Denuncia CCAOS ruptura del diálogo por parte del gobierno estatal
La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) denuncia que la madrugada de este 10 de julio, elementos de la Guardia Civil ingresaron al inmueble ubicado en Héroes de Nacozari #370, colonia Obrera, conocido como «Lo Común», el cual era resguardado pacíficamente por esta organización desde el pasado 1 de mayo.
La acción se realizó alrededor de las 23:00 horas del 9 de julio, sin que mediara orden judicial, notificación previa ni explicación oficial. Personal de la Fiscalía General del Estado colocó sellos de aseguramiento y dejó un agente permanente en el lugar.
Contradicción entre el discurso y los hechos
El pasado 28 de mayo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla declaró públicamente que abriría una mesa de diálogo vinculante con la CCAOS y los vecinos de la zona para definir el destino del inmueble.
Sin embargo, esta acción nocturna y unilateral demuestra que el gobierno estatal ha optado por la vía de la fuerza y la simulación, en lugar del diálogo genuino que ofreció a la opinión pública.
«El gobierno de Bedolla nos habla de diálogo mientras actúa a escondidas, de madrugada y sin dar la cara. No hay voluntad de entendimiento: hay una decisión tomada de desalojar y criminalizar nuestro movimiento», declaró la portavoz de la CCAOS.
Irregularidades del procedimiento
De acuerdo con el análisis de los documentos dejados en el inmueble, la Fiscalía Regional Morelia abrió la carpeta de investigación FRM0129258/2026, pero:
No se presentó ninguna orden judicial que autorizara el aseguramiento.
No se notificó a los representantes legales de la organización.
No se especificó el fundamento legal que sustenta la ocupación del espacio.
La CCAOS hace notar que este proceder viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la legalidad y la debida fundamentación de todo acto de autoridad.
Exigencias de la CCAOS
La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán exige:
- Transparencia total: que el gobierno explique con fundamento legal y público las razones que motivaron la ocupación policial del inmueble.
- Acceso inmediato: que se garantice el ingreso de los integrantes de la organización para recuperar pertenencias, documentos y materiales que quedaron dentro de «Lo Común».
- Garantías de integridad: que se asegure la protección de todas las personas que resguardaban el espacio y que no sean objeto de represalias.
- Respeto al derecho de protesta: que cesen las acciones de criminalización y se reconozca el derecho a la ocupación pacífica de inmuebles abandonados como forma legítima de resistencia social.
«Lo común»: un espacio construido por el pueblo
El inmueble fue recuperado por la CCAOS luego de años de abandono por parte del gobierno estatal.
La organización lo transformó en un centro cultural autogestivo, con talleres de arte, formación política, biblioteca comunitaria y espacios de resguardo para activistas y organizaciones vulnerables.
«Lo Común no es un predio en ruinas, como lo ha calificado el gobernador para justificar su desalojo. Es un espacio vivo, construido por el pueblo y para el pueblo.
Contexto: la privatización de 34 inmuebles públicos
La ocupación de «Lo Común» se da en el marco del proceso de desincorporación y venta de 34 inmuebles públicos impulsado por el gobierno de Michoacán, con un valor superior a los 721 millones de pesos.
De acuerdo con documentos públicos y declaraciones de funcionarios, varios de estos inmuebles ya se encuentran «apalabrados» con compradores privados, incluyendo empresas comerciales, franquicias y grupos financieros.
La CCAOS advierte que el aseguramiento de «Lo Común» es un paso más en la estrategia de despojo legalizado que el gobierno pretende consumar en contra del patrimonio del pueblo michoacano.
Convocamos a la movilización y al apoyo solidario
La organización convoca a la ciudadanía, a organizaciones sociales, comunidades indígenas, colectivas feministas, estudiantes, artistas y trabajadores a pronunciarse en defensa de «Lo Común» y del patrimonio público en general.
«Si hoy entregan este inmueble a intereses privados, mañana serán las plazas, los centros culturales, las tierras comunales y los bienes de nuestros pueblos. Es nuestro deber no permitirlo», concluyen.
