Congreso y Gobierno buscan transparencia; “licuadora”, práctica “no sana” de anteriores gobiernos, advierte el secretario de Finanzas
En la realización de la auditoría forense a la cuenta Cargos por Aplicar hay un ánimo de transparencia, y sin interés a priori de atacar pero tampoco de proteger a nadie, advirtió Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas del gobierno estatal.
Entrevistado la tarde de este martes en RESPUESTA RADIO, en VOX 103.3, Maldonado habló sobre la reciente licitación adjudicada por el Comité de Adquisiciones al despacho Contadores y Asesores de Negocios PFK México, para que practique una auditoría forense a la referida cuenta gubernamental, en el periodo que tuvo vida, de 2003 a 2014.
En ese sentido, valoró el mandato que dio el Congreso al gobierno para contratar un despacho que llevara a cabo ese ejercicio, y consideró que ambos poderes buscan generar transparencia y dejar atrás la opacidad que en otras administraciones se llegó a presentar en el manejo de recursos.
Enfatizó:
“No tenemos limitación ni intereses de atacar a nadie, pero tampoco de proteger a nadie. Si el Congreso lo mandató, así se hará porque no hay recato alguno en realizar esa auditoría, no sólo para ejercicios anteriores, sino incluso en el actual”.
Reconoció Maldonado que sin duda será complejo para el despacho ganador llevar a cabo una auditoría con tanta antigüedad, sobre todo por los modelos tecnológicos que seguramente no son los mismos que se usaban en 2003 en comparación con 2014, en cuanto al registro de movimientos financieros, contables, bancarios, etcétera.
Empero, dijo confiar en la capacidad de PKF para ejecutar ese trabajo, merced a que si se le contrató es porque dispone del personal y de los laboratorios para equiparar los sistemas financieros de una y otra fecha, así como para desarrollar las compulsas bancarias que sean necesarias.
Ya hay, recordó, resultados de auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, “y hay observaciones que pudieran estar relacionadas con el manejo de la cuenta que se auditará”.
Sin querer anticipar resultados, Maldonado Mendoza reconoció que el funcionamiento de la llamada “licuadora” en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y Fausto Vallejo, que contempla la concentración de recursos federales en una sola cuenta bancaria y de ahí su distribución discrecional, “no era algo sano”.
Por último, dio a conocer que muy probablemente este próximo fin de semana comience a realizar su trabajo el despacho ganador de la licitación, mismo que podría durar aproximadamente entre doce y quince meses, aunque habrá informes trimestrales que se entregarán tanto al gobierno como al Congreso del Estado.
