que al constitucionalizarse, se consolidan como derechos fundamentales y por tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio para que toda persona que formalmente sea titular de tales derechos, tenga la oportunidad real de ejercerlos.
El Magistrado José René Olivos Campos, enfatizó que no existe un término único ni universal sobre los derechos humanos, y destacó algunas concepciones doctrinales que se han dado, como la Hans Kelsen que define a las garantías de la constitución como los medios de garantizar de que una norma inferior se ajuste a la norma superior que determina su creación o su contenido. Por consiguiente dijo, se comprende que las garantías constitucionales son medios de garantizar la aplicación de las mismas, por tanto, los derechos humanos son inalienables e inherentes a todo ser humano y la tutela se da por los órganos que aplican justicia.
Por su parte, el magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, resaltó que en materia de derechos humanos, se han venido reconociendo como una condición primordial del Estado constitucional democrático, al fungir como auténticos catalizadores del conjunto de instituciones que pueden garantizar la protección de los derechos humanos en todas sus dimensiones; por ello, se ha dicho que sólo ahí donde se ejercen plenamente los derechos políticos está consolidada la posibilidad de proteger el resto de los derechos fundamentales.
Los derechos políticos electorales en la actualidad, es inobjetable que tienen la calidad de derechos humanos, subrayó en su aportación a la mesa el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, en este sentido, resaltó que el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano es como el amparo en otras materias, esta forma, es el mecanismo con que se tutela y protege los derechos humanos en los tribunales electorales. Ante ello, los derechos humanos se deben reconocer, pero más que eso, se deben exigir ante los Tribunales y muchas veces incluso a golpe de sentencia, por ello, no hay duda que en materia electoral hemos tenido avances importantes en los últimos años, lo que en buena medida constituye un pivote fundamental en nuestro proceso democratizador.
Cabe destacar que la moderación de la mesa estuvo a cargo de Elvia Higuera Pérez, Consejera del Instituto Electoral de Michoacán. De esta forma, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, continúa con el cumplimiento de su obligación constitucional de difundir la cultura de la legalidad en materia electoral.
TODOS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS HUMANOS: OMERO VALDOVINOS MERCADO
En el marco del “Tercer Seminario Nacional de Derechos Humanos y Amparo” organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en colaboración con el Gobierno del Estado, la UMSNH, el Congreso del Estado, la UMSNH, el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, participó a través del Magistrado Omero Valdovinos Mercado con la conferencia “Derechos Humanos y Político Electorales. Efectividad Contra la Violencia Política de la Mujer”.
En su exposición, el Doctor Valdovinos Mercado, destacó una definición de los Derechos Humanos de varios autores con la que coincide, y que establece “Son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico. Asimismo, resaltó que todas las personas tienen los mismos derechos humanos sin discriminación alguna.
Subrayó algunos de los derechos humanos que están establecidos en la Constitución Federal, asimismo, resaltó que las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos se encuentra la obligación de respetar, proteger, respetar y promover, que consiste en que se debe contribuir al desarrollo integral de las personas donde sea posible trazar un plan de vida digna y que puedan estar protegidos de los abusos de autoridades o de toda persona.
A la vez, los derechos políticos electorales son los que facultan a la ciudadanía a participar en la condición de los asuntos públicos de la comunidad y en el establecimiento de las reglas para el mantenimiento del orden social.
El Magistrado hizo referencia a los derechos políticos de las mujeres e hizo un recuento histórico sobre el reconocimiento a las mujeres en sus derechos político-electorales, que marcaron la pauta para que las mujeres gozaran del derecho a votar y ser votadas para cualquier cargo público.
En este sentido, dijo que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones basadas en género que se presenta en el marco del ejercicio de los derechos político electorales y que tienen como objetivo, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio a los mencionados derechos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, de esta forma, explicó a los asistentes todas las acciones que violentan los derechos políticos de las mujeres.
Para concluir, citó algunas sentencias de tribunales de algunos estados de la República en las que las autoridades determinaron que las mujeres debían permanecer en el cargo público para el que fueron electas, debido a que su renuncia se debió a la discriminación para destituirlas.
