El magistrado presidente, subrayó que la capacitación del personal judicial y administrativo será la columna vertebral
“La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa uno de los mayores retos jurisdiccionales para los próximos dos años; es muy grande y debemos asumirlo con la responsabilidad que implica”, afirmó el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Alberto Gama Coria, durante la sesión de trabajo de la Comisión Multidisciplinaria para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF).
La reunión fue encabezada por la magistrada Magdalena Monserrat Pérez Marín, coordinadora de dicha comisión, y contó con la participación extraordinaria del magistrado presidente y de la magistrada Laura Elena Alanís García, quienes compartieron la experiencia obtenida durante la Tercera Asamblea Plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), celebrada recientemente, a la que también asistió la magistrada Josceline Infante Esquivel.
En su intervención, Hugo Gama subrayó que la capacitación del personal judicial y administrativo será la columna vertebral de la implementación, por lo que resulta esencial fortalecer el recurso humano en todas las áreas. Añadió que, derivado del diálogo sostenido por las magistradas en la Asamblea, existe disposición de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación para colaborar con Michoacán en el diseño de un programa de formación especializado, independiente del convenio macro que se impulsará a nivel nacional.
Asimismo, el magistrado presidente destacó que el Poder Judicial de Michoacán cuenta con un equipo multidisciplinario sólido y con un plan de trabajo avanzado, que puede colocarlo entre las entidades con los primeros resultados tangibles a corto plazo, “podemos realizar tareas y actividades que nos pongan a la vanguardia. Si redoblamos esfuerzos, este grupo con tanta experiencia puede llevarnos a lograrlo”, puntualizó.
Agregó que, aunque no se prevén recursos federales específicos para este proceso de implementación, ya se realizan esfuerzos administrativos internos para fortalecer el equipamiento tecnológico, identificar y adecuar espacios físicos, e integrar todo ello dentro de un presupuesto realista que responda a las necesidades de infraestructura y operación del Poder Judicial.
Finalmente, Gama Coria pidió a quienes integran la comisión mantener comunicación con la magistrada Laura Elena Alanís García, quien en la Asamblea Plenaria conoció de primera mano los avances nacionales en este tema.
